Por Ariel Corbat
La expresión ponerle los puntos, en el habla coloquial de los argentinos significa amonestar con autoridad y docencia a quien obra de modo incorrecto para clarificarlo de su mal proceder.
Como ejemplo de poner los puntos, se cuenta que Domingo Faustino Sarmiento siendo Inspector de Escuelas demostró a un maestro la importancia de los signos de puntuación. Para ello escribió en el pizarrón: “El maestro dice: el señor Inspector es un burro”, y cuando el maestro respondió que no había dicho tal cosa, poniendo fin a la lección Sarmiento corrigió la puntuación: “El maestro, dice el señor Inspector: es un burro”.
Explicado el punto, cabe ponerle los puntos al mal desempeño de la ministro de Seguridad Sabina Frederic. Mal desempeño intencional, confesado en sus propias palabras, cuando el pasado domingo 23, previendo manifestaciones contra el gobierno el 25 de Mayo, declaró: “Nosotros no tenemos estado de sitio, el derecho a la manifestación está garantizado”.
Si la antropóloga del autotitulado gobierno de científicos a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación conociera los más elementales rudimentos de la lógica jurídica, entendería que, al no haberse declarado estado de sitio, no hay ninguna premisa que valide concluir que el ejercicio de los otros derechos y libertades reconocidos por la Constitución Nacional no deban estar igualmente garantizados. Con su afirmación contradice y deja expuesto lo ridículo de todo lo que viene argumentando quien hace las veces de Presidente. Y una vez más, queda claro que el 19 de marzo de 2020 el gobierno kirchnerista dio un golpe de Estado contra la Constitución Nacional.
Frederic ha confesado la ilegalidad de todo lo obrado por el régimen. No se necesita estudiar la Teoría Pura del Derecho del Maestro Hans Kelsen para darse cuenta que las normas jurídicas se ordenan de forma jerárquica, basta con leer (alguna vez) la Constitución Nacional. Allí está expresamente establecido el orden jerárquico de las normas que integran el Derecho Argentino, los procedimientos que les dan validez y la lógica con que deben interpretarse. La esencia de esa lógica jurídica, con una redacción bellísima, fue establecida por los constituyentes de 1853 en el Artículo 19, que reza:
“Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.
COMO EXCUSA
Afirma la esfera de íntima libertad sobre la que el Estado no puede avanzar en ninguna circunstancia, fuera de la cual la conducta de los argentinos sólo se limita por la ley (con el rigorismo formal que hace al fondo), y no por el capricho prepotente de poder alguno.
Si el Gobierno no pidió al Congreso Nacional la declaración del estado de sitio, es porque en lugar de enfrentar la pandemia con prolijidad eligió usarla como excusa para ponerse por encima de la Constitución Nacional. La intención de este estado de sitio de facto sería desembocar en dictadura mediante un ardid fundado en el miedo a la peste y consistente en hacernos creer que nos están cuidando sin dejar de ser democráticos por cercenar libertades.
Se notaría inmediatamente que el gobierno se propone derogar la Constitución Nacional para imponer su proyecto totalitario, si desde el vamos impidiendo también el ejercicio de elementales derechos políticos, como la protesta cívica, evidencia su vocación de partido único (cosa en la que a diario colabora la oposición parlamentaria que prefiere afirmarse como socia de casta política antes que como alternativa de poder).
Pero para todos los demás derechos que el gobierno lejos de garantizar lesiona, y que componen un conjunto extenso que abarca los de circular, trabajar, estudiar, comerciar, y un etcétera muy espeso al que no escapa el derecho al cuidado de la salud, el estado de sitio de facto se manifiesta en acciones delictivas a la vista de todos.
Así las fuerzas de seguridad federales como las policías provinciales se empeñan, sin ningún reparo a órdenes ilegítimas por parte de sus oficiales jefes con responsabilidades de conducción, en controles sociales que configuran la comisión de delitos como abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, privación ilegítima de la libertad y atentado contra el orden constitucional.
Por ahora, como antes muchos otros que creyeron tener garantizada la impunidad por sus delitos, tanto la casta política como sus instrumentos pueden sentirse a salvo del reproche penal y seguir delinquiendo a la vista de todos; pues no hay fiscales ni jueces en la Argentina que honren su deber. Por ahora.
Fuenete La Prensa
