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La presentación fue realizada por los letrados Jorge Luis Vitale y Carla Agata Vitale. La presentación incluye los delitos de “envenenamiento con medicinas”, “violación de los deberes de funcionario público”, “intimidación pública” y “abuso de autoridad”.
En el estudio Vitale se fundaron en el artículo 200 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina que refiere al delito de intimidación pública. “Esto se ve configurado porque la mecánica utilizada por el gobierno nacional y el ministerio (de Salud) es crear miedo, aumentar los contagios y las muertes sin rigor científico, sin aplicar medicina tradicional en estos casos. La cual refiere al análisis clínico del paciente, a su contención e informar adecuadamente a la población”, explicaron.
El miedo generado en la población produce baja de defensas en las personas, aumento de otras patologías, aparición de cuestiones psiquiátricas y psicológicas, demora en prevención de enfermedades, suspensión de tratamientos preexistentes”, agregaron. En cuanto al “envenenamiento por medicinas”, indicaron: “En caso de confirmarse que las vacunas son experimentales y que no se le ha dado a la población la debida información al respecto. No solo sobre su fase experimental sino sobre sus graves consecuencias por inoculación, también se encontraría configurado este delito”.
Respecto a la violación de los deberes de funcionario público, dejaron en claro que a Alberto Fernández, Carla Vizzotti y Ginés González García. “Han tomado medidas extremas que restringen derechos y garantías constitucionales como ser: transitar, trabajar, estudiar, a la salud misma, reunión y demás. Sin tener un debido fundamento y asesoramiento científico, convocando a distintos médicos que no tienen la misma posición que el gobierno nacional pero que han sido cercenados en su libertad de expresión que pudieron o podrían evitar males mayores para la sociedad Argentina”
Sobre las restricciones: “¿Las medidas de restricción favorecen la disminución de contagios?”. De esto manera, objetaron: “Desde el mes de Marzo de 2020 se nos ha intimidado con el miedo y el terror hacia toda la ciudadanía, privándoselos de absolutamente todos los derechos inalienables pero a su vez, generándoles otro tipo de enfermedades propias del encierro y el aislamiento. Como así también han generado un detrimento patrimonial a la Nación y a cada uno de los habitantes de este país, llevando a un porcentaje altísimo a niveles de pobreza, indigencia y desempleo nunca visto”.
Hicieron pie en la presentación ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 sobre la falta de evidencia científica: Aseguraron que no hay evidencias científicas con las que se cuenta hasta al momento para implementar el barbijo en espacios abiertos, cerrados, en niños y en adultos. “¿Cómo es posible que el gobierno, cuando se le pregunta la tasa de mortalidad en relación al año 2019, recién se tendrán en diciembre de 2021? ¿De qué forma se pueden aplicar medidas y acciones careciendo de estadísticas veraces? Día tras día se cambia de opinión sobre las acciones a realizar pero siempre privando a la población de sus derechos inalienables
