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El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), que tiene a su cargo la causa de los Cuadernos de las Coimas, firmó el decreto para que en uno de los expedientes conexos a ese caso -en el que Cristina Kirchner tiene una falta de mérito y ya no está acusada- inicie el proceso que derivará en el comienzo del debate oral. Se trata del caso que investigó la compra de Gas Natural Licuado (GNL) donde están procesados Julio De Vido y Roberto Baratta por administración fraudulenta.
Hace dos años, el TOF 7 le pidió más recursos a la Corte Suprema de Justicia para poder encarar los juicios de todas las causas vinculadas a Cuadernos. Aún no tuvo respuesta. Las dimensiones del expediente principal son antológicas: 220 cuerpos y más de 60 cajas con documentación; 136 empresarios, 22 exfuncionarios y 14 supuestos testaferros involucrados.
Lejos está la fecha de un posible juicio oral de la causa “madre”, donde la principal acusada como jefa de una asociación ilícita que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales es Cristina Kirchner. Esa investigación cuenta con otros seis casos conexos, uno de los cuales comenzó a avanzar hacia su debate oral.
Se trata de la causa número10.456, por supuestas coimas en la compra de gas licuado. El decreto firmado por el TOF 7 citó a juicio para que las partes ofrezcan prueba y propongan testigos para el debate oral. Luego, los jueces determinarán a que medidas se les hace lugar y también el listado final de personas que pasarán por el estrado.
“Cítese a las partes para que en el término de diez días comparezcan a juicio, examinen las actuaciones, ofrezcan las pruebas e interpongan las recusaciones que estimen pertinentes respecto de todos los imputados”, sostiene el breve decreto que lleva la firma del juez Enrique Méndez Signori.
“Esto se firmó pese a que la Corte todavía no contestó el pedido de recursos, reiterado en cuatro oportunidades, desde septiembre de 2019. Así es como el tribunal avanza en el trámite conforme a sus posibilidades”, señalaron a Clarín fuentes judiciales. El TOF 7 cuenta con otra situación, uno de sus integrantes Germán Castelli, quien fue destituido por el kirchnerismo y restituido en su cargo por la Corte, pero de manera temporaria. Su cargo debe concursarse.
En este tramo del caso, la Sala I de la Cámara Federal porteña integrada por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, a quienes el kirchnerismo buscó destituir de sus cargo desde el Congreso -al igual que Castelli-, revocó el procesamiento que recaía sobre la vicepresidenta y que llevaba la firma del fallecido juez Claudio Bonadio.
Así, Cristina Kirchner cuenta con una falta de mérito. En tanto a De Vido y Roberto Baratta, se los dejó procesados por administración fraudulenta, ordenando que se siga investigando la maniobra por presuntos sobornos.
Para Bonadio, la importación de GNL podía estar conectada con la estructura instituida desde la cúspide del Gobierno “para la recaudación de sobornos, que tenía como eje al Ministerio de Planificación Federal y sus distintas áreas de competencia”. Entonces, consideró que los ex funcionarios procesados habrían integrado la estructura “conformada respecto del área energética, “que llevó adelante las maniobras ilícitas desarrolladas en la importación de GNL-, utilizándose, en una primera etapa entre 2008 al 12 de noviembre de 2012, a ENARSA la gestión, adjudicación y pago de los cargamentos de GNL”.
Luego, hasta diciembre de 2015, “tercerizando el proceso en la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales -YPF- que comenzó a realizar la gestión de compra, es decir, a desplegar lo que antes hacía ENARSA, pero ésta continuaba adjudicando y pagando”.
A finales de 2019, la Cámara Federal consideró “los elementos reunidos hasta el momento no permiten afirmar -con el grado de probabilidad exigido en esta etapa- el nexo entre aquellas operaciones y la conformación de dicho colectivo criminal orientado a la recaudación de fondos”.
En esta misma línea, sostuvieron que “a diferencia de las numerosas pruebas colectadas” en la causa Cuadernos, “que dieron cuenta de las numerosas entregas de dinero a funcionarios públicos protagonizadas por distintos empresarios que tenían contratos con el Estado”, en esta investigación “no reflejan la existencia de tales pagos ilícitos y en consecuencia, tampoco permiten sustentar, por el momento, que la compra de GNL haya formado parte de los rubros que nutrían la matriz recaudatoria instaurada desde el Gobierno”.
Fuente Clarin
