Otra vez la desolación del centro porteño, desierto por la pandemia y la crisis, se interrumpió con una multitudinaria manifestación de organizaciones sociales de izquierda y opositoras nucleadas en el Frente de Unidad Piquetero que marcharon hasta el ministerio de Desarrollo Social para exigir una reunión urgente con Daniel Arroyo. Con réplicas en varias provincias, centenares de columnas de militantes que cortaron el tránsito, accesos y cortes programados, se trató de una de las principales protestas contra la administración de Alberto Fernández en sus 18 meses de gestión. Reclaman desembolsos de comida para los comedores, el regreso del IFE y la ampliación de los planes de empleo.
El nombre del cargo de Pablo Pais es elocuente: director de ayudas urgentes. Es un interlocutor permanente con las organizaciones sociales y fue el funcionario que buscó hasta último momento desactivar las protestas.
Pais, militante de San Fernando, informó a referentes de organizaciones el cronograma del envío de los bolsones de alimentos que “las orgas” reclaman para los miles de comedores comunitarios que administran. Los esfuerzos el funcionario fueron en vano.
El 12 de mayo pasado, Arroyo había logrado que el frente piquetero levantara la protesta que este viernes llevó a cabo. Se dio marcha atrás con la baja de beneficiarios del Potenciar Trabajo, se sumó a otros y prometió que abogaría para la vacunación de los trabajadores de los comedores. En el medio, el Gobierno desembolsó $36 mil millones para ampliar la cobertura y los montos del programa de la tarjeta alimentaria. El jueves anunció el pago de un bono de $6 mil para el millón de beneficiarios del salario social complementario ($12.204).
Durante su primer año y medio a cargo del Ejecutivo, el Presidente duplicó los planes de empleo. El 10 de diciembre de 2019 había cerca de 570 mil beneficiarios; hoy ya son más de un millón. En el medio de la crisis vino la pandemia. El IFE llegó con la primera ola y se fue con la segunda. Las protestas van en aumento. El Polo Obrero ya anunció que si el Gobierno no los atiende, realizarán un acampe la semana que viene.
Marcha de organizaciones sociales por la Avenida 9 de Julio. Foto: Julian Mayer
Las organizaciones afirman que Arroyo, uno de los tantos que suena como candidato del oficialismo en la Provincia, no cumplió su palabra. Piden soluciones, porque consideran que la ayuda social es insuficiente con los niveles de pobreza actuales y mientras el Ejecutivo cosecha un aumento sostenido de la recaudación. “Queremos que vuelva el IFE. Lo cobraban nueve millones de personas y el Potenciar Trabajo nada más que un millón. Es alevoso, solo se mueven las cosas cuando nos movilizamos”, dice Silvia Saravia, de Barrios de Pie-Libres del Sur, la organización que se acaba de sumar al armado electoral de Florencio Randazzo, un detalle que señalan en despachos oficiales.
Arroyo no recibió a los líderes de las agrupaciones que exigían una reunión. En el Gobierno muestran sus números de asistencia social y argumentan que las organizaciones de izquierda buscan disputarse la visibilidad entre ellas (lo que multiplica las marchas) y de cara a sus respectivas apuestas electorales. Subrayaron, también, que la movilización fue desmedida en el medio de la segunda ola de contagios, en un día frío, y un mes después de que el ministro los recibiera.
Los referentes de las organizaciones opositoras aseguran que en cientos de comedores solo llegaron la mitad de las entregas de bolsones de comida prometidos. “Los aumentos de la tarjeta alimentaria van a parar a las ollas populares”, insiste Saravia. Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, denunció amenazas a sus militantes en La Matanza.
Las organizaciones que se movilizaron apuntaron contra el secretario de Economía Social Emilio Pérsico, líder del Evita, porque aseguran que beneficia con entregas, el alta de planes y ayuda directa a las organizaciones sociales que están en el Gobierno. Lo mismo dicen de la secretaria de Inclusión Social Laura Alonso, de La Cámpora. El intendente peronista de Esteban Echeverría Fernando Gray, enfrentado a la organización de Máximo Kirchner, también denunció que discriminaban a su municipio en la entrega de alimentos.
Con la proximidad de la campaña, los movimientos sociales del oficialismo decidieron suspender sus cuestionamientos públicos al Ejecutivo, luego de críticas a la Tarjeta Alimentar y a las demoras en la vacunación de los trabajadores de los comedores.
Funcionarios de cuatro ministerios nacionales (Seguridad, Interior, Desarrollo Social y Trabajo) monitorean la conflictividad social en todo el país. Para eso se formalizó una mesa de trabajo que supervisa el jefe de Gabinete. Las protestas amenazan con convertirse en otro actor de la carrera electoral.
Fuente Clarin
