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La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) repudiaron este viernes el procesamiento que el juez subrogante de Dolores Martín Bava dictó contra el periodista de Clarín Daniel Santoro.
“El procesamiento de un periodista por hechos ilícitos de sus fuentes, sin que exista prueba clara de algún tipo de complicidad, constituye una forma de censura que desincentiva la investigación periodística y limita la información disponible para la ciudadanía”, subrayó ADEPA.
Por su parte, FOPEA dijo que el procesamiento es parte de una “campaña” del oficialismo para desacreditar a Santoro y a todo el periodismo profesional.
En un comunicado ADEPA afirmó que el procesamiento, que reflota una medida del ex juez de Dolores Alejo Ramos Padilla anulada por la cámara federal de Mar del Plata, “revela discrecionalidad al interpretar las pruebas de la causa escogiendo, entre decenas de explicaciones posibles, solo aquella que resulta compatible con su decisión preconcebida de procesar al periodista”.
La cámara federal marplatense en diciembre pasado anuló los procesamientos que Ramos Padilla dictó contra Santoro en la causa D’Alessio y reivindicó la libertad de expresión y el rol del periodismo de investigación. Sin embargo, el juez Bava fue contra esa posición.
“Los periodistas deben responder ante la Justicia, como todo ciudadano, por cualquier acto ilícito que cometan”, agregó el comunicado.
Pero “es inaceptable que las relaciones entre un periodista y sus fuentes sean interpretadas presumiendo mala fe o la participación del periodista en hechos delictivos cuyo conocimiento no se encuentre acreditado con razonable certidumbre”, destacó ADEPA.
La entidad puso de manifestó que “una resolución judicial como la adoptada en el caso Santoro está reñida con los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional y con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
Por su parte, FOPEA repudió “la constante campaña de claro direccionamiento político” contra Santoro “en la que están involucrados importantes dirigentes políticos, abogados del poder y jueces de clara alineación oficialista”. El nuevo procesamiento “es un nuevo escándalo institucional”.
FOPEA, que reúne a unos 600 periodistas de todo el país, afirmó en un comunicado que “esta campaña está basada en asociar al periodista Santoro con las actividades de una de sus cientos de fuentes, como tiene cualquier profesional de su trayectoria”.
“Una vez más repetimos que los delitos realizados por la fuente no pueden ser atribuibles a un periodista. De esa forma, se vuelve a criminalizar la labor periodística. Si cada periodista le tiene que pedir un certificado de antecedentes penales a su fuente para poder relacionarse con ella, el periodismo no sería practicable“, advirtió la entidad que preside el profesor Fernando Ruiz.
“El periodista siempre debe recibir la información de muy diversas fuentes, y muchas veces en la historia argentina y en la de otros países, la información de enorme interés público ha sido conocida gracias a fuentes informativas de comportamiento dudoso. Además, ha quedado en claro en toda la investigación realizada que Santoro no tenía ningún conocimiento de las actividades que realizaba su fuente, más allá de la información que le brindaba”, subrayó.
Luego subrayó que “acusar de extorsión a un periodista que publica información de interés público es una agresión al ejercicio del periodismo. Además, teniendo en cuenta que gran parte de esa información ya había sido publicada por otros periodistas anteriormente”.
A pesar de que la Cámara Federal de Mar del Plata había revocado el procesamiento dispuesto por Alejo Ramos Padilla, el anterior juez federal, de reconocida filiación oficialista, su reemplazante, “el doctor Martín Bava, también de reconocida filiación política oficialista, insiste con un nuevo procesamiento y mantiene los embargos sobre los bienes del periodista, que ya llevan dos años, a pesar de que esos mismos jueces han reconocido que no hubo ningún tipo de enriquecimiento por parte del periodista“.
Esta campaña “de acoso legal y en redes sociales generada por distinguidos referentes oficialistas contra el periodista Daniel Santoro constituye un ataque directo al periodismo profesional al que se prestan y del que participan funcionarios judiciales”.
La cabeza de esta campaña “para destruir la reputación de un periodista es política y es una estrategia para penalizar la libertad de expresión y amedrentar la investigación periodística, una de las bases informativas esenciales de la democracia”.
Estas campañas aumentan “el descrédito del gobierno en su compromiso con la libertad de expresión, pues los principales voceros de las mismas son renombrados representantes del oficialismo, algunos con acceso permanente al Presidente de la Nación”.
“Si el oficialismo desea mostrar su interés en la defensa del periodismo, tiene la oportunidad de demostrar que es así repudiando este procesamiento. De lo contrario, nada de lo que afirme sobre la libertad de expresión será creíble”, finalizó FOPEA.
Fuente Clarin
