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La actuación de Alejo Ramos Padilla como juez en Bahía Blanca sigue en la mira. El fiscal Gabriel González Da Silva aguarda la respuesta a una serie de medidas de prueba para definir si abre o no un proceso por abuso de autoridad al ex juez federal de Dolores, ahora a cargo del clave juzgado federal 1 de La Plata, con competencia electoral en toda la provincia de Buenos Aires.
Empleados del juzgado federal 1 bahiense hablaron de “presiones psicológicas”, “amenazas” y “aprietes” durante el período que el juez subrogó allí entre junio y diciembre de 2015. En las declaraciones testimoniales que brindaron ante la Cámara Federal de Bahía Blanca y el fiscal, hubo quienes describieron como una virtual “intervención política” la gestión interina de Ramos Padilla.
Una secretaria dijo sentirse “intimidada” por el juez y encuadró como “acoso laboral” la sobrecarga horaria que le impuso, con obligación de asistir durante la feria judicial. Otra funcionaria relató que debía trabajar “diariamente de 8 a 20 y hasta sábados y domingos” para cumplir con lo exigido desde el despacho principal de Alsina 317.
Ramos Padilla desembarcó allí en reemplazo de Santiago Ulpiano Martínez, impulsor de una causa por facturas truchas contra Lázaro Báez. Lo dispuso la mayoría K de entonces en el Consejo de la Magistratura. Ese organismo, junto a la Procuración de la Nación, liderada entonces por la fundadora de Justicia Legítima Alejandra Gils Carbó, autorizó además el envío de empleados para asistir a Ramos Padilla, durante su interinato.
El propio juez incluso se trasladó con colaboradores desde Dolores. Hacia algunos de esos “empleados foráneos” apuntaron los testimonios de los miembros originales del juzgado bahiense. Mujeres afirmaron que no se les respetó el tiempo de lactancia y otras que, como contratadas, dijeron sentirse amenazadas con que les cortarían el vínculo laboral, sino cumplían.
Contra una de esas declaraciones avanzó el fiscal al imputar por falso testimonio a una empleada de la secretaría de Derechos Humanos del juzgado. En un sumario interno que abrió el propio Ramos Padilla apenas asumió en el cargo, la mujer había descripto como “caótica” y “sin directriz” la situación en el área en la que se desempeñaba.
Tres años más tarde, se rectificó y dijo que había declarado “bajo coacción y miedo” a perder el cargo que ocupaba. Afirmó que durante el interinato se sintió “insegura” y fue sometida a “aprietes y presiones psicológicas” que la llevaron incluso a plantear su renuncia.
“Se entendía que todos éramos funcionales al juez y al secretario anterior” describió sobre el clima que vivían ella y sus compañeros durante la gestión de Ramos Padilla. Al juez dijo que apenas lo vio, pero apuntó contra colaboradores que lo acompañaban, uno de los cuales, dijo, iba armado.
El defensor oficial Gabriel Jarque planteó la invalidez de la primera declaración testimonial que hizo la empleada ante un colaborador del juez y por ende, de la acusación por falsedad ideológica. Por eso, cuando González Da Silva la citó a declaración indagatoria, su abogado le recomendó que se negara a responder.
“Las actas en las que constaban sus dichos no tenían calidad de juramento de ley, ni tampoco surgía con claridad quien las había firmado” reveló a Clarin, una fuente judicial, sobre la forma en que se desarrolló el sumario dispuso por Ramos Padilla.
Por eso el juez federal Walter López Da Silva, hoy titular del juzgado federal 1, la sobreseyó. Así, dejó como único testimonio válido de la empleada el que apuntó contra la gestión de Ramos Padilla y sus colaboradores. Va en línea con lo que declararon sus compañeros ante la Cámara y el fiscal.
En base a esos dichos y otras pruebas solicitadas deberá expedirse ahora González Da Silva. Desde la fiscalía ante el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca adelantaron que no habrá apelación a la decisión del juez que entonces quedará firme.
La intención es avanzar pronto sobre la causa de fondo, es decir, si se abre una investigación por abuso de autoridad y amenazas durante el interinato de Ramos Padilla. “Depende de cuando lleguen las respuestas a los oficios ya despachados, pero la intención es resolverlo dentro de un mes” dijo un vocero de la fiscalía, en la que González Da Silva actúa como subrogante desde 2017.
Fuente Clarin
