El Gobierno nacional promulgó este jueves la Ley 27621 para la implementación de la educación integral ambiental en la Argentina, una iniciativa impulsada por el Ejecutivo con la que se busca una concientización de la problemática ambiental desde una mirada más igualitaria y transversal.
La normativa, que fue aprobada el 14 de mayo por el Senado, quedó oficializada al ser publicada este jueves en el Boletín Oficial. Se destaca en su primer artículo que la ley tiene por objeto “establecer el derecho a la educación ambiental integral como una política pública nacional“.
Según se explica en la normativa, se trata de un proceso educativo permanente con contenidos temáticos específicos y transversales, que tiene como propósito general la formación de una conciencia ambiental, a la que “articulan e impulsan procesos educativos integrales orientados a la construcción de una racionalidad, en la cual distintos conocimientos, saberes, valores y prácticas confluyan y aporten a la formación ciudadana y al ejercicio del derecho a un ambiente sano, digno y diverso”.
Asimismo se enumera los principios de la educación ambiental integral, entre los que se incluye el abordaje interpretativo y holístico; el respeto y valor de la biodiversidad; la equidad; la igualdad de género; y el reconocimiento de la diversidad cultural, el rescate y la preservación de las culturas de los pueblos indígenas.
También se prevé la participación y formación ciudadana; y el cuidado del patrimonio natural y cultural; la problemática ambiental y los procesos sociohistóricos; educación en valores; pensamiento crítico e innovador; y el ejercicio ciudadano del derecho a un ambiente sano.
La ley crea la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral (ENEAI), que estará a cargo de los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Educación en articulación con el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y el Consejo Federal de Educación (CFE).
Entre otras cosas, la ENEAI deberá generar y gestionar los mecanismos que faciliten el cumplimiento de la Agenda 2030 con sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); impulsar la capacitación de funcionarios nacionales, provinciales y municipales; y elaborar, publicar y distribuir materiales de educación ambiental oficiales y gratuitos.
Según se establece en la ley, cada jurisdicción dispondrá la modalidad de implementación en la agenda educativa de al menos una jornada o espacio de mejora institucional dedicada a la educación ambiental y dará debida difusión sobre la actividad y sus participantes, así como también entregará las correspondientes menciones por la participación.
A todo esto se impulsa la instalación de una Coordinación Ejecutiva de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral (CENEAI), que definirá las directrices, temáticas, prioridades y recursos para el cumplimiento de la ENEAI, con asesoramiento de un consejo consultivo que contará con representantes de todos los sectores.
Se establece que con motivo de celebrarse el 5 de junio de cada año el Día Mundial del Ambiente, cada jurisdicción deberá promover una acción comunitaria en la que se fomente el “Compromiso Ambiental Intergeneracional”, en el cual las personas tengan la oportunidad de establecer un pacto de responsabilidad con el ambiente y las generaciones sucesivas.
GRB
Fuente Clarin
