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Por el Dr. Adalberto C. Agozino
Diversas organizaciones humanitarias y los particulares afectados por el terrorismo polisario temen que el gobierno de Pedro Sánchez permita la fuga del criminal de guerra Brahim Gali de España eludiendo los requerimientos de la Audiencia Nacional.
Después de las declaraciones del dirigente N° 2 del Frente Polisario, Salem Lebsir al periodista Alejandro Entramabasaguas del OKDIARIO, donde no dudó en afirmar que el Secretario General del Frente Polisario, Brahim Ghali, no acudiría a declarar ante el juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción N° 5, de la Audiencia Nacional, se ha desatado entre diversas organizaciones humanitarias el temor de que el gobierno español, quien ingreso al criminal de guerra clandestinamente a España recurra al mismo procedimiento para sacarlo del país.
La sospecha nace de las afirmaciones de Lebsir que dijo: “En cuanto se recupere (Ghali), que será en diez días saldrá del país. No se presentará ante el juez”.
Durante la entrevista con Entramabasaguas, Lebsir negó que Ghali haya ingresado a España con documentación falsificada a pesar de que accedió al hospital bajo la identidad de “Mohamed Benbatouch” y en los informes médicos figura como “Mohamed Abdellah”.
Recodemos que el líder del Frente Polisario no sólo es un notorio terrorista sino un criminal al que se atribuyen delitos de lesa humanidad y hasta crímenes de orden común, por lo cual diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos y ciudadanos corrientes comenzaron a exigir que Ghali sea puesto a disposición de la Audiencia Nacional de España para responder por los delitos que se le imputan.
LAS ACUSACIONES CONTRA GHALI
La Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo del Polisario (ACAVITE), por ejemplo, reclama por los trescientos españoles muertos o seriamente heridos entre 1986 y 1987. Victimas de los ataques cometidos por las bandas de sicarios comandados por Brahim Ghali cuando se atribuía el cargo de “Ministro de Defensa” de esa entidad inexistente que los separatistas insisten en denominar República Árabe Saharaui Democrática.
Estas víctimas se originaron en los ataques a 34 barcos pesqueros españoles y el atentado con explosivos a la cinta transportadora de fosfatos de Bucraa donde murió un trabajador español Raimundo Peñalver y resultaron gravemente heridos otros tres, uno de ellos Francisco Jiménez que quedó ciego y sordo de por vida y cuya hija Lucía Jiménez es las presidenta de ACAVITE.
Cabe destacar que estos atentados constituyen delitos tipificados en el derecho internacional y por el Código Penal de la mayoría de los países. En especial están contemplados en el artículo 573 del Código Penal de España y revisten carácter de imprescriptibles.
En tanto que otra organización humanitaria, la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEH) reclama la detención de Brahim Ghali por los delitos de genocidio, asesinato, aplicación de tormentos, desaparición forzada de personas y terrorismo cometidos contra la población marroquí de origen saharaui retenida contra su voluntad en los campamentos argelinos de Tinduf administrados por el Frente Polisario.
Recordemos también que, Brahim Ghali fue imputado en 2016 por el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que admitió una denuncia por estos delitos a tramite en noviembre de 2012 y que fue interpuesta por la ASADEH y tres víctimas contra 28 miembros del Frente Polisario y altos cargos del gobierno argelino.
Entre los querellantes que han recurrido a la Audiencia Nacional en busca de justicia se encuentra Saadini Malainine, una mujer cuyo padre fue torturado hasta morir en las cárceles del Polisario y ella, con tan sólo ocho años, fue arrancada del seno de su familia y enviada a Cuba para ser adoctrinada con la excusa de su “educación” como revolucionaria.
A estos reclamos por delitos de lesa humanidad se suma la denuncia por violación presentada por Jediyetu Mahmud Mohamed Zubair, quien siendo una adolescente, en 2010, Brahim Ghali violó en la supuesta “embajada” del Polisario en Argel con la ayuda de Abderkader Luely Talomar y otro empleado de esa legación.
Jediyetu con el patrocinio del abogado Agustín de la Cruz Fernández denunció el hecho ante la Audiencia Nacional de España y la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
EL CASO FADEL BREICA
El caso que más complica la situación de Brahim Ghali ante la justicia española es la denuncia presentada por el ciudadano español de origen saharaui Bua Da Mohamed Fadel Breica.
Fadel, que era miembro del grupo disidente “Iniciativa Saharaui por el Cambio”, creada en 2017, retornó desde España a los campamentos de Tinduf, como en otras ocasiones, para visitar a su familia. El 18 de junio de 2019 fue detenido fuera de todo marco legal por agentes del aparato de seguridad del Frente Polisario, empleando fuerza extrema para meterlo en un vehículo. Algo similar ocurrió simultáneamente con otro miembro del grupo disidente Iniciativa Saharaui para el Cambio, Mulay Abba Buzeid y Mahmud Zeidan, un experiodista de RASD-TV vinculado a otro grupo disidente el “Foro de Jóvenes Saharauis para una Solución”. Ambos grupos disidentes tienen su sede en España y desafían el liderazgo del Frente Polisario y se inclinan por explorar nuevas formas de superar el conflicto artificial que desde hace más de cuatro décadas afecta al Sáhara marroquí.
En el caso de Fadel permaneció incomunicado durante diez días, sin ningún acceso al mundo exterior o que sus familiares supieran que había sido de él, fue privado de la protección de la ley y con su integridad física y psicológica en serio riesgo.
Según él pudo entender durante los interrogatorios, la causa principal de su detención ilegal y de las torturas que le fueron aplicadas era su lucha por los derechos de los disidentes que eran víctimas de violaciones a los derechos humanos a manos del Frente Polisario. En especial su participación en una sentada de protesta frente a la embajada de Argelia en Madrid. La misma era una forma de reclamo para saber cuál había sido la suerte sufrida por un miembro de su tribu, el exsecretario general del Polisario, Ahmed Khalil Braih, su primo, que fue raptado en enero de 2009 en la ciudad de Argel. Ahmed Khalili Braih había expresado públicamente sus diferencias por los actos de corrupción en el seno de la dirección del Polisario, en particular el robo de la ayuda humanitaria para su posterior comercialización ilegal en mercados informales del Sahel.
Fadel permaneció como prisionero, sin nombre en una celda sin número, del “gulag” polisario durante cuatro meses hasta que fue liberado el 10 de noviembre de 2019 y expulsado de Tinduf debido a la presión internacional y al hecho de que contaba con nacionalidad española.
Afortunadamente, el martirio al que fue sometido Fadel Breica no ha permanecido oculto. Ahora el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su 87° Sesión (27 de abril al 1° de mayo de 2020), emitió el dictamen N°7/2020 respecto al caso de El Fadel Breica instando al Gobierno de Argelia a garantizar que se lleve a cabo una investigación profunda e independiente sobre las circunstancias de los hechos citados y a tomar las medidas necesarias contra los responsables de la violación de sus derechos.
Que se proceda a la indemnización por los daños sufridos, en particular y en la forma de conformidad con el derecho internacional. Que el gobierno utilice todos los medios a su alcance para difundir este dictamen lo más ampliamente posible. Y que comunique las informaciones requeridas dentro de los seis meses que siguen a la transmisión de este dictamen. Se reserva, sin embargo, el derecho de tomar medidas de seguimiento si nuevas informaciones preocupantes sobre el asunto atraen su atención.
Eso le permitía a Fadel informar al Consejo de los Derechos Humanos acerca de los progresos logrados en el marco de la aplicación de sus recomendaciones o, si por el contrario, no se hizo nada en este sentido, como finalmente ocurrió.
En abril de 2021, Fadel denunció su caso a la Audiencia Nacional de España por lo cual el juez Santiago Pedraz citó al Secretario General del Frente Polisario para que el miércoles 5 de mayo declarase como imputado por el delito de “secuestro y torturas”.
En el momento en que varios agentes de la Policía Nacional se personaron en el centro hospitalario para notificar a Ghali la citación judicial, el líder del Frente Polisario se negó a aceptar el documento alegando que tenía que consultarlo antes con la Embajada de Argelia y con algunas personas de su confianza.
La presencia clandestina e inconsulta de Brahim Ghali en España abrió la mayor crisis diplomática con Marruecos desde los tiempos de la Marcha Verde en 1975 que ha desestabilizado al gobierno de Pedro Sánchez.
Sin embargo, el gobierno español hasta el momento no ha informado ni a los españoles ni al gobierno marroquí en que carácter permanece internado el dirigente polisario, si le ha otorgado algún tipo de inmunidad frente a los reclamos de la Audiencia Nacional y que ocurrirá con él cuando los facultativos que lo atienden le den el alta médica.
Al respecto el ministro de Relaciones Exteriores marroquí Naser Burita fue entrevistado por la emisora francesa Europe 1, y con sus palabras desmintió categóricamente a la ministra española Arancha González-Laya, quien dijo en los micrófonos de Radio Nacional de España que España y Marruecos mantienen conversaciones de manera discreta e instó a dejar atrás “cuanto antes” la crisis.
“Contrariamente a lo que dice la señora ministra -declaró Burita- no hay contactos desde el estallido de la crisis (a mediados de abril), y contrariamente a lo que dice, jamás fuimos informados sobre la llegada de ese individuo (Brahim Gali)” a España.
“Hoy hay un problema de confianza y de respeto mutuo con España”, añadió, y advirtió, de forma más explícita que los días anteriores-: “Le toca ahora España encontrar una solución: si opta por la salida (de Gali) de la misma manera que entró, es que busca el agravamiento de la crisis o incluso la ruptura”.
Como puede apreciarse el caso Brahim Ghali se está convirtiendo en un problema sin solución para el gobierno de Pedro Sánchez, que recibe el fuego cruzado de los reclamos de las asociaciones humanitarias, los pedidos de explicaciones del partido Popular y Vox y el justificado enojo del gobierno marroquí.
La situación se agravará considerablemente si el Jefe de Gobierno español autoriza la salida clandestina de Ghali o le otorga algún tipo de asilo político.
