La escasez de vacunas afecta también a un sector que viene reclamando dosis al Gobierno desde hace tiempo. Se trata de la Justicia electoral, encargada de organizar las PASO y las generales. y que tiene previsto dar a conocer en las próximas semanas la convocatoria a las autoridades de mesa que tienen que participar en los comicios de septiembre y noviembre.
La Cámara Nacional Electoral viene solicitando de manera reiterada dosis para poder vacunar al personal que trabajará en las próximas elecciones. Lo hizo mediante un oficio firmado por el presidente del cuerpo Santiago Corcuera en abril, y también cara a cara en un encuentro que tuvo este con representantes del Ministerio del Interior y el propio titular de la cartera, Eduardo de Pedro.
Según fuentes judiciales, desde el Gobierno se comprometieron a evaluar la provisión de vacunas para los afectados al operativo electoral, pero desde la última reunión del 28 de abril, hace casi un mes, no hubo novedades. El reclamo de la máxima autoridad judicial en temas electorales apunta, como máximo objetivo, a dotar de 200.000 dosis a aquellas personas que serán autoridades de mesa en los comicios. En paralelo, Interior aumentó la partida que se encarga de los fondos electorales en 1.700 millones de pesos y treparon así hasta 19.400 millones.
Ante la falta de respuestas por las dosis, la Cámara Nacional Electoral había requerido al Ministerio del Interior el envío de un listado de vacunados para poder disponer de ellos en la futura convocatoria para completar las autoridades de mesa.
“Se solicita que se remita la nómina de personas que se encuentren vacunadas, para priorizar entre ellas la modalidad de designación, y se arbitren los medios para prever que, con anticipación suficiente, se incluya al cronograma de vacunación como personal estratégico esencial a aproximadamente los 200.000 ciudadanos y ciudadanas que serán convocados como autoridades de mesa”, sostuvo el extracto principal del texto que firmó en su momento Corcuera a De Pedro.
Eduardo “Wado” de Pedro se reunió con jueces de Cámara Electoral el pasado 28 de abril.
Posterior a ese pedido, que ya se había realizado previamente también, se acordó la reunión del 28 de abril pasado, en la que también estuvieron por la CNE el vicepresidente del tribunal, Raúl Bejas, el juez de Cámara, Alberto Ricardo Dalla Via, el secretario de Actuación Judicial, Hernán Gonçalves Figueiredo; el secretario de Actuación Electoral, Sebastián Schimmel; la secretaria de Cámara, Alejandra Lázzaro; y la prosecretaria de Cámara Elena Gómez. Además, por el Ministerio del Interior participó la secretaria de Asuntos Políticos, Patricia García Blanco.
El cronograma electoral comenzó formalmente el 27 de abril y desde el cuerpo judicial reclamaron que, como mínimo, se inmunice a unas 500 personas que forman parte del operativo y que son empleados judiciales. Todavía no se vacunó a ninguna de ellas. De Pedro se había comprometido con los jueces a contactarlos con un emisario del Ministerio de Salud, pero desde la cartera que conduce Carla Vizzotti, hasta ahora, nadie se comunicó.
La decisión de postergar los comicios a septiembre y noviembre fue tomada por representantes de la oposición y el oficialismo. En la justicia electoral consideraron siempre que los comicios tenían que hacerse en tiempo y forma, como se han realizado en otros países de la región, como por ejemplo Ecuador y Perú.
El presupuesto original para la realización de las elecciones era de $ 17.700 millones, de los cuales se ejecutaron a la fecha $ 4.797 millones, poco más del 27% en los primeros cinco meses del año. Sin embargo, esta semana y debido a la situación de afrontar un comicio en pandemia, los fondos para el programa que se encarga de los fondos electorales crecieron en un 10%, llevando el gasto proyectado total a $ 19.400 millones.
Fuente Clarin
