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La reunión en la Superintendencia de Servicios de Salud ya había sido pautada desde hace por lo menos una semana. Sin embargo, la centralidad política de Cristina Kirchner obligó al anfitrión y a los empresarios de la Salud a conversar sobre la propuesta de la vicepresidenta para “integrar” el sistema sanitario público y privado.
El presidente de la Asociación de Entidades de Medicina Privada, Luis María Degrossi; el director del CEMIC, Hugo Magonza; Ricardo Lilloy, de la Cámara Argentina de Medicina Privada; y Gabriel Barbagallo, de OSDE; se fueron con la misma certeza del despacho del superintendente Daniel López. En el Ejecutivo no saben a ciencia cierta cuál es el modelo de integración al que pretende ir la ex presidenta.
Los empresarios agradecieron la amabilidad del reemplazante de Eugenio Zannarini en el organismo regulador de las obras sociales y prepagas. “No recibimos otra cosa que buen trato y acompañamiento. Entiende muchísimo cómo es el tema, pero tiene muy poca capacidad de dar vuelta una decisión o habilitar un aumento: es una decisión política”, explicó uno de los invitados al encuentro anticipado por Clarín.
Se referían a la negativa del Gobierno (y su falta de definiciones) ante el reclamo de las empresas de medicina privada para habilitar una actualización de precios, por la que la Unión Argentina de Salud recurrió a la Justicia para pedir una medida cautelar.
La estrategia judicial de los empresarios no sorprendió al Gobierno. Algunos de los dirigentes empresarios se lo manifestaron a Santiago Cafiero y a Carla Vizzotti la semana pasada. Curiosamente el jefe de Gabinete y la ministra de Salud respondieron sin demasiada precisión sobre el plan para integrar los sistemas a los que aludió Cristina Kirchner en La Plata. El primero dijo por ahora no hay ningún proyecto oficial en ese sentido. La segunda reconoció que se habla con todos los actores para recudir las fragmentaciones. Por lo bajo en la Rosada afirman que cualquier cambio de fondo quedará para después de los comicios.
¿A qué se referían? No lo sabían el superintendente López ni su gerente de Gestión Estratégica, José Pedro Bustos, uno tantos hombres de “los gordos” en el organismo oficial, presente en el encuentro. La reacción bifronte de los gremialistas, que se dividieron entre los que pusieron el grito en el cielo por la presunta avanzada kirchnerista sobre las obras sociales y quienes, como Hugo Moyano, le dieron luz verde a una posible reforma; no desconcertó a los empresarios. “Es gente que lee en la niebla, fuman abajo del agua”, señaló un dirigente empresario.
Los directivos de las empresas sostienen que ellos mismos representan apenas un sector mínimo de más del 60 por ciento de argentinos que se atiende en el sistema privado: 6,5 millones de afiliados, de los cuales 4,5 millones tercerizan aportes.
Cafiero, Vizzotti y el superintendente López no son los únicos funcionarios que mantuvieron contactos informales con los empresarios de la salud. El ministro de Trabajo Claudio Moroni acaba de convocarlos para el próximo martes a una audiencia exclusiva para analizar las paritarias del sector. “A veces sirven las reuniones más pequeñas”, explican en el ministerio. La semana pasada hubo otro encuentro, en el que participó Héctor Daer, secretario general de Sanidad y de la CGT. Los empresarios aseguran que sin un aumento para la medicina privada es imposible pagar a los trabajadores de la Salud.
Creen que ese malestar puede convertirse en una presión para que el Gobierno llegue a una solución: ¿correrá el riesgo el Ejecutivo de compartir la responsabilidad con empresarios y sindicalistas de un sueldo atrasado para quienes se desde hace 15 meses en la primera línea de fuego a la pandemia? ¿En pleno año electoral en el que el Gobierno insisten en que los sueldos superarán a la inflación?
Cerca de Moroni admiten que los privados ya plantearon su imposibilidad de cubrir aumentos salariales si no sube la cuota. “No tenemos el detalle de los costos de las empresas”, avisan. Ese número si lo maneja el superintenente López, pero -otra vez, como dicen las prepagas- la solución es política.
Los empresarios no tienen un optimismo ciego. Saben que ni su reclamo ni su sector son “populares” y que tampoco los políticos opositores levantarán su bandera de cara a las elecciones. El ministro de Salud porteño Fernán Quirós se refirió a la propuesta de la vicepresidenta; una novedad con respecto al año pasado. El jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta guarda silencio.
Además de la pata judicial y de comunicación (que inauguraron con una conferencia de prensa), los empresarios de la Salud apuestan a una solución política. Este jueves enviarán una carta a las autoridades de las dos Cámaras del Congreso, Sergio Massa y Cristina Kirchner, para exponer la situación del sector ante los legisladores, como anticipó este diario.
El miércoles el presidente de la comisión de Salud de Diputados Pablo Yedlin, un hombre del gobernador de Tucumán Juan Manzur, defendió los argumentos de la vicepresidenta, pero sin dar precisiones, igual que el presidente Alberto Fernández en Salta, este jueves, frente al monumento de Martín de Güemes. “A 200 años de su muerte, le juro al general que en medio de la pandemia voy a trabajar incansablemente para que la salud de cada argentino y argentina esté preservada”, sostuvo sin meterse de lleno en la letra chica de su promesa al prócer.
“Los mayores costos por la pandemia no se pueden trasladar solamente a la cuota. El Estado tiene que hacerse cargo; no solamente con subsidios”, reclama Magonza, del Cemic, que prepara una propuesta para que todo el personal médico reciba una gratificación -a cargo del Estado- equivalente al 50 por ciento del sueldo de una enfermera por los esfuerzos en la pandemia.
Los empresarios recuerdan los cierres de clínicas en Córdoba y en la Provincia apuntan contra el IOMA que conduce Homero Giles, que ya se expresó en sintonía con la vicepresidenta. “La mecánica es la misma: primero te retaceo los fondos, después no te pago y después te compro (por poco)”, sostienen. Empresarios y sindicalistas también reclaman reformas profundas, pero que los beneficien: reclaman un un Plan Médico Obligatorio que sea “sostenible”.
Fuente Clarin
