¿De qué hablamos cuando hablamos de Nicaragua?

Nicaragua le acaba de sumar una cuota adicional de anarquía a una región en caos. Lo ha hecho con una operación de aniquilamiento de la oposición con el formato definido de un golpe, que es lo que sucede cuando se interrumpe el sistema institucional.

Desde hace casi tres lustros Nicaragua ha experimentado con el actual régimen encabezado por Daniel Ortega, una democracia más que imperfecta, represiva y censuradora pero con algún movimiento de oposición política en funcionamiento.

Este próximo noviembre, en las elecciones nacionales, justamente, una líder disidente,Cristiana Chamorro, se perfilaba para alcanzar el gobierno y evitar un cuarto mandato consecutivo del régimen autoritario actual.

Esta mujer, periodista, hija de la legendaria ex mandataria Violeta Chamorro, fue arrestada el 2 de junio último en el inicio de una ordalía de detenciones sin causa que ya incluye a 14 líderes políticos, entre ellos otros tres candidatos a la presidencia. Con esa operación el comicio quedó desierto de opositores.

El polémico gobierno de Ortega los acusa de crímenes contra la soberanía nacional, un lenguaje precario con resonancias de las tinieblas de la Guerra Fría. La proscripción de la oposición, con cualquier argumento, es típico del golpismo. Ese término define el suceso tanto se trate de una rebelión contra las autoridades o desde ellas para anular a sus críticos y a propio sistema.

Esta violencia contra las instituciones no es nueva en la región o el resto del mundo. Es un sello conocido del régimen chavista que ha censurado a las principales figuras de la disidencia en las últimas elecciones presidenciales para asegurarse una victoria que de todos modos debió ser maquillada. Lo mismo sucede en Irán, Chad o Rusia. Países como Argentina que han padecido extensas dictaduras militares y modelos autocráticos conocen en detalle esos comportamientos y lo que implican para las libertades individuales.

Ortega ha acelerado la manda autoritaria por dos razones. En principio la cercanía de las elecciones y el temor a un creciente repudio que abreva en una crisis económica que arrasa a la gran mayoría pobre del país. Esa furia social hace tres años dejó en la morgue a por lo menos 450 personas y lanzó otras cien mil al exilio que se atrevieron a querellar en las calles al despotismo reinante.

La otra razón es la percepción de que no habría límites en la región y, particularmente desde Estados Unidos, país con el cual el orteguismo ha tenido un comportamiento ambiguo y por momentos condescendiente. Dos años después de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el autócrata nicaragüense se abstuvo de defender a su socio venezolano en una votación clave de la OEA que cuestionaba el trámite de las elecciones de 2018 del experimento chavista.

Uno de los disidentes actualmente detenido, un ex compañero de armas y luego opositor al orteguismo, el comandante Hugo Torres, fue quien se preguntó por entonces qué pasó en la OEA. “¿Dónde quedó la solidaridad incondicional con Venezuela?… ¿Tienen temor de irritar al imperio?”

En ese coqueteo, el régimen de Managua también archivó la faraónica operación con una corporación china que se proponía construir un canal que cortaba en dos a Nicaragua, al estilo del panameño, obra cuestionada por Washington y que iba a darle cien años de control de ese pasaje a la República Popular.

Los gestos se coronaron con la participación del ejército de Ortega en las maniobras militares Panamax, una cita anual que patrocina Estados Unidos para ejercitar juegos de guerra con una veintena de país, incluyendo a Gran Bretaña, para proteger el Canal de Panamá de un eventual ataque.

En la mira

Esas actitudes se han ido moderando desde antes de la salida de Trump de la Casa Blanca y se han extinguido ahora casi totalmente. Han sido reemplazadas por una acción con contornos que parecerían hasta desafiantes. Chamorro fue arrestada cuando el canciller de Joe Biden, Antony Blinken, se encontraba en Costa Rica discutiendo la creciente erosión de la democracia en la región, particularmente en América Central.

Los otros candidatos y dirigentes fueron detenidos cuando la vicepresidente Kamala Harris realizaba una gira por Guatemala y México para tratar la compleja cuestión de la inmigración y tras sostener que la independencia judicial es un factor clave en la democracia.

Ortega, por supuesto, ha apelado a su decorado revolucionario y al imperialismo como coartada para arrasar con la oposición. Pero este régimen que ha secuestrado a Nicaragua también ha falsificado esa identidad. Es un modelo nacionalista, autoritario, que, por ejemplo, ha mantenido una fluida relación con el FMI, organismo que acaba de avalar que Managua expanda su déficit si fuera preciso para “contener el impacto económico de la pandemia”. 

En medio de la brutal crisis atada a la pandemia del año pasado, la empobrecida Nicaragua logró una sorprendente alza de 9,5% de su canasta exportadora, un número sin paralelos en la región. Casi inexplicable si no fuera porque Ortega lo logró manteniendo totalmente abierta la economía, ignorando los costos humanos de la pandemia. En ese mismo período, y pese al desastre sanitario, redujo el gasto social per cápita a 190 dólares desde los ya magros 207 dólares previos, un ajuste destinado a proteger su superávit fiscal.

Las demandas

Contra esas inequidades se produjeron los alzamientos de 2018, que tuvieron los mismos tonos de demanda de un cambio de las reglas que experimentaron Chile o Ecuador en 2019, unos años antes Venezuela y últimamente Colombia. La enfermedad ha agigantado ese océano social. Se perdieron más de veinte mil puestos de trabajo. En su mayoría en negro, que es la característica casi total del empleo en Nicaragua.

Represión y ajuste han ido de la mano. Un informe de Freedom House de 2019, emparentaba el escenario de violación de derechos humanos del país centroamericano con los durísimos informes que elaboró la alta comisionada de DD.HH. de las Naciones Unidas, la socialista Michelle Bachelet, sobre Venezuela.

“El retroceso democrático de Nicaragua es evidente –sostenía el reporte-, entre otras formas, en la tenencia de cientos de prisioneros políticos, arrestados por fuerzas paramilitares controladas por el gobierno de Ortega y Rosario Murillo (la esposa y vicepresidente), por protestar contra el régimen”.

Cuando se produjo el arrasador terremoto de 1972 que destruyó Managua y causó cerca de 20 mil muertos en apenas 30 segundos, la familia Somoza que regía el país se robó la ayuda internacional y dejó a su suerte a las víctimas del desastre. Ortega, que combatió en su momento a esa casta de dictadores, ha seguido ahora el mismo camino, ignorando el destino calamitoso de decenas de miles de personas que han quedado a la intemperie por los dos devastadores huracanes que sacudieron al país en noviembre pasado.

Nicaragua fue uno de los países más afectados por ese fenómeno, que dejó en ruinas a más de medio millón de personas en la costa norte del Caribe, incluyendo una gran porción de niños. Un informe de Unicef expone con claridad la ausencia del Estado frente a esa pesadilla. La única agua potable “es la que se recoge de la lluvia”, no hay alimentos ni sanidad. El régimen de Ortega y su extravagante esposa, solo les ha enviado a los sobrevivientes algunas chapas y un puñado de clavos.

En esas regiones radican pueblos originarios, siempre presentes en el palabrerío oportunista de la autodenominada progresía latinoamericana, como los indígenas miskitos. Parte de ese universo abandonado.

La abstención reciente de Argentina junto a México y otros tres países, en la condena de la OEA contra el régimen nicaragüense, denota por lo menos una abismal ausencia de lectura y de información sobre de lo que realmente se trata este asunto.

La política exterior, dice Kissinger, es el arte de establecer prioridades. Es decir se actúa en tanto el resultado sea en beneficio del interés nacional, que es una de esas prioridades, posiblemente la más relevante. En un tono coherente con la confusión generalizada de esta etapa, no queda claro qué beneficio otorga la abstención.

Cualquier intención de diferenciarse, como se ha especulado como argumento para defender esos posicionamientos, se disuelve porque para diferenciarse se necesita fortaleza y autoridad. De eso carece la política internacional argentina lo que vuelve, además, ilusoria cualquier posibilidad de mediación, como pretende nuestro país, en las distintas crisis latinoamericanas.

México, que en gran medida dirigió la postura de Buenos Aires sobre la votación, recorrió con esa actitud un sendero ya tradicional que esgrime la no intervención en asuntos internos de otros países como pretexto para evitar las condenas de los abusos.

Pero en este caso, la intervención no violaría los límites de la no injerencia, porque se trata de un golpe contra las instituciones y las acciones de denuncia tienen como propósito impedir que ese tipo de movimientos autoritarios contamine al resto de la región. El interés nacional, justamente.

La Carta Democrática de la OEA obliga a ese procedimiento. Incluye “un mecanismo de acción colectiva en caso de que se produjera una interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional democrático (lo que acaba de suceder en Nicaragua) o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno democráticamente electo”. Y en su artículo 23 remarca que “los Estados Miembros son los responsables de organizar, llevar a cabo y garantizar procesos electorales libres y justos”. 

Cuando se produjo el golpe contra Hugo Chávez en Venezuela, encabezado por el empresario Pedro Francisco Carmona y con el entusiasmo de José María Aznar desde España o del FMI desde Washington, todo este espacio de nacionalidades se encrespó. El nuevo régimen venezolano detuvo al caudillo bolivariano, proclamó al nuevo mandamás y de inmediato cerró el Parlamento y la Corte Suprema.

Hubo en aquel momento una efectiva reacción encabezada por Buenos Aires y México para denunciar la asonada porque configuraba la reencarnación de los golpes militares de la larga noche de los ’70. No se podía permitir ese regreso. Es difícil advertir qué parte de eso mismo que está ocurriendo ahora en Nicaragua no se logra entender.

Un dato a favor del autoritarismo de Ortega es que su falsificación ideológica es coherente con una región donde ya no quedan rastros de esa supuesta de izquierda real o del viejo socialismo. Solo simuladores. En esa vereda desierta sucede lo que ocurre en los parajes abandonados, inevitablemente se llena con lo peor.  
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