En medio de una jornada de protestas que acabaron con fuertes disturbios y hechos de violencia en Colombia, el Palacio de Justicia de la ciudad de Tuluá, en el suroeste del país, fue incendiado y aún no se logró identificar a los responsables.
Según informes y videos difundidos por la Policía, las llamas arrasaron gran parte del tejado y del segundo piso de la institución judicial de esta ciudad, ubicada en el departamento del Valle del Cauca, 94 kilómetros al norte de Cali, la capital regional.
“Ataques como los de esta noche en Tuluá dejan de ser vandálicos y se convierten en actos terroristas. La protesta pacífica es legítima, la violencia es delito”, aseveró el ministro de Justicia colombiano, Wilson Ruiz.
Hasta el momento se desconoce quién o quiénes están detrás del incendio que obligó la asistencia de varias dotaciones de bomberos, cuya llegada fue dificultada por la situación de descontrol que reina en la zona y por un grupo de gente que, entre arengas y con el rostro cubierto, se encontraba en las inmediaciones del Palacio.
Sin embargo, hay quienes apuntan contra los propios miembros de la Policía, en busca de desprestigiar las protestas. Además, informan que varios procesos judiciales en contra de agentes de las fuerzas de seguridad se encontraban en el Palacio de Justicia.
“Al parecer estas personas acompañadas de la Policía estarían involucradas con la quema del Palacio de Justicia en Tuluá-Valle, nos dicen que los vieron cerca del lugar donde ocurrió todo”, escribió en Twitter la cuenta oficial de Movimiento Naranja Cali, un colectivo de activistas perteneciente a sectores alternativos de la política colombiana.
Tuluá vivió este martes momentos muy tensos con enfrentamientos entre la fuerza pública y grupos de protestantes, en una nueva jornada de las protestas que se suceden en todo el país desde el 28 de abril y que ya se cobraron la vida de 43 personas.
Grabois fue deportado y la CIDH insiste en enviar una misión a Colombia
El dirigente social Juan Grabois denunció este martes que fue “detenido” y “agredido físicamente” y que no se le permitió el ingreso a Colombia, a donde había viajado en el marco de una misión internacional ante la conflictividad social que se vive en aquel país.
Fuentes del gobierno colombiano consultadas por Clarín, confirmaron la expulsión. “Será deportado esta misma noche (por este martes). Nuestro gobierno, en uso de la facultad de recibir en su territorio a quien considere que es merecedor de ese derecho, sostuvo que, en las actuales circunstancias, el señor Grabois no es bienvenido a nuestro país y por eso fue inadmitido”.
También fue demorado un abogado que lo acompañaba y era parte de la Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos, que integra el dirigente piquetero.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) insistió este martes al Gobierno colombiano sobre la importancia de que se le permita una visita al país para evaluar la situación de Derechos Humanos en el marco de las protestas antigubernamentales.
En un comunicado, la CIDH reiteró que es necesario realizar una “visita de trabajo para contar con todos los elementos que permitan valorar la situación de Derechos Humanos de manera objetiva con el fin de formular recomendaciones al Estado”.
Se trata de una nueva petición, luego de que este lunes, durante una reunión en Washington con la secretaria ejecutiva de la CIDH, María Claudia Pulido, la vicepresidenta colombiana y ministra de Exteriores, Marta Lucía Ramírez, negara la entrada de la comisión “en este momento”.
La responsable de Exteriores señaló que la visita se produciría cuando finalicen las investigaciones de las autoridades colombianas al respecto y después de que se haya entregado al mismo organismo la información solicitada.
“El Estado colombiano enviará toda la información solicitada recientemente por la Comisión, garantizándole a este organismo el acceso transparente a la información oficial y unificada de todas las entidades del Estado”, manifestó el Ministerio.
En tanto, la comisión se reunió este martes también con la Defensoría del Pueblo, que le entregó un informe con 236 denuncias de vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de las marchas que fueron registradas en su sistema de quejas, 174 de ellas con agentes de la Policía como presuntos responsables.
La Defensoría también informó a la CIDH de 106 actos de violencia de género, 23 de violencia sexual y dos de presunta violación sexual.
Con información de EFE y DPA.
Fuente Clarin
