Nicaragua, Daniel Ortega y la anarquía que viene

El régimen nicaragüense acaba de exhibir con claridad hasta qué punto se ha anarquizado la región. No es por cierto esa comarca martirizada por dos dictaduras, la de los Somoza antes y la actual del espantajo conservador que queda del sandinismo, el mejor ejemplo de prolijidad que pudiera evitar este desenlace.

Pero el arresto, incomunicación e inhabilitación de la candidata opositora, la periodista Cristiana Chamorro, favorita para derrumbar al autócrata Daniel Ortega, expone un extremo de la generalización de los métodos autoritarios en estas fronteras.

En noviembre hay elecciones nacionales en ese país tomado como un feudo por Ortega y su mujer Rosario Murillo. Cristiana es la hija de la ex presidente Violeta Chamorro quien en 1990 derrotó al actual líder del régimen y le arrebató la mayoría en el Congreso. Ese escenario amenazaba ahora repetirse. Las encuestas colocaban en el podio a esta mujer de 67 años que anunció su candidatura en enero para competir con el autócrata decidido a obtener un cuarto mandato sucesivo.

La maniobra para evitar ese desenlace fue la construcción de una causa por supuesto lavado de dinero en una fundación que anteriormente presidió la candidata. El régimen hizo desfilar a números periodistas ante la fiscalía para presumir de una investigación que ya había sido resuelta.

Ortega tiene una inquina con la prensa a la que acusa de haber apoyado las protestas prodemocráticas de 2018 que, en un festival de violación sistemática de los derechos humanos, dejaron 328 muertos y miles de exiliados.

Nicaragua viaja en el mismo tren que Venezuela donde se ha acentuado la prepotencia represiva del régimen tras el fracaso de la oposición liderada por Juan Guaidó para intentar una apertura democrática y remover a Nicolás Maduro. 

El chavismo es el ejemplo más rotundo en Sudamérica sobre la ignorancia de cualquier límite institucional, de fingir elecciones, suprimir a la oposición e imitar las recetas de represión de las viejas dictaduras de los años ’70. Como en Caracas, Managua le echa la culpa de todo a EE.UU. para entusiasmar y callar a una claque regional que admira lo que no existe.

Una mirada más amplia encuentra nuevos jugadores en este amplio campo autoritario. El salvadoreño Nayib Bukele es un recién llegado en la concepción de que los equilibrios institucionales y su independencia configuran una fórmula que atrasa. Derechista y admirador de Donald Trump, después de ganar las legislativas con el lema de la lucha contra la corrupción, descabezó a la Corte Suprema y ya tiene a los tres poderes devenidos en dóciles escribanías.

En una reunión reservada con diplomáticos extranjeros Bukele comparó recientemente a sus críticos con quienes apañaron en el siglo pasado el genocidio nazi del pueblo judío, un comentario que irritó pero que dejó en claro, de paso, la indiferencia de este dirigente frente a semejantes crímenes.

Muy cerca de ahí, en Honduras, el presidente también de derecha Juan Orlando Hernández, denunciado por la corrupción reinante en ese pobrísimo país, se reeligió en 2017 manipulando la Constitución y en plena elección, cuando advirtió que estaba perdiendo, detuvo el conteo y se declaró ganador.

Hernández, quien también echó a cuatro jueces de la Corte, tiene al país abandonado y florecen las acusaciones en EE.UU. por vínculos con el narcotráfico y protección rentada a esas mafias. Según la agencia AP las tres principales autoridades policiales ya en 2018 estaban involucradas en el tráfico de cocaína. La represión sostiene ese armado tóxico que en gran medida explica el torrente de desesperados que escapan como pueden intentando llegar a la frontera norteamericana.

En todo este mapa regional la justicia es una presa conquistada o a conquistar como en el caso argentino, donde el gobierno, o parte de él, desespera, como se sabe, por tener los tribunales alineados como exhiben Maduro, Ortega y ahora el inclemente Bukele.

Fuente Clarin