Por Alcadio Oña
Ni bueno ni malo, todo bien concreto y sin jueguito para la tribuna posible. Los datos crudos dicen que desde que el kirchnerismo volvió a la Casa Rosada, la Argentina le pagó al Fondo Monetario 2.198 millones de dólares contantes y sonantes derivados del crédito stand-by que heredó del macrismo. Religiosamente, 1.597 millones durante el año pasado y 601 millones entre enero y fines de mayo de 2021.
También sigue corriendo la sobretasa que el FMI le cobra al país por un préstamo que, después de algunos retoques, quedó en US$ 44.000 millones y supera límites establecidos en sus normas. Equivalente a 2 puntos porcentuales, el recargo se agrega a la tasa básica del 1% y eleva el costo financiero al 3% anual, o sea, a un nivel considerable viniendo de un prestamista en ese punto barato. Si no median cambios en la fórmula o un nuevo pacto, el 3% podría subir al 4% más adelante.
Pregunta: ¿fue un despiste o una gambeta que quienes armaron la llamada Proclama Kirchnerista del 25 de Mayo hubiesen pedido que se le exija al Fondo la suspensión de los pagos y de la tasa de interés extra y, en el mismo acto, omitieran que su gobierno lleva un año y medio haciendo aquellas cosas que ellos asocian a los peores ajustes? Ellos son, entre otros, Amado Boudou, la ex ministra Felisa Miceli, Pablo Moyano, la diputada ultra cristinista Fernanda Vallejos, el ex juez de la Corte Eugenio Zaffaroni y el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, famoso por su manejo dictatorial de la pandemia.
Tres alternativas, entre varias, apuntan hacia interpretaciones que le caen mejor a la movida. Como suponer, en base a precedentes conocidos, que es presión para que Alberto Fernández y el ministro Martín Guzmán endurezcan sus posiciones, o que quieren hacer creer que de esa manera se despegan del FMI al que inevitablemente van pegados o, al fin, que se trata de jueguito para la tribuna. Campaña política al desnudo tenemos, definitivamente, en la insólita, inútil pretensión de que el Fondo ayude al Gobierno a encontrar la plata que se fugó del país y que además aporte a una investigación que permita distinguir qué es deuda legítima y cuál es ilegítima.
Obvio, detrás de estas operaciones y de las por venir en cantidad asoman las elecciones, incluidas las quizás disputadas PASO de septiembre, y un discurso a la medida de la militancia cristinista. Todo, suponiendo que ninguna decisión amparada en la emergencia sanitaria dará de baja a las primarias.
Algo debiera quedar claro, en medio del barullo: que huelen a tramposos los argumentos que discriminan entre propios y ajenos, al momento de elegir a quienes se les endosan los costosos ajustes fondomonetaristas y a quienes no. Eso pretenden relatores kirchneristas cuando juzgan distintos, poco menos que progresistas, a los movimientos que protagonizan Kristalina Georgieva y Alberto Fernández.
Se verá qué cuenta finalmente el nuevo pacto, aunque en principio ya sabemos lo que todo el mundo sabe: que a cualquier altura y sobre todo a las alturas a las que ha escalado aquí, la inflación es un flor de ajuste y, como siempre, un ajuste cargado sobre los sectores de más bajos recursos y menos poder para defenderse.
Una muestra directa del saque y sus destinatarios aparece en cuentas fiscales del primer cuatrimestre. Revelan que el gasto anual en jubilaciones quedó 11 puntos porcentuales detrás de la inflación; 14 puntos el de las asignaciones familiares y otra vez 14 para los salarios de los estatales de la Nación. Puesto en plata, el Estado se ahorró nada menos que $ 113.000 millones en solo cuatro meses, mientras cosecha en grande de los impuestos asociados al proceso inflacionario.
Acoplado al tren del FMI y con consignas similares, va el intento kirchnerista de volver a estirar un pago de US$ 2.400 millones al Club de París que venció a fines de mayo y fue prorrogado hasta fines de julio. Aquí aparece otra omisión del discurso K vinculada al modo como Axel Kicillof negoció, en 2014, la deuda en default con la organización que agrupa, entre nuestros principales acreedores, a Alemania, Japón, Holanda, España e Italia.
Los US$ 2.400 millones corresponden al último tramo de un paquete que cuando empezó a ser renegociado por el actual gobernador rondaba US$ 6.300 millones y que al final sumó US$ 9.690 millones. ¿Y cómo se explica semejante diferencia?: pasó, lisa y llanamente, que Kicillof reconoció intereses e intereses punitorios acumulados desde 2003 sin chistar y, encima, convalidó una cláusula que pone a la Argentina a tiro de intereses del 9% en dólares si ahora vuelve a caer en default.
Esa montaña de plata y esas condiciones aceptó el entonces ministro de Economía para sortear un molesto requisito de los negociadores del Club de París, especialmente del rígido representante de Holanda: que un monitoreo de las cuentas argentinas a cargo del FMI, conocido como el Artículo IV, respaldase la operación. Esto es, pagó fuerte por lo que finalmente no fue una salida sino algo bien parecido a una rendición.
El punto es que ese problema ha pegado la vuelta y el kirchnerismo lo tiene de nuevo encima. La mayoría funcionarios de carrera en sus países y necesitados de cubrir sus espaldas, ahora son los representantes de Alemania y Japón quienes piden un Artículo IV o algún documento del Fondo para reprogramar el pago de los US$ 2.400 millones. Y si no, que la Argentina los pague directamente cash en julio.
A comienzos de enero de 2006, Néstor Kirchner metió mano en las reservas del Banco Central y de un solo golpe saldó los US$ 9.800 millones que la Argentina le debía al FMI, para sacarse de encima y suponía para siempre al demonio. Pero está a la vista que aquello que el entonces Presidente asemejó a una gesta nacional no fue para siempre: 15 años después, el kirchnerismo vuelve a convivir con la misma pesadilla.
Y no sólo porque el Fondo aparece en la hoja de ruta del Club de París: pronto, entre agosto y septiembre, el Gobierno deberá afrontar vencimientos con el organismo que suman alrededor de US$ 2.300 millones. Para entonces y gracias a un cambio empujado por la crisis contará con un paquete de DEGs, la moneda que usa el FMI, equivalente a US$ 4.350 millones. Si prefiere y puede destinarlos a la emergencia sanitaria o a otro fin parecido, deberá pagar con reservas, o sea, no puede quedarse con las dos cosas enteras.
La cadena sigue con los US$ 2.400 millones que suman los pagos de noviembre y diciembre, pero con una diferencia: llegado ese momento, el Gobierno espera tener un arreglo de modo de no echar mano esta vez a las reservas. Luego viene el aluvión, empezando por los 4.130 millones del primer trimestre del 2022 y una chorrera que al cabo de 2023 llegará a US$ 44.000 millones.
Es a esta altura evidente que si algo no sobra es tiempo y más evidente todavía si se considera todo lo que será necesario arreglar y la nada que se ha arreglado. Lo que hoy existe en un híbrido parecido a una no relación, un pacto no escrito donde Guzmán habla de avances y los funcionarios del FMI, de diálogo constructivo y en el que manda la regla de no hacer olas que agiten el mercado cambiario.
Rarezas del mismo cuadro, el supuesto negociador argentino pasó de imaginar un aumento de tarifas del 30 al 40% a bancarse un techo del 9% y más subsidios; quiere retocar un ajuste del Impuesto a las Ganancias de las empresas y termina chocando con Sergio Massa, el jefe de Diputados y autor del proyecto; cree que el sello de racional que algunos le reconocen da para aspiraciones políticas serias y el cristinismo o la propia Cristina lo cruzan y, sin mayor cuidado, le ponen de auditor a Kicillof.
Parece claro, de todos modos, que el Gobierno no irá a un default con el FMI y bien oscuro, a la vez, qué tipo de acuerdo puede salir de este embrollo. Lo que venga será después de las elecciones y no viene para paseo, precisamente.
NE
Fuente Clarin
