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La explosión en el local de La Cámpora y del Frente de Todos en Bahía Blanca en la madrugada del 25 de mayo generó repudio mayoritario entre dirigentes del oficialismo y de la oposición. El Gobierno, no obstante, no impuso el episodio policial en su agenda política, donde solo hay lugar para el operativo de vacunación. Sin embargo, la preocupación se extendió en la Casa Rosada y en el ministerio de Seguridad, donde ven la germinación de un sector de derecha radicalizada de sesgo antidemocrático que saltó de las redes sociales a la calle.
Durante las primeras horas posteriores a la explosión, la investigación recayó en la Justicia provincial, hasta que Gabriela Marrón y el fiscal Santiago Ulpiano Martínez se hicieron cargo y dieron instrucción a la Policía Federal para que investigue la detonación, en la que no se registraron heridos.
Investigan la unidad antiterrorista y la división de explosivos. “Hay pistas”, se limitan a informar en el ministerio que conduce Sabina Frederic. Por ahora, la carátula de la causa es por “intimidación pública”. Antes de que la Policía Bonaerense abandonara la causa, en el entorno del ministro provincial Sergio Berni señalaron que la detonación realizada por control remoto no fue obra de aventurados improvisados.
El episodio trascendió la arena policial y se debatió en diferentes reuniones políticas entre funcionarios de primera y segunda línea del Ejecutivo. La ministra de Seguridad Sabina Frederic, que prefiere la prudencia mientras la causa está bajo estricto secreto de sumario, habló al respecto con el jefe de Gabinete Santiago Cafiero.
En varios ministerios existe un diagnóstico que -en el mejor de los casos- excede a la explosión en Bahía Blanca, pero que no relativizan. “En las marchas contra el Gobierno, aunque hay poca gente, hay muchas incitaciones al odio, de extrema violencia discursiva. Lo novedoso es que hay un sector radicalizado de jóvenes de derecha que ahora se moviliza y tiene un sesgo anti-democrático”, reflexionó un funcionario que se dedica a medir la temperatura social.
Tras la explosión en Bahía Blanca, se encontraron allí panfletos con amenazas a militantes, periodistas, sindicalistas y jueces. “Cuántas razones más para empezar la purga”, culmina el texto intimidatorio. El mismo leitmotiv –“la purga”, en apariencia inspirado en la serie cinematográfica distópica homónima- se reprodujo en diferentes pancartas en manifestaciones que desafiaron las medidas restrictivas del Gobierno en los principales centros urbanos del país.
En el Gobierno mencionan antecedentes preocupantes en la misma sintonía, que todavía no pueden relacionarse directamente con lo ocurrido en Bahía Blanca, como los cinco disparos con Ithaca a un local de La Cámpora en Mar del Plata, en 2016, adjudicados a grupos neonazis, y otro -con heridos- a un local de Nuevo Encuentro en Villa Crespo. También mencionan a escraches a dirigentes del oficialismo en el interior.
En el Gobierno apuntan que los mensajes de odio de grupos marginales son abonados por un sector del establishment político. Responsabilizan directamente a la presidenta del PRO Patricia Bullrich. En la misma línea se explayó La Cámpora a través de un comunicado. “Desde hace meses venimos advirtiendo sobre el incremento de la violencia discursiva proveniente de dirigentes de la oposición, propalados a través redes sociales y medios de comunicación afines. (…) El repudio unánime e incondicional hacia estos sectores, es la única salida para su conseguir su aislamiento político y dejarlos en el lugar del que nunca debieron haber salido: una minoría intensa que grita por Twitter”, señala el texto.
Cristina Kirchner no se expresó públicamente al respecto, pero la vicepresidenta y su hijo, Máximo, recibieron el jueves por la noche en reuniones separadas a dirigentes bahienses, entre ellos, los senadores provinciales Ayelén Durán y Marcelo Feliú, el diputado provincial Gabriel Godoy y a Federico Susbielles. Impulsan un proyecto declarativo del Congreso para repudiar el ataque. La oposición acompañaría.
En la Casa Rosada el diagnóstico es similar. Afirman que al calor de la pandemia se exteriorizaron manifestaciones violentas, pero también delirantes, como los antivacunas. “Hay un nivel de violencia siempre creciente, donde el límite del bullying en redes se rompió y se pasó al enfrentamiento físico. La cultura del hostigamiento en redes se trasladó cuando se pudo sin transición a la vida real. Lo de Bahía Blanca fue un deja vú de violencia política que prende luces amarillas que no pueden ser desestimadas y obligan a estar atentos”, señalan. Cafiero fue uno de los primeros dirigentes en postular que la oposición construía un discurso de odio.
En la Cartera de Seguridad evitan las comparaciones con episodios de violencia en otros países de la región, como Chile y Colombia, entre otros. “Es distinto. No hay elementos para comparar. Las reacciones afuera fueron de grupos de centroizquierda y aquí, en apariencia de derecha. Por ahora, es algo aislado”, explican.
La posibilidad de que se repitan episodios de violencia por parte de grupos minoritarios preocupa más que posibles desbordes por la conflictividad social; producto de la crisis, que el Ejecutivo también monitorea con funcionarios de Jefatura de Gabinete, el ministerio del Interior, Desarrollo Social, Seguridad y Trabajo. En el peor momento de la pandemia, los dirigentes del oficialismo reconocen que el ruido social y las tensiones ganan más volumen mientras el peronismo no puede salir a la calle. Destacan que hasta ahora no hubo episodios de violencia policial, a pesar incluso de situaciones tensas como los desalojos en Victoria y El Bolsón en 2020.
La titular del PRO, en tanto, rechaza de plano el señalamiento del Gobierno. “Es una mentira total y absoluta. No hemos tenido discurso de odio. El que tiene un discurso de odio es el oficialismo, que dice que el PRO es el partido de la muerte. Nuestra diferencia no se puede enmarcar en un discurso del odio, sino en cómo manejaron la cuarentena y la compra de vacunas. Nos quieren responsabilizar por su fracaso”, se queja Bullrich.
Fuente Clarin
