Paso a paso, el Gobierno terminó de desmantelar la política de presión hacia el régimen de Nicolás Maduro con una decisión contundente: retiró la acusación de Argentina ante la Corte Penal Internacional de La Haya por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por los jerarcas chavistas.
Fuentes diplomáticas confirmaron la veracidad de lo publicado este miércoles por el sitio Russia Today. Y precisaron que el Gobierno retiró la carpeta y la acusación contra Venezuela en la CPI el 25 de marzo pasado, al día siguiente de que oficializó su salida del Grupo de Lima.
En ese momento, la Cancillería consideró que se retiraba de ese grupo por entender que sus acciones no habían “conducido a nada”. Por cierto, siempre tildó a esa instancia como un “instrumento” del ex presidente Donald Trump y del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y como tal la denuncia ante La Haya.
Al día siguiente de ese anuncio del 24 de marzo, la embajada argentina ante los Países Bajos, que conduce el diplomático Mario Oyarzabal, envió una carta a la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda. Le pidió el retiro de todas las gestiones iniciadas por la Argentina contra Venezuela.
“El Gobierno de la República Argentina se retira de dicha remisión como así también de toda presentación realizada en ese marco, incluyendo la Nota OI 48/2019 del 30 de septiembre de 2019 vinculada a un informe elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Argentina”, refiere la carta publicada por RT.
Desde la Cancillería dijeron a Clarín que querían agregar que en el texto de retiro del expediente argentino sobre Venezuela de La Haya, se consignó que Argentina recalcaba que su decisión se realizaba “sin perjuicio de las acciones que la Fiscalía lleva a cabo relativas a la situación de Venezuela conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma, respetando la independencia judicial”. Es igual una obviedad, porque el proceso sigue sin que este país participe o no.
Fue el presidente Mauricio Macri quien en agosto de 2018 anunció que junto a a otros mandatarios iba a presentar un pedido a la Corte Penal Internacional (CPI) para que investigue posibles crímenes cometidos en Venezuela. Lo hizo finalmente junto Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, y también junto al secretario general de la OEA, Almagro.
Nicolás Maduro encabeza una marcha de militares en Venezuela. Foto AFP
Argentina adjuntó ante la CPI una carpeta con denuncias de numerosos inmigrantes venezolanos en este país que también hicieron sus denuncias sobre las penurias vividas bajo el régimen chavista.
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michele Bachelet, ha denunciado miles de abusos a los derechos humanos cometidos en Venezuela, donde dijo hay falta de independencia judicial y de libertad de expresión. De ahí que en la colectividad venezolana de la Argentina imperaba este miércoles un estado de conmoción.
Fuentes diplomáticas de la OEA, adonde el gobierno de Alberto Fernández se niega a criticar a Maduro, y adonde el diputado Máximo Kirchner pidió enviar como embajador al militante pro chavista y ex legislador Carlos Raimundi, relacionaron las declaraciones presidenciales de los últimos días con los hechos en danza.
Fernández hizo unas curiosas declaraciones que según la oposición venezolana contrasta con los hechos. Opinó que el “problema de los derechos humanos” en Venezuela estaba “desapareciendo”, lo que generó el repudio del líder opositor Juan Guaidó desde Caracas y de su representante en la Argentina, Elisa Trotta Gamus.
La fiscal de la Corte Penal Internacional de La Haya, Fatou Bensuoda, lleva la causa contra Venezuela de la que se bajó Argentina. Foto EFE
La actual fiscal de La Haya, Bensouda, termina su gestión pronto, desprestigiada ante la comunidad de DD.HH. de Venezuela. Se la acusa por lo bajo de haber demorado en exceso las causas, y de ser “amiga” de la ex embajadora de Venezuela en Países Bajos, una funcionaria de extrema confianza de Maduro.
Igualmente, nada de ello está confirmado, sino que son los trascendidos diplomáticos en los Países Bajos por los movimientos de los fiscales, que siempre tienen un condimento político.
Bensouda tiene que entregar el cargo el 15 de junio al británico Karim Khan. En diciembre, la saliente fiscal dijo que abriría formalmente la investigación por crímenes de lesa humanidad contra el régimen chavista, y se espera que lo haga en estos días. El Gobierno K no quería quedar ligado a esa decisión.
Elisa Trotta tuiteó este miércoles a la noche su rechazo a la decisión argentina ante La Haya.
“Lamentamos profundamente esta decisión del Gobierno argentino, que lejos de defender la justicia y los derechos humanos de miles de víctimas venezolanas, beneficia a quienes han cometido crímenes de lesa humanidad, de manera probada y documentada”, escribió.
Fuente Clarin
