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El debate que la Organización de Estados Americanos iniciará este martes sobre Nicaragua es altamente sensible para el Gobierno.
Supo Clarín que hay predisposición a condenar la embestida del régimen de Daniel Ortega, quien en las últimas semanas ya metió presos a unos 13 líderes opositores. Varios de ellos son candidatos a las elecciones de este año en las que busca otra reelección. Pero la Cancillería guarda la decisión bajo hermético silencio.
Antony Blinken, el canciller de Joe Biden fue explícito en una llamada a su colega Felipe Solá, el viernes pasado. Le pidió que Argentina acompañe la resolución.
Para entonces había confusión porque trascendió desde el Gobierno que Alberto Fernández quería mediar para que Ortega liberara a los presos políticos, en un contexto donde Argentina en realidad no tiene juego por la falta de cercanía con los actores en conflicto. Solá tiene amistad con uno de los detenidos, el precandidato presidencial opositor Arturo Cruz.
Este lunes en el Gobierno había predisposición a acompañar la presión de la administración estadounidense a Nicaragua, lo que no tiene el mismo costo en la interna del Frente de Todo que si se condenan las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Para el caso, Cristina Kirchner nunca tuvo empatía con Ortega y su controvertida esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, a quienes les envió a Daniel Capitanich, hermano del gobernador de Chaco como embajador.
La Cancillería no quería dar detalles de su voto ante la resolución de condena a las recientes movidas institucionales de Ortega, que presentaron ante el Consejo Permanente de la OEA Canadá en representación de Brasil, Chile, Costa Rica, Paraguay, y Perú, más Estados Unidos por cuenta propia.
El representante de Argentina en la OEA, es Daniel Raimundi, un dirigente del círculo de Máximo Kirchner que defiende al régimen de Maduro, y se ha abstendo en condenas a Nicaragua.
Clarín obtuvo parte del texto de la resolución que lleva por título “La situación en Nicaragua”. Esta expresa preocupación por la reforma electoral del régimen que considera no compatible con los estándares internacionales de cara a las elecciones presidenciales de noviembre de 2021.
La misma condena expresamente los arrestos, el acoso y las restricciones arbitrarias a los potenciales candidatos, a los partidos políticos y a los medios independientes. Urge al gobierno a medidas que garanticen elecciones justas y que permitan observadores de la OEA y de otros organismos internacionales.
Una pista que dio señales de lo que podría votar Argentina la dio México este lunes con su crítica a los Ortega. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador expresó su preocupación por las detenciones perpetradas en Nicaragua contra los líderes opositores, entre los que está desde el fin de semana el ex vicecanciller sandinista Víctor Hugo Tinoco, al que Managua acusa de incitar “injerencia” externa.
“México ha seguido con preocupación las recientes acciones desplegadas por el Gobierno de Nicaragua”, expresó la Secretaría mexicana de Relaciones Exteriores en Twitter.
“México, con estricto respeto a su política de no intervención y autodeterminación de los pueblos, ha hecho saber al Gobierno de Nicaragua su preocupación por la integridad y libertad de los detenidos”, concluyó.
Sin embargo, lejos de ceder a los pedidos, el gobierno nicaragüense defendió los arrestos y exigió lo que llamó la “no injerencia de cualquier Gobierno extranjero” en sus asuntos internos. Y lo consideró un “ataque frontal” a su soberanía.
El propio embajador nicaragüense en la Argentina, Orlando Gómez, envió por email el pronunciamiento llamado “Nicaragua: En defensa de la soberanía nacional y el estado de derecho”, en el que se afirma no ser “una amenaza para ningún país del mundo”, y demanda el cese de las sanciones internacionales que en tiempos de pandemia, agrega, “eleva su ilegalidad al nivel de crimen de lesa humanidad”.
Para el Gobierno de Ortega se está “desarrollando un ataque implacable y sin precedentes en contra del pueblo y Gobierno de Nicaragua, impulsado por falsas narrativas propugnadas por medios de comunicación de la derecha y “figuras de la oposición” financiados por Estados Unidos”.
Fuente Clarin
