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A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el gobierno de Alberto Fernández le quitó un importante predio a la Ciudad de Buenos Aires, que le había sido cedido durante la anterior gestión. Esta resolución firmada por Martín Cosentino que dirige la AABE, se suma a la disputa entre el Estado Nacional y la Ciudad por una serie de terrenos valuados en 400 millones de dólares. Desde la administración porteña creen que la jugada es parte de un “ahogo financiero” que impulsa el oficialismo, y esperan recuperar esos inmuebles.
La Justicia ya falló en contra del jefe de gobierno porteño, y a la fecha son tres las cesiones cauteladas, que no le permiten a la Ciudad “recuperar fondos que ya se invirtieron en las obras, y que fueron cedidos porque la Nación tenía deudas por esos proyectos con el gobierno porteño”, indicaron fuentes allegadas a Horacio Rodríguez Larreta.
La metodología de firmar convenios para pagar con bienes del Estado nacional arrancó en 2016. Ese año se firmó un acuerdo entre el Gobierno nacional y el porteño, a través del cual el primero se comprometía a subastar predios en desuso para financiar obras públicas en la Ciudad. Esto contó con una decisión de la Legislatura, que autorizó a que en esos terrenos se edifique, así los remates resultaban más tentadores. Pero con una restricción: el 35% de la superficie se podía destinar a inversiones inmobiliarias; pero el 65% tenía que dejarse para apertura de calles y espacios públicos.
La información oficial de la AABE expone que con este mecanismo se obtuvieron 446,7 millones de dólares en 2017 y 134,7 millones en 2018. Se vendieron terrenos ferroviarios, garajes hasta baldíos y galpones militares. Y también incluyó (aunque no se llegó a subastar aún) un terreno donde estaba emplazada una conocida estación de servicio sobre Juan B. Justo y Honduras, que fue clausurada en marzo de 2018 y que se iba a incorporar al proyecto “Palermo Green”, por el cual se iba a urbanizar el predio del ferrocarril San Martín.
Pero a la pelea por inmuebles cedidos, el gobierno sumó un nuevo capítulo. La AABE firmó el 31 de mayo una resolución donde revoca una cesión de un amplio terreno donde se iba a avanzar con un proyecto comercial y residencial.
Todo inició cuando el Ministerio de Seguridad nacional pidió ante la AABE que se deje sin efecto el Permiso de Uso otorgado a favor del Gobierno de la Ciudad respecto a un inmueble propiedad del Estado, en jurisdicción de la Policía Federal.
El predio que se le quitó a Rodríguez Larreta se encuentra en el barrio de Belgrano y fue cedido -junto con otros- por el gobierno de Mauricio Macri el 26 de julio de 2019, a través de un decreto que autorizó la Agencia de Bienes del Estado. En aquella resolución, se autorizó a vender siete inmuebles del Estado Nacional: cuatro ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, dos en la provincia de Buenos Aires y uno en Córdoba.
En este caso puntual, el gobierno nacional fue a la justicia para impedir que Horacio Rodríguez Larreta avance sobre una manzana del barrio de Belgrano ubicada en Artilleros al 2000. Se trata de un inmueble de 12.503,52 m2, que según remarcó la resolución judicial, se encuentra bajo jurisdicción del Ministerio de Seguridad.
Según el detalle de la AABE, en esa propiedad se encuentran la Comisaría Comunal 13 A (Ex Comisaría 51); una playa de estacionamiento judicial; un espacio para la Banda Musical de la Policía Federal Argentina; la Flota de Infantería de la Policía Federal Argentina y un espacio para los Bomberos de la Policía Federal Argentina.
Como otras cesiones que se concretaron durante la gestión anterior, el gobierno de Alberto Fernández fue a la justicia. Fuentes oficiales remarcaron a Clarín que se buscó impedir “un mega emprendimiento inmobiliario”. El decreto con el que Macri había realizado la cuestionada cesión hablaba de un predio en el que convivían “usos dispersos tales como guardado de vehículos, comisaría y bomberos. El objetivo del proyecto es modificar los usos actuales, promoviendo la mixtura de usos acorde al entorno urbano inmediato y generar nuevos espacios públicos”.
La Ciudad impulsaba un proyecto de usos mixtos que incluía una porción comercial y otra residencial. El terreno se iba a dividir en un 65% para uso público y el otro 35% sería de uso privado. Por esta venta, el Estado Nacional esperaba recaudar aproximadamente 17 millones de dólares.
La AABE del actual gobierno denunció que la finalidad de ese mecanismo era “profundizar la política urbana desarrollada a través de las tres gestiones de Cambiemos: fomentar los negocios inmobiliarios en la Ciudad y financiar obras con la venta de bienes del Estado”.
Otras peleas por terrenos
La última disputa judicial entre Alberto Fernández y Larreta se dio por el convenio marco en materia de transporte ferroviario que data del 17 de octubre de 2007, cuando gobernaba el kirchnerismo. En ese documento, el Estado nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se comprometieron a realizar “sus mayores esfuerzos para garantizar y concretar soluciones eficaces para los inconvenientes que generaba el tránsito de los ferrocarriles (bajo jurisdicción nacional) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
La AABE fue a la justicia y consiguió la cautelar, que ya fue apelada por los asesores letrados de la Ciudad. Este convenio incluye seis inmuebles, cuya tasación asciende a 62.261.972 millones de dólares. Larreta espera ganar esa pulseada, en medio de la crisis económica general, las obras detenidas a raíz de la pandemia y la merma de ingresos por la quita de la coparticipación, todo atravesado por otro dato: un año electoral.
Por fuera de ese convenio, hay otro, conocido como el “Triángulo de Salguero”, se trata de predios en Palermo y Villa Crespo. En junio de 202 la justicia falló en contra del jefe del Gobierno porteño. Son de cerca de 31 predios del Estado nacional que se iban a conceder como método de cancelación de un préstamo de 175 millones de dólares. El mismo fue adquirido con la Corporación Andina de Fomento para el financiamiento de la obra del Paseo del Bajo. Parte del dinero se destinó a la construcción de los viaductos San Martín y Mitre-Tigre.
Por el momento, la Ciudad no podrá proceder sobre ese conjunto de inmuebles. “El problema es que la deuda está, el Gobierno nos quita los terrenos pero no cancela la deuda que mantiene con nosotros por las obras que sí realizamos con fondos propios”, se defendieron desde la administración de Rodríguez Larreta.
Hay otro conjunto de terrenos en Colegiales judicializados de la misma manera, por un valor -según la tasación que maneja la AABE- de 144.137.966 dólares.
Fuente Clarin
