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El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, allanó el camino para su reelección con una polémica ofensiva judicial contra Cristiana Chamorro, la candidata opositora que amenazaba su continuidad.
La dirigente, a quien se le acusa de distintos delitos cometidos a través de una fundación, fue detenida e inhabilitada para ejercer cargos políticos, lo que le impide seguir en la carrera electoral.
Cristiana, de 67 años e hija de la expresidenta Violeta Chamorro, está desde el miércoles bajo arresto domiciliario, incomunicada y con vigilancia policial en la puerta. “Se llevaron su teléfono y su laptop, también los de su hija (Cristiana María Lacayo) que está con ella en la casa, y les cortaron Internet. No sabemos nada de ellas’’, declaró angustiada Arelia Barba, miembro de su equipo de prensa.
La ofensiva apuntó contra Cristiana porque es la figura de la oposición nicaragüense con mayor probabilidad de ganar las elecciones del 7 noviembre, en las que Ortega busca su tercera reelección.
Fuerte presencia policial frente a la casa de Cristiana Chamorro en Managua. Foto Reuters
La Fiscalía General la acusó de varios delitos supuestamente cometidos a través de la “Fundación Violeta Chamorro” que Cristiana dirigió hasta febrero pasado, cuando tuvo que cerrarla por una ley que controla los fondos externos de las ONG.
Entre los delitos que le adjudicaron figura “gestión abusiva, falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos”. La jueza orteguista Karen Chavarría Morales, del Juzgado Noveno del Distrito Penal de Managua, hizo lugar rápidamente al pedido de la Fiscalía y y ordenó su detención.
Pero luego, ante la presión internacional y las protestas durante el operativo policial, decidieron dejarla con prisión domiciliaria.
La Justicia también le dictó retención migratoria y le prohibió concurrir a determinadas reuniones o lugares relacionados con los hechos que se investigan por lo que “deberá abstenerse de asistir a cualquier tipo de reuniones o actividades por la gravedad de los delitos investigados”.
Más presiones
El segundo paso adoptado por la justicia fue inhabilitarla para ejercer cualquier cargo público, eliminando así a una rival tan dificil para Ortega.
El mandatario tiene un mal recuerdo de la familia Chamorro. Hace 31 años, Violeta Chamorro lo derrotó en las urnas cuando parecía que iba a eternizarse en el poder.
Antes de este operativo judicial el régimen nicaragüense había embestido también contra los hermanos de Cristiana, Joaquín y Carlos Fernando, dos periodistas y disidentes del Frente Sandinista a quien Ortega mandó a allanar y confiscar sus medios en diciembre de 2018.
Familiares de la aspirante la presidencia Cristiana Chamorro son expulsados por agentes antimotines del perimetro de seguridad. Foto EFE
Ese año fue el estallido de las protestas estudiantiles y obreras que reclamaban cambios para salir de la aguda crisis económica que vive el país, con un alto nivel de pobreza.
Ortega mandó a reprimir brutalmente las manifestaciones, incluso utilizando grupos paramilitares, lo que dejó un saldo de 328 muertos, 2.000 heridos, cientos de detenidos y más de 100.000 exiliados.
Esto debilitó a su gobierno, y fue capitalizado por Cristiana. En sus discursos Chamorro prometía el desarme de los paramilitares y el impulso de “un proceso de reinstitucionalización de las Fuerzas Armadas”.
También dijo que iba a instalar una “Fiscalía especial, dotada de fiscales de indudable prestigio e independencia’’, para investigar los abusos cometidos por agentes del gobierno y hacer justicia con las víctimas.
“La gente está cansada de dictadura y de pobreza, que aumenta cada día y el gobierno no manifiesta ninguna sensibilidad’’, declaró Chamorro en una entrevista que brindó a The Associated Press horas antes de que la detuvieran.
“La orden de captura contra Chamorro es un mensaje intimidatorio, matonesco, contra todos los nicaragüenses que quieren salir de esta dictadura lumpen, por la vía electoral”, señaló Arturo Cruz, del grupo opositor Coalición Nacional.
La maniobra política también levantó una ola de críticas a nivel internacional. La OEA advirtió que Nicaragua se encamina “a las peores elecciones posibles”, y calificó la detención de Chamorro como un “nuevo atentado a la democracia”.
La ONU, por su parte, sostuvo que “estos acontecimientos crean el riesgo de empeorar la confianza en las próximas elecciones”.
Fuente: AP y EFE
PB
Fuente Clarin
