Cada vez más protestas en todo el país: Alberto y Cristina saben que la sociedad está perdiendo la paciencia

La vicepresidenta Cristina Fernández estaba convencida, al menos hasta hace pocos días, que mayor parte de la sociedad argentina era muy comprensiva con el Gobierno. Le transmitió varias veces esa impresión al presidente Alberto Fernández. El sentido del mensaje es doble. Puede ser positivo: existiría un sector de la ciudadanía que mantendría un vínculo de concordia con el poder K. Pero el escenario en que ella piensa es potencial y en contrario.

Esa armonía entre el “palacio y la calle” podría empezar a fracturarse. Ese análisis preocupa ahora a los jefes reales del Frente de Todos. Los conflictos en la vía pública, incluidos reproches a funcionarios que participan de actos oficiales, se suceden cada vez con más frecuencia. Las movilizaciones de organizaciones sociales copan la avenida 9 de julio, en la que se levanta el Ministerio de Desarrollo Social, objetivo de sus reclamos, son más numerosas y habituales. El relativo sosiego con el que analizaban el panorama social los Fernández cambió. El país cambió.

La mitad de la población vive bajo la pobreza. La inflación sube y es del cuarenta y ocho por ciento si se la calcula de modo interanual respecto a mayo pasado. El cierre de empresas sobrepasa cifras de a decenas de miles si se cuentan compañías de estructuras relevantes y también las pequeñas y medianas. La pandemia continúa su expansión con más o menos intensidad. Los muertos en el país por el Covid-19 son más de ochenta y ocho mil. Se infectaron y sobrevivieron tres millones ochenta y tres mil.

Según pudo reconstruir Clarín de fuentes de total confianza de Fernández (Cristina), la vice se alarma ante un futuro que intenta evitar: “Alberto, a la gente no le alcanza la guita”, le habría repetido al Jefe de Estado. Hace dos semanas que diferentes acontecimientos indican que la benevolencia de un sector de la sociedad que la vice percibía armónica empezó a modificar su ánimo y salió a hacer escuchar sus problemas. La “calle”, territorio dominado en el sentido político históricamente por el peronismo, empieza a escaparse del control de las autoridades. El Presidente fue abucheado en los actos por el 200 aniversario de Martin Miguel de Güemes en la provincia de Salta. El gobernador de Buenos Aires, Axel Kiciloff, debió dar un discurso de inauguración de un camino vial, en Junín, escuchando el ruido de bocinas de autos sostenido a modo de protesta por diferentes reclamos de los vecinos de esa localidad. Fernández (Alberto) canceló su presencia en un acto en la localidad bonaerense de Pergamino. Un grupo de productores agropecuarios esperaba para protestar en su contra.

En la Casa Rosada aseguran que el Jefe de Estado suspendió ese presentación por cambios en su agenda. Aunque no se desconfíe de esa versión, los hechos son hechos: los manifestantes igual estaban allí porque se había anunciado la terminación de un tramo de la Ruta Nacional 8. Es una obra que beneficiaría a esos mismos ruralistas enfurecidos. No eran muchos. Pero allí se quedaron. El acto estuvo a cargo de uno de los ministros en los que el Jefe de Estado más confía, el titular de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

Los reclamos súbitos, organizados por aparatos políticos con maldad para dañar a enemigos, o genuinos, llegan también a autoridades de la oposición. En la última conferencia de prensa para anunciar las nuevas aperturas en medio de la pandemia que lideró el jefe porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se escuchaban de fondo, mientras él hablaba, bombas de estruendo. En la puerta de la sede de Gobierno de la Ciudad se habían reunido dueños de comercios ahogados por las medidas para intentar frenar la peste, pero que terminaron por afectar sus negocios.

Según un estudio de la consultora Diagnóstico Político, que releva desde el 2009 la cantidad de protestas callejeras que se suceden a nivel nacional, durante el mes de mayo pasado, “fue especialmente notable el aumento de protestas de organizaciones sociales y de grupos de vecinos, en contra de las restricciones. A nivel de distribución de los cortes por provincias, se repitieron los picos en Buenos Aires, Misiones, Neuquén y Santa Fe, sumándose Chubut”. El informe agrega que “las organizaciones sociales escalaron al primer puesto, seguidas por los grupos de desocupados”. Y que también fueron protagonistas de diversos reclamos los identificados como “privados”. Seguidos a su vez por ciudadanos llamados por ellos mismos como autoconvocados”.

El director de Diagnóstico Político, Patricio Giusto, explicó a Clarín que “a medida que se acerquen las elecciones, las marchas seguramente irán en aumento, con epicentro en la Capital Federal”. Y agrega que el “contexto económico y social es peor al de años anteriores”. Según él, las protestas están “politizadas” y remarca que existen diferencias entre movimientos sociales y gremios “unos se movilizan y otros no”. El analista agrega que ésta situación se produce por las “internas profundizadas del Frente de Todos”.

El viernes pasado, cuarenta agrupaciones sociales y piqueteras se movilizaron hacia el Ministerio de Desarrollo Social. La 9 de julio parecía repleta. Entre otros movimientos que juntaron alrededor de veinte mil personas -el cálculo es extraoficial- se encontraban el Polo Obrero que se referencia en el dirigente Eduardo Belliboni; Barrios de Pie-Libres del Sur; y el Frente de Organizaciones de Lucha.

El poder de movilización de estas estructuras fue potente. Lo admiten fuentes del Gabinete que aceptan que, entrado el año electoral, en crisis económica y con alta inflación, estas protestas se repetirán. Igual que los reclamos a funcionarios que entrarán a “caminar” los territorios ya iniciada la campaña electoral.

Aunque la imagen que centralizó la atención de la opinión pública informada fue la de la multitud que llenó parte de la 9 de julio, la protesta del viernes se reprodujo, a escala y con dirigentes métodos de reclamo, como piquetes, en Córdoba, Formosa, Corrientes, Santa Cruz, Santiago del Estero, Santa Fe, Chaco, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Entre Ríos, San Juan, La Rioja, Misiones e incluso Tierra del Fuego.

El Ministerio de Desarrollo Social, al mando de Daniel Arroyo, aumentó la ayuda social y ejecutó alrededor de 730 mil millones de pesos en diferentes programas sociales y de asistencia más directa a conflictos particulares.

Fuentes del organismo explicaron que a la última gran marcha de las agrupaciones de izquierda no le encontraron explicación porque ese mismo día el ente había transferido seis mil pesos a un millón de beneficiarios del plan Potenciar Trabajo (que financia a cooperativas), y además se cargaron las tarjetas Alimentar, que utilizan cuatro millones de personas para comprar alimentos con 18 mil millones de pesos en total.

El dirigente Belliboni insiste en que el dinero no alcanza, por más buena voluntad que pongan en Desarrollo Social porque la situación se vuelve cada vez más crítica: la inflación no cede, entre otras problemáticas que elevaron en la protesta pasada. El tema se complejiza no solo por la crisis y la falta de presupuestos para cubrir las necesidades de una mitad del país en la pobreza.

El ministerio que lidera tiene diferentes Secretarías que controlan quienes hasta hace unos años estaban también en la calle encabezando protestas. La Secretaría Económica está al mando de uno de los líderes del Movimiento Evita, Emilio Pérsico.

En el organigrama, debajo de ese cargo, tiene también un puesto el ex líder de Barrios de Pie, Daniel Ceballos. La Secretaría de Política Alimentaria es administrada por Laura Alonso, una de las dirigentes más importantes de La Cámpora. La Secretaría de Integración Urbana, que se encarga de mejorar los barrios populares con infraestructura, tiene como jefa a Fernanda Miño. Milita con el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos, Juan Grabois.

Las internas entre éstos y otros funcionarios existen. Manejan presupuestos multimillonarios con intereses cruzados. Pero la calle empezó a cambiar no solo por los afectados por la pobreza.

Además de quienes reclaman por cuestiones relativas a la pandemia, otros sectores enfrentados con el Gobierno, como el de los productores rurales, está cada vez más activo. ¿Será por el enojo de los ruralistas santafesinos que hoy el presidente no estará presente en el aniversario de la Creación de la Bandera, en Rosario? Las agrupaciones agrarias, o al menos sus bases más sólidas, preparan una movilización y protestas para un fecha concreta y simbólica: el 9 de julio. Día de la Independencia.

¿Viajará el Jefe de Estado a Tucumán, sede histórica de esa celebración patria? Tal vez lo esperen allí más protestas en contra del Frente de Todos. Su vice no suele acompañarlos a eventos de ese estilo.

Fuente Clarin