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Otro “asociado” de Saab es Diego Marynberg y estaría entre los empresarios y funcionarios a los que el gobierno norteamericano investigados por colaborar con Maduro para sacar del país más de USD 1.200 millones. Marynberg está casado con la hija de Alberto Szpolski, estrechamente ligado a los fondos de Cristina Kirchner. Hay una línea de investigación sobre el destino de estos dineros y, todo apunta se habrían lavado en el mismo sistema con los de Maduro, miembros de su gobierno y militares jefes del Cartel de los Soles. Este podría ser el capítulo argentino.
A la defensa de Baltasar Garzón se suma una campaña para presionar a Joe Biden y para que la ONU impida la extradición del socio de Maduro, un año después de su arresto en África
Un reciente informe oficial elaborado para el Capitolio titulado ‘Venezuela, los desafíos para los legisladores de EE.UU. en 2021’, identifica al chavismo como el principal reto para Washington en todo el continente americano, y afirma que «el departamento de Justicia busca la extradición de Alex Saab, blanqueador de dinero al que se acusa de traficar de forma ilícita con oro en nombre de Maduro, cuya imputación refiere a sus lazos con Hizbolá». Para EE.UU., el caso de Saab, al borde de la extradición desde Cabo Verde, donde ahora cumple detenido un año, es un ejemplo a seguir a futuro.
El mencionado informe, de hecho afirma: «El Capitolio puede considerar nuevas formas de apoyar los esfuerzos para apoderarse de los ilícitos vinculados al gobierno de Maduro, perseguir a los funcionarios venezolanos corruptos y sus asociados, y responder a las influencias extranjeras en Venezuela».
Saab fue arrestado en Cabo Verde el 12 de junio de 2020, requerido por EE.UU por lavado de dinero como testaferro de Nicolás Maduro, y nodo central en una compleja red de narcotráfico, lavado de dinero y fraude a gran escala con contratos pública y ayuda gubernamental. Como decía el informe, una demanda de la fiscalía de 2019, ante un juzgado de Nueva York, acusa directamente a Saab, apodado ‘Alexei’, ‘Ali Hassan’ y ‘Rachid’, de conspirar para apoyar materialmente a Hizbolá, la milicia libanesa con lazos con Irán acusada por EE.UU. de terrorismo.
Las últimas investigaciones de EE.UU. acusan al empresario, nacido en Colombia pero afincado en Venezuela antes de su arresto, de servir de intermediario de Maduro con Irán para sortear sanciones. Está también en busca y captura por ocho cargos de soborno y lavado de dinero en Florida al canalizar más de 350 millones de dólares (295 millones de euros) a cuentas en el extranjero, incluido EE.UU. Ahora, las agencias federales norteamericanas amasan pruebas sobre sus lazos con Irán.
Extradición autorizada
El Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde autorizó el 17 de marzo la extradición de Saab a EE.UU. Desde enero, estaba en arresto domiciliario. Mientras se ultimaban los detalles de esta, una campaña internacional de aliados del chavismo se puso en marcha para impedirla. Maduro y socios suyos, como José Luis Rodríguez Zapatero y el llamado Grupo de Puebla, consideran a Saab preso político. En la misma línea se ha pronunciado el abogado del empresario, el juez inhabilitado en España por prevaricación Baltasar Garzón.
En EE.UU., afines a ese grupo se han puesto también en marcha, habituales en la defensa de Maduro y del chavismo ante Washington. Un grupo llamado ‘Alianza por la Justicia Global’, que tiene sus orígenes en la llamada Red de Solidaridad con Nicaragua, organización estadounidense de apoyo a los sandinistas, ha lanzado una campaña respaldada por Noam Chomsky y otros intelectuales similares, en la que denuncia que Saab «fue secuestrado, detenido y torturado bajo órdenes de la Administración Trump». «Pedimos al presidente Biden que retire la demanda de extradición de Alex Saab a EE.UU.», añade en una carta abierta a Biden.
El objetivo de los socios de Saab es presionar a Biden para que cambie el rumbo emprendido por Trump. Uno de sus razonamientos es que «Saab está luchando contra el cáncer y necesita urgentemente ser atendido por sus médicos en Venezuela».
Justo mientras se ponía en marcha esa campaña, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas hizo una inesperada solicitud a Cabo Verde para que posponga la extradición de Saab «mientras su caso sea examinado por el Comité o hasta nuevo aviso», y pidió al país africano que adopte medidas para garantizar que el preso tiene «acceso a atención médica adecuada. La carta, datada en Ginebra, estaba firmada por los relatores especiales del Comité de Derechos Humanos sobre Nuevas Comunicaciones y Medidas Provisionales, Helene Tigroudja y Arif Bulkan.
