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Pacto con Irán: el fiscal del tribunal oral aceptó que Cristina Kirchner se defienda en una audiencia pública

1 junio, 2021
Pacto con Irán: el fiscal del tribunal oral aceptó que Cristina Kirchner se defienda en una audiencia pública
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Haciendo lugar al pedido de Cristina Kirchner, el fiscal ante el Tribunal Oral Federal 8 (TOF 8), Marcelo Colombo, solicitó que se realice una audiencia pública para que la vicepresidenta exponga los argumentos en base a los cuales solicitó que el juicio por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán no se realice y ella sea sobreseída.

La causa, elevada a juicio oral hace más de dos años, inició con la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, y tiene como principal acusada a Cristina por encubrimiento agravado y entorpecimiento de un acto de funcionario público. Hace más de veinte días, solicitó no sólo la nulidad del proceso, sino también una audiencia pública para realizar lo que se espera será una defensa política.

Más de seis años transcurrieron desde que en enero de 2015 Nisman denunció a Cristina por la firma del pacto con Irán. Luego de reiteradas negativas el caso se investigó, y el 5 de marzo de 2018 el fallecido juez Claudio Bonadio envió la causa a juicio oral. El TOF 8, que tiene asignado el juicio, llamó a audiencia preliminar para el 14 de diciembre que terminó postergándose. De realizarse el debate oral, se estima que pasarán por el estrado unos 300 testigos.

Recientemente el TOF 8 -integrado por los jueces José Michilini, Gabriela López Íñiguez y Daniel Obligado– recibió una serie de planteos de los acusados para anular el juicio y en consecuencia, que se dicten los respectivos sobreseimientos.

Los pedidos se formularon después de conocerse que dos integrantes de la Cámara de Casación, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, visitaron la Casa Rosada y la Quinta de Olivos durante la presidencia de Mauricio Macri. Ambos intervinieron en las resoluciones que confirmaron el avance del caso hacia el juicio oral.

La primera en realizar el planteo fue Cristina Kirchner, haciendo énfasis en su teoría del lawfare, que sostiene que tanto ella como sus ex funcionarios fueron víctimas de una persecución política que inició en el Poder Ejecutivo de la anterior gestión, participando la justicia como “brazo ejecutor”.

Ahora, el TOF 8 debe resolver si concede el pedido de realizar una audiencia en la que la vicepresidenta exponga y amplíe los argumentos que la condujeron a pedir la nulidad del caso. El fiscal que interviene ante el Tribunal en este caso, Marcelo Colombo, pidió entre otras medidas, que se le brinde esa instancia Cristina Kirchner.

Ante la Cámara de Casación, la vicepresidenta tuvo una audiencia que se publicitó, en la cual se defendió de las acusaciones vinculadas a las operaciones con el Dólar Futuro. Pidió también su nulidad, algo que obtuvo tras una extensa defensa política del caso. Los jueces consideraron que lo que fue investigado como una maniobra delictiva no rea más que una decisión política que no podía judicializarse, y dictaron el sobreseimiento de los acusados.

De forma similar, Cristina Kirchner espera que la Justicia federal le otorgue el espacio para realizar su defensa. El año pasado, el fiscal Colombo había requerido que se dé inicio al juicio. Entre sus principales acusaciones, la vicepresidenta consideró que el comportamiento de los camaristas Borinsky y Hornos debe ser puesto en duda, al considerar que al menos diez decisiones que tomaron los magistrados en relación al caso estuvieron vinculadas con reuniones mantenidas con Macri, y por eso pidió desestimar todo el caso.

Ese planteo fue reiterado por otros imputados, por ello el fiscal dijo que “para las defensas, aquellas reiteradas visitas al expresidente, recientemente conocidas, ponen en evidencia la pérdida de imparcialidad en la que habrían incurrido los doctores Hornos y Borinsky al decidir la reapertura de este proceso o, cuanto menos, constituyen una sospecha tan intensa de esa pérdida que impiden sostener la validez de las decisiones judiciales atacadas”.

Ante esta situación, el fiscal Colombo requirió que se digitalice toda la documentación referida al caso del pacto con Irán y sobre todo aquellas resoluciones emitidas por la sala IV de la cámara de Casación que integran los dos jueces cuestionados.

Entre otras medidas, el fiscal pidió a Casa Militar de la Nación que informe si los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky tuvieron ingresos a la Quinta de Olivos durante los años 2015 y 2016. “En caso afirmativo, deberán informar las fechas y horas exactas de sus ingresos y egresos, y adjuntar copias certificadas de las planillas correspondientes”, indica el dictamen al que accedió Clarín.

Al respecto Colombo señaló que “la entidad de los hechos investigados, su trascendencia, el impacto y consecuencia que las resoluciones impugnadas tuvieron en el destino de este proceso (determinaron su reapertura), sumado a la complejidad y gravedad de las hipótesis planteadas por los incidentistas, justifican la necesidad de incorporar la información que mediante este dictamen solicitaré”.

Bajo esta misma línea, Colombo pidió al Consejo de la Magistratura que remita la documentación vinculada a las denuncias efectuadas por las visitas de los jueces a Olivos y a la Casa Rosada.

La acusación

El 7 de diciembre de 2017, el juez Bonadio pidió el desafuero y prisión preventiva de la ex presidenta Cristina Kirchner. En aquel momento, la procesó por traición a la Patria, encubrimiento agravado y estorbo de un acto funcional, todo vinculado al pacto con Irán como supuesto beneficio para los acusados del atentado de la AMIA. Según la justicia, Cristina y varios de sus funcionarios diseñaron un “plan criminal” para “dotar de impunidad” a los iraníes responsabilizados de la voladura de la mutual judía.

Para la Justicia, el pacto con Irán tenía como finalidad que los ciudadanos iraníes acusados por el ataque terrorista “pudieran sustraerse de la acción de la justicia -mediante el otorgamiento a Interpol de herramientas suficientes para que las notificaciones de índice rojo que pesaban respecto de los ciudadanos iraníes perdieran virtualidad”. Así, se los liberaba de “toda responsabilidad penal por dichos hechos -mediante la creación de una Comisión de la Verdad- y a través de esta, introducir una hipótesis alternativa”.

Los acusados son Cristina Kirchner, Oscar Parrilli, Carlos Zannini, Angelina Abbona, Eduardo Zuain, Juan Martín Mena, Andrés Larroque, Jorge Khalil, Luis D’Elía,Fernando Esteche y Allan Bogado. También fue procesado el fallecido ex canciller Héctor Timerman.

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Fuente Clarin

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