A los enfrentamientos que ya tienen en la Corte Suprema, por sumas millonarias, el Gobierno nacional y la Ciudad, sumaron otra disputa: el reclamo ante la justicia penal contra el Servicio Penitenciario Federal (SPF) por no recepcionar a más de 500 presos alojados en comisarías y alcaldías porteñas. La denuncia la presentó el ministerio de Seguridad que encabeza Diego Santilli y la Justicia federal ya requirió una serie de datos al SPF que está bajo la órbita del ministro de Justicia, Martín Soria.
En el Servicio Penitenciario Federal dicen que están al borde del colapso y que desde el 21 de mayo del 2020, ingresaron al Penal de Ezeiza y Marcos Paz cerca de 3.100 internos. Hoy la ocupación supera el 94% y temen recaer nuevamente en sobrepoblación.
“Quieren convertir a la Ciudad en la provincia de Buenos Aires”, replicó un alto funcionario de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta al analizar la situación. Hay un convenio firmado entre Nación y la CABA para alojar en las dependencia carcelarias federales a aquellas personas que cometieron delitos nacionales y que cuentan con una decisión de la Justicia para que estén privados de su libertad.
La pandemia por el Covid-19 dificultó la logística que venía implementándose. El SPF, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, el año pasado realizó un listado de sus internos y detalló que 1.279 de ellos eran considerados de riesgo, por lo cual concedieron libertades anticipadas y en otros casos otorgaron el arresto domiciliario para evitar una mayor propagación del virus intramuros.
La interventora del Servicio Penitenciario Federal e integrante de la agrupación hiper K Justicia Legítima María Laura Garrigós de Rébori. Foto Télam.
Esa decisión permitió reducir la ocupación de camas: enfrentaban una sobrepoblación del 9%. En la actualidad el SPF tiene 11.490 presos alojados en todas sus dependencias. Su capacidad máxima para albergares de 12.198. Es decir: le sobran sólo 708 plazas.
La disponibilidad implica una ocupación a la fecha del 94,20% y para funcionarios del SPF expone “un sistema colapsado” que tiene como agravante, el incremento de la inseguridad.
En la denuncia que la Ciudad presentó en la Justicia denunciara sostienen que hay 538 presos que no son recibidos en las cárceles y que esa situación provocó el colapso de las 43 comisarías porteñas. Clarín ya había advertido esta situación el año pasado en plena pandemia. Incluso la gestión porteña cuenta con un fallo a favor de la justicia de la Ciudad.
Imagen del motín en el penal de Devoto en abril de 2020 en medio de la pandemis de coronavirus. Foto Lucia Merle.
Pese a ese fallo, la interventora del SPF y fundadora de Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rébori, decidió no recibir a los presos porteños
En el expediente se investigan si el Servicio Penitenciario cometió los siguientes delitos: Resistencia o Desobediencia a Funcionario Público y Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de Funcionario Público.
El vice jefe de Gobierno y Ministro de Seguridad porteño Diego Santilli presentó la denuncia contra el Servicio Penitenciario Federal.
En las comisarías y alcaldías porteñas, se alojan presos en condiciones insalubres: “Están hacinados en lugares donde no corresponde que estén, porque en los calabozos que son para la detención durante algunas horas no podés alojar presos sin un lugar apto para dormir, sin acceso a lugares para higienizarse, entre otros factores”, señalaron desde el gobierno porteño.
En su informe anual sobre la situación de los presos, Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la Ciudad de Buenos Aires, desde la gestión de Larreta sostuvieron: “Las alcaldías de la Policía de la Ciudad son establecimientos creados para el alojamiento transitorio de los detenidos. Por tanto no cumplen con los requisitos necesarios para el tipo de alojamiento prolongado que implica una prisión preventiva”.
La denuncia penal ahora recayó en el juzgado a cargo de Sebastián Casanello y el fiscal a cargo, Ramiro González, pidió al SPF que explique cuántos fueron sus ingresos desde mayo de 2020 hasta el mismo mes del año en curso.
La fecha no es azarosa, la justicia en el Contencioso Administrativo había estipulado un cronograma de ingresos de presos de la Ciudad a las cárceles federales: entre el 8 y el 15 de octubre de 2020, debían ingresar 100 personas, entre el 15 y el 22 de octubre, otras cien 100; del 22 al 29 de octubre, 100 más y del 29 de octubre al 5 de noviembre, otras cien personas. “Una vez finalizados dichos ingresos, deberá mantenerse un cupo mínimo de entre 60 y 70 ingresos semanales. Para ello, el Servicio Penitenciario Federal deberá adoptar los recaudos necesarios para su cumplimiento”, se había ordenado. Para la Ciudad, nada de esos se cumplió.
Según la respuesta oficial del SPF, los ingresos en ese lapso de tiempo, fueron de más de 3.100. Ante esa cifra, la fiscalía pidió un informe donde se especifique desde qué establecimiento público fueron realizados esos traslados a cada penal informado. Es decir, “que se brinden los datos precisos desde que división y/o fuerza de seguridad provenían cada uno de los internos que se detallaran en el cuadro referido y fueran identificados como total de ingresos”, explicaron fuentes judiciales a Clarín.
El ministerio de Seguridad porteño, busca que 538 internos estén alojados “en el lugar que corresponde, porque el Estado nacional está permitiendo que se violen sus derechos humanos con esta medida de no recibirlos”, indicaron fuentes del área a Clarín.
Fuente Clarin
