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Si bien no fue taxativo, al afirmar que “la inflación es un tema pendiente de resolución”, el presidente Alberto Fernández dio por muerta la pauta inflacionaria de 29% prevista por el Gobierno para la totalidad de 2021.
La definición realizada en un acto en San Martín fue simultánea a que Eduardo Paladini publicase en Clarín una encuesta de la consultora Analogías, que mide para el kirchnerismo, sobre cuáles son las principales preocupaciones de la población en medio de la segunda ola de la pandemia de coronavirus.
El 25% de los 2.945 consultados entre el 27 y 28 de mayo dijo que la principal preocupación era la inflación, seguida en 19,5% por “el colapso en el sistema de salud” y en tercer término se ubicó con 14,7% de las respuestas “contagiarse el virus”.
La disparada de los precios de comienzos de año (17,6% en el primer cuatrimestre apunta a superar 20% entre enero y mayo), terminó rápido con la previsión del Gobierno y ahora pone en riego una de las “anclas” para frenar el avance de los precios que es la salarial.
El primer “ancla” antinflacionario que implementó el ministro Martín Guzmán fue abandonar la política de atar la suba del dólar oficial al aumento costo de la vida.
El dólar oficial sube ahora a un ritmo de 1,2% al mes, frente a una inflación superior al 3,5%, en lo que constituye una medida concreta que todavía no rindió frutos en términos de moderar las subas de los precios de los alimentos pero se consolidaría en los próximos meses.
El récord de compra de dólares del Banco Central como consecuencia de las liquidaciones de exportaciones del campo (la benéfica soja de US$ 550/600 la tonelada) llevó las reservas netas a US$ 6.500 millones y podrían subir hasta US$1.500 millones más hasta julio.
Con las reservas fortalecidas, el Central de Miguel Pesce tiene las divisas suficientes para mantener a raya el dólar oficial creciendo menos que la inflación y para actuar sobre el tipo de cambio libre “contado con liquidación”, y le quedaría resto para vender dólares a futuro.
Desde el punto de vista cambiario, el panorama se presenta despejado a menos que en los próximos 60 días no haya alguna señal más o menos clara sobre que el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional se encaminan a un acuerdo para refinanciar los US$44.000 millones del préstamo que vencen en 2022 y 2023.
El otro “ancla” que acaba de definir el sector K del Gobierno ex que las tarifas de gas aumentarán 6% y no 15% o más como pretendía el ministro Martín Guzmán.
Subas de 9% para la luz y de 6% para el gas consolidan la estrategia oficial de atrasar tambien las tarifas (llevan dos años congeladas) con el objetivo de cuidar el bolsillo de los consumidores, algo que se enmarca en la táctica de los años electorales de “sentarse” sobre el dólar y las facturas de los servicios públicos.
El conjunto de “anclas” antinflacionarias se completaba con la pérdida real del poder de compra de salarios y jubilaciones, que en un año giró en torno a 8 y 10%.
El “ancla” salarial se consolidó a partir de negociaciones paritarias de subas promedio anuales de 33%, con pagos en tres cuotas y con cláusulas de revisión para el caso que la inflación se desborde.
El salto ahora lo proponen Hugo Moyano y los camioneros, y Sergio Palazzo de los bancarios.
Palazzo quiere que le adelanten a junio un aumento previsto para agosto y Moyano que la suba salarial original de 30% en cuatro cuotas vaya al 45%, para equipararse con los pronósticos de inflación que realizan los economistas para este año.
Con estimaciones de 45% para la inflación y los salarios subiendo 30/35% se desvanece el objetivo oficial de que los salarios crezcan por encima de la inflación en el año electoral como forma de expandir el consumo que, además, en la visión del Gobierno es el único medio por el que la economía podría superar la recesión en la que está inmersa.
La presión salarial cobra fuerza en medio de una puja distributiva mayor que involucra a la inflación, el gasto público, la recaudación de impuestos y el crecimiento de la deuda en pesos que, aunque sin estridencias, comenzó a llamar la atención a partir de un tuit del ex ministro Roberto Lavagna.
Decía Lavagna el 23 de mayo: “Somos una sociedad asombrosa. En el gobierno y en importantes sectores se habla siempre del monto y el aumento del GASTO SOCIAL. Pero increíblemente no se habla en paralelo del monto y el aumento del GASTO en INTERESES de una deuda total, interna y externa, que no deja de crecer!
Lavagna puso así el foco en un costado de la política oficial que en los últimos días salió a la luz cuando el Banco Central autorizó a los bancos a tener en sus carteras más títulos públicos, en vez de letras de liquidez, para constituir las exigencias de encaje.
Los bonos del Tesoro, a diferencia de las letras de liquidez que pagan una tasa fija de 38% anual, son en general indexados por precios y ofrecen un rendimiento mayor.
Puesto en otros términos: Guzmán le paga más que Pesce a los bancos para conseguir pesos, porque tiene el crédito externo cortado y para eso ofrece bonos atados a la inflación que resultan más caros que la tasa de las Lelics.
El mes clave será agosto cuando vencen bonos del Tesoro por $430.000 millones (en junio/julio vencen $250.000), un monto importante, que Guzmán ya empieza a buscar para evitar tener que volcar una “montaña” de pesos al mercado.
Fuente Clarin
