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El Ministerio de Salud que dirige Carla Vizzoti denunció penalmente a Patricia Bullrich por sus dichos respecto a las negociaciones entabladas por el gobierno con el laboratorio Pfizer para la adquisición de vacunas contra el Covid. Aducen que las acusaciones sobre supuestos pedidos de coimas podrían perjudicar negociaciones en curso para la compra de más dosis y “generar desconfianza en el plan de vacunación en la gente”. La presidenta del PRO habló de presuntos hechos de corrupción. El presidente Alberto Fernández acudirá al fuero civil reclamando una indemnización por daños contra el honor, y el ex ministro Ginés González García intimó a Bullrich vía carta documento para que se retracte públicamente.
Junto a Cuba, Venezuela, Guatemala y Nicaragua, Argentina integra el grupo de países latinoamericanos que no firmó un acuerdo con el laboratorio estadounidense Pfizer para comprar vacunas. El año pasado se había realizado una oferta para remitir a nuestro país 14 millones de dosis.
La oposición en reiteradas ocasiones le pidió explicaciones al gobierno respecto a los motivos del fracaso de las negociaciones con Pfizer. Este jueves, Alberto Fernández en una entrevista emitida por Youtube dijo que esa compra no se realizó “porque entre las condiciones iniciales que Pfizer puso, -ahora está cambiándolas algunas- me ponía a mí en una situación muy violenta de exigencias y comprometía al país en cosas que era muy difícil comprometer”.
Ante las dudas que generó durante estos meses la decisión del Estado nacional de no adquirir las vacunas del laboratorio estadounidense, Patricia Bullrich fue más allá y se refirió a la existencia de un presunto pedido de coimas del Ejecutivo al laboratorio Pfizer durante las negociaciones para cerrar el acuerdo.
Frente a ese escenario, el Ministerio de Salud -representado por su Director de Asuntos Jurídicos- decidió denunciar penalmente a Bullrich. La causa quedó radicada en el Juzgado a cargo de María Servini. En el texto se requirió la investigación de los dichos vertidos en el programa La Cornisa por parte de la presidenta del PRO, al entender que podría “configurarse un delito, ya que pueden atentar contra la confianza de la población en las vacunas y en la campaña. Y, además, podrían impactar en las negociaciones en curso”.
En esa entrevista, la ex ministra de Seguridad apuntó contra el ex titular del Ministerio, Ginés González García señalando que habría sido quien buscó imponer “condiciones como la participación de un intermediario nacional”. En ese contexto, indicó que el ex funcionario buscaba “tener un retorno. Eso el presidente no lo ignoraba”.
A las pocas horas, el laboratorio Pfizer emitió un escueto comunicado rechazando las acusaciones. En el mismo sostuvo que “no ha recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento. Por otro lado, la compañía no cuenta con intermediarios, distribuidores privados o representantes para la provisión de la vacuna COVID-19”.
La denuncia del Ministerio de Salud refiere a la “gravedad institucional que tiene, no solo para esta cartera, sino para toda la Nación la acusación realizada públicamente, es que se realizan las presentaciones con el fin de avanzar en la investigación de los extremos denunciados”.
A la fecha Argentina recibió un total de 15.483.345 dosis de diversos laboratorios y el Estado nacional continúa negociando para ampliar la provisión de vacunas contra el virus SARS-COV-2. Como aún quedan pendientes acuerdos con otros laboratorios, el Ministerio que dirige Vizzotti entendió que los dichos de Bullrich podrían perjudicar futuros acuerdos para la compra de más vacunas.
“El impacto en el mercado internacional de vacunas COVID-19 de un hecho de tamaña gravedad institucional podría significar la pérdida de oportunidad para celebrar contratos de por sí complejos de alcanzar”, se expresó en la denuncia y se hizo un apartado, al señalar que “a la luz de la gran crisis institucional que en materia sanitaria podría tener que enfrentar este organismo sanitario al estar frente a dichos semejantes y que los mismos no resultaren verídicos”.
Pero además, la denuncia apunta al daño que podrían producir las acusaciones en “la confianza de la población respecto de la campaña de vacunación” y también en “el plan estratégico de vacunación en particular y, en suma, estos ataques pueden tener como consecuencia una desconfianza generalizada en el proceso de vacunación”.
La presidenta del PRO respondió ante las acciones judiciales: “Acá el Presidente debería analizar y hacerle juicio a quienes no firmaron un contrato que le significó a la Argentina no tener 14 millones de vacunas, que significan que faltan 8 millones para completar las vacunas para mayores de 60 años”.
Fuente Clarin
