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Un grupo de ex jueces y abogados vinculados al kirchnerismo y al Gobierno presentaron este miércoles un pedido de juicio político contra los miembros de la Corte Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti por el fallo en que declararon inconstitucional el DNU del presidente Alberto Fernández que había prohibido las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires.
Es “por mal desempeño de sus cargos y su posible participación en los delitos de homicidio, lesiones, propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa, violación de los deberes de funcionario público y prevaricato”, dice la solicitud.
El pedido que ingresó a la cámara de Diputados fue redactado por los ex jueces Raúl Zaffaroni y Lucila Larrandart, el asesor legal del ministerio de Agricultura y Ganadería Eduardo Barcesat y el ex camarista Carlos Rozanski, entre otros. Zaffaroni es, hasta ahora, miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y asesor informal de la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Antes de presentar el pedido, Zaffaroni se preguntó en declaraciones a medios K “quién es responsable de los muertos de estos días. Creo que la medida de la Corte es responsable de estos muertos”.
“Puede haber un homicidio culposo de la Corte por los muertos de estos días… Ha habido un abuso de poder de la Corte Suprema y si hay probada causalidad hay lesiones con argumentos perfectamente validos”, agregó el jurista K.
La jugada es más mediática que otra cosa. Para iniciarle un juicio político a los miembros de la Corte hacen falta el voto de los dos tercios del Congreso. El Frente de Todos tiene mayoría en el Senado, pero no los dos tercios de los votos y en Diputados no tiene quórum propio.
Este nuevo ataque K se suma al pedido de la diputada K Vanesa Siley contra Rosenkrantz en marzo pasado, al considerar que incurrió en “mal desempeño y eventuales delitos” en el ejercicios de sus funciones.
Además, el presidente de la comisión bicameral de inteligencia, Leopoldo Moreau, había amenazado el año pasado con denunciar a Lorenzetti por supuestas irregularidades de la oficina de escuchas de la Corte llamada Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO). Siempre dentro de la ofensiva K sobre la Justicia.
El nuevo pedido solicita “se someta a juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la quienes suscribieran la resolución 567/2021 en la causa “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/acción declarativa de inconstitucionalidad”.
El pedido recordó que el gobierno de Alberto Fernández “el decreto 241/2021 impugnado fue dictado en el marco de la situación de pandemia provocada por Covid–19, recordando que esa situación dio lugar a una serie de medidas estatales de diferente tenor”. Y cita las estadísticas que entregó el gobierno nacional.
Según el fallo de la Corte “la falta de justificación suficiente para ejercer una competencia sanitaria que alcance a suspender la modalidad presencial de la educación en la Ciudad deja al descubierto que, en este caso, el Estado Federal en lugar de ejercer una atribución propia invadió una que le resulta ajena”.
El pedido de Zaffaroni afirmó que “la Corte no requirió el parecer de ningún perito en la materia, cuando el país cuenta con profesionales e investigadores distinguidos e incluso podía haberlo solicitado de autoridades internacionales o de la propia OMS o de la Oficina Panamericana de la Salud y de su propio Cuerpo Médico Forense, de antigua y probada capacidad técnica”.
“La Corte Suprema ha resuelto una cuestión epidemiológica en medio de una pandemia en un momento de brote de contagio, con un saldo diario de cerca de treinta mil personas infectadas y un promedio de quinientas muertes y referido a un ámbito urbano cuyo sistema sanitario se halla prácticamente colapsado en razón de que la capacidad de atención en terapia intensiva está prácticamente agotada”, añadió la presentación.
Luego resalta que “a las víctimas fatales diarias por la pandemia deben sumarse las personas afectadas por otras dolencias ajenas a ella, que se hallan privadas de atención por el colapso, que no pueden ser intervenidas quirúrgicamente ni internadas”. Esta semana los muertos por Covid en la Argentina superaron las 75 mil personas.
“Es incuestionable que en el caso se trata de un poder que constitucionalmente corresponde al Ejecutivo Nacional. La conveniencia o no de la medida adoptada por el Ejecutivo en ejercicio de ese poder administrativo de policía sanitaria no es materia que pueda ser juzgada por los jueces, puesto que desde siempre se ha considerado que se trata de cuestiones políticas no judiciables, los jueces deben abstenerse de intervenir”, aseguró.
Fuente Clarin
