El oficialismo intentará darle media sanción en la Cámara de Diputados a la nueva ley de biocombustibles en los “próximos 10 días”, dijeron a Clarín en el bloque del Frente de Todos.
Las mismas fuentes indicaron que por los punteos que realizaron entienden tienen los votos -y el quórum- para avanzar con la iniciativa que impulsa Máximo Kirchner y que es resistida, aunque en voz baja, por legisladores del propio oficialismo.
En la oposición coinciden en el pronóstico de que el bloque oficialista tiene el número para avanzar con la ley, sobre todo porque hay diputados de Juntos por el Cambio que ya dieron señales de que acompañarán la iniciativa
Antes, sin embargo, debe renovarse el protocolo de funcionamiento virtual de la Cámara de Diputados, que vence este miércoles.
Ese día deberán reunirse los jefes de los diferentes bloques con el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, para prorrogar la modalidad de funcionamiento mixto que se utiliza desde el inicio de la pandemia.
En el bloque de Juntos por el Cambio descontaron que el oficialismo buscará meter el proyecto de Biocombustibles en la próxima sesión.
“Quedan apenas un mes de sesiones porque después vienen la campaña electoral y las PASO“, apuntó un diputado opositor.
La aprobación del proyecto asoma contra reloj. Es que además de las trabas que acarreará la campaña, el próximo lunes 12 de julio se vence el actual régimen de promoción de los biocombustibles.
Había sido prorrogado a través de un DNU por el Poder Ejecutivo el pasado 10 de mayo y por un plazo de 60 días. Ese plazo se pensó para que la nueva ley fuera sancionada por el Congreso.
En el oficialismo descartaron este lunes que pudiera haber una nueva prorroga por decreto. Tras la aprobación en Diputados, entienden, el Senado avanzará también con la aprobación.
Pero en la Cámara alta se palpa descontento con el proyecto, sobre todo entre algunos senadores del bloque del Frente de Todos.
Es más, el pasado 1° de junio los senadores oficialistas Anabel Fernández Sagasti, María de los Ángeles Sacnun, José Mayans y Carlos Caserio se reunieron con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y, entre otros temas legislativos, se habló de la ley de biocombustibles.
Esos senadores le trasladaron al funcionario la inquietud de algunos de sus pares.
Puntualmente se le recordó que el Senado había aprobado el año pasado “por unanimidad” un proyecto diferente al que ahora pretende enviarles Diputados y le pidieron básicamente que para favorecer a un sector no se termine perjudicando a otro.
Al tratarse de un proyecto que tiene el impulso de Máximo Kirchner, en el Congreso especulan que Cristina Kirchner se ocupará de que el proyecto sea sancionado.
Cerca de Máximo Kirchner dijeron este lunes que no veían inconvenientes para la aprobación.
Por ley, en la actualidad las naftas deben ser cortadas con 12% de bioetanol y el gasoil con 10% de biodiesel.
El nuevo proyecto permite reducir al 3% el porcentaje de corte obligatorio del biodiesel, y mantiene en el 12% el bioetanol hecho con caña de azúcar y el de maíz, aunque permite en este caso bajarlo al 9%.
En todo el país hay 54 plantas de producción de biocombustibles, en las que se invirtieron -se estima- al menos 2.000 millones de dólares.
En Santa Fe y en la provincia de Buenos Aires están las principales productoras de biodiesel de soja; en Córdoba, las de bioetanol de maíz. “Estamos completamente en contra de este proyecto”, señaló el diputado cordobés Carlos Gutiérrez, que responde a Juan Schiaretti.
¿A la Justicia?
El argumento de los que defienden el proyecto es que lo que se busca es que el alza en el valor de los commodities no impacte en los surtidores locales.
En la industria de los biocombustibles retrucan que el argumento es falso: “Cuando bajó el precio del petróleo, las naftas en el surtidor no bajaron”.
Y agregan: “Con los biocombustibles no se trata de una cuestión de costos sino de reducir la emisión de gases. Es como querer dejar de pasteurizar la leche para ahorrar”.
Aunque se siguen moviendo para tratar de lograr modificaciones en el proyecto, sectores de la industria adelantaron que en caso de que se sancione judicializarán la ley.
¿Argumentos? Que la norma violaría el Acuerdo de París para reducir la emisión de gases y el artículo 41 de la Constitución Nacional, que consagra los derechos ambientales.
Fuente Clarin
