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La inmobiliaria de la familia Kirchner, sus hoteles y el condominio que nuclea 26 propiedades producto de la sucesión del ex Presidente, tienen nuevos administrados. Ya no será un interventor judicial el que maneje todo, sino un grupo de personas designadas por Cristina, Máximo y Florencia Kirchner.
Los futuros administradores cuentan con una particularidad. Ocupan cargos en el estado y en áreas clave como YPF y Aerolíneas Argentinas, la empresa que en su momento fue denunciada por alquilarle habitaciones de hotel al Alto Calafate para que durmiera la tripulación.
En Hotesur SA, dueña del hotel Alto Calafate, en una asamblea ordinaria se designó como presidente a Sebastián José Sánchez, quien desde 2005 a 2011 se desempeñó en la Secretaría General de Presidencia que dirigía Oscar Parrilli. Según los registros oficiales en mayo de ese año dejó el cargo, pero ahora figura como designado en Aerolíneas Argentinas desde abril y hasta la fecha inclusive.
“Se confirió un poder general de administración por el Condominio Máximo Carlos Kirchner y Florencia Kirchner en favor del Sr. Sebastián José Sánchez”, informó el abogado de la vicepresidenta, Carlos Beraldi, a la Justicia. Además, dejó constancia que se lo nombró como presidente y director titular de Hotesur que administra el Alto Calafate..
El Hotel Alto Calafate que será administrador por José Sánchez, funcionario de Aerolíneas Argentinas. Foto Francisco Muñoz.
La firma hotelera, según la acusación, fue utilizada para blanquear 80 millones de pesos. El último informe de la intervención judicial sostuvo que la actividad comercial es escasa y poco rentable”. Por eso, en 2018, el interventor sugirió disolver la sociedad y liquidarla.
Una de las investigaciones vinculadas a Hotesur indagó en los contratos de Aerolíneas Argentinas con el hotel de la familia Kirchner. Detectaron que durante la gestión de Mariano Recalde la compañía le pagó a la familia Kirchner 16 millones de pesos por alquiler de habitaciones para la tripulación.
La Justicia habló de una “operatoria criminal” y sostuvo que ese contrato tenía un “total desapego a las reglas de transparencia con que debe manejarse el patrimonio público”. Así lo describieron: “Un contrato de miles de habitaciones del Hotel Alto Calafate perteneciente a la ex familia presidencial y que era administrado por los amigos y socios de los ex presidentes, Lázaro Báez y Osvaldo Sanfelice”.
En el caso de Los Sauces SA, la inmobiliaria con la que se lavaron -indicaron los fiscales-, unos 30 millones de pesos se designó para su administración, a José Matías Bezi, gerente de Asuntos Externos Regional Sur de YPF, referente local de La Cámpora y hombre del riñón político de Máximo. La empresa petrolera es presidida hoy por Pablo González ex vicegobernador de Santa Cruz y de extrema confianza K..
Bezi, un hombre cercano a Máximo Kirchner, ya conocía las mieles del Estado. Fue empleado de la AFIP y trabajó en el Banco de Santa Cruz.
La inmobiliaria de Máximo Kirchner en Río Gallegos cuando fue allanada. Ahora la manejara Matías Bezi, amigo del diputado y funcionario de YPF.
La inmobiliaria tiene deudas por más de 10 millones de pesos, sólo administra un grupo de inmuebles que desde que Lázaro Báez y Cristóbal López dejaron de ser inquilinos no volvieron a alquilarse. Hay departamentos que se encuentran usurpados y su giro comercial, a criterio de los interventores, es inviable.
Advertencias e irregularidades
La abogada Silvina Martinez, denunciante en las causas, dijo a Clarín que las designaciones podrían entrar en colisión con la Ley de Ética Pública que insta a los funcionarios a que se abstengan de “dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades” .
Por los cargos que ocupan, sostiene que se debe entender por función pública, “toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos”, dijo Martínez.
Fuente Clarin
