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Por Natasha Niebieskikwiat
Nuevamente, el Gobierno evitó condenar los abusos del régimen de Daniel Ortega, al negarse a firmar una declaración que sí firmaron casi sesenta países este martes en Ginebra. Fue en el marco de la sesión de la ONU en la que se aguarda el pronunciamiento de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. A esta hora, la ex presidenta de Chile aún no habló de Nicaragua.
Lo curioso es que ayer, el Presidente Alberto Fernández anunció a traves de un comunicado que llamaba a consultas a su embajador en Managua, el dirigente kirchnerista Daniel Capitanich. Lo hizo junto a México y se sumó Costa Rica. La movida fue un gesto de endurecimiento de su posición frente al régimen de Ortega, quien ha llevado una razzia contra dirigentes de la oposición enviando a prisión incluso a aspirantes a las presidenciales de noviembre próximo. El martes pasado le llovieron criticas por abstenerse en la OEA.
Curiosamente, Argentina sí había apoyado la condena que Bachelet hizo en marzo pasado. Pero no firmó una declaración similar a la de este martes que sí suscribieron Estados Unidos, Brasil, Francia, España, entre muchos otros países.
El documento que Argentina no firmó arranca haciendo mención a las “violaciones a los derechos humanos” que se producen en Nicaragua. “Compartimos las preocupaciones del Alto Comisionado sobre Nicaragua, incluida la impunidad persistente por las violaciones de derechos humanos desde abril de 2018 y los continuos informes de detenciones arbitrarias. El Gobierno debe garantizar la protección de los derechos humanos y hacer rendir cuentas a los responsables”, sostiene.
Y luego continúa pidiendo un freno a las presecusiones: “Instamos al Gobierno a que cese el hostigamiento contra periodistas y defensores de los derechos humanos y permita que las organizaciones de la sociedad civil operen en entornos seguros y propicios, sin temor a represalias”.
También avanza sobre las trabas que impuso Ortega para el proceso electoral a pocas semanas de los comicios: “Nos preocupa que el Gobierno no haya implementado reformas electorales significativas antes de la fecha límite de mayo de 2021 de la Organización de los Estados Americanos, respaldada por este Consejo en marzo”.
“Nos preocupa profundamente que las leyes promulgadas recientemente restrinjan indebidamente la participación política, la libertad de expresión, la reunión pacífica y la asociación. La disolución arbitraria de partidos políticos y los procesos penales contra múltiples contendientes presidenciales y disidentes son especialmente preocupantes. Pedimos su liberación inmediata”, agrega.
El documento continua con más críticas al recorte de derechos y libertadas impuestas por Ortega: “Es probable que estas medidas impidan la celebración de elecciones libres y justas en Nicaragua este noviembre. Instamos a Nicaragua a que se comprometa con la comunidad internacional, se valga de la asistencia técnica, permita la presencia de observadores electorales internacionales y restablezca el diálogo y renueve la confianza en la democracia”.
Y vuelve a pedir “elecciones libres”: “Los nicaragüenses merecen elecciones libres y justas a través de un proceso transparente y creíble, y una solución pacífica a la crisis sociopolítica del país.”
La Alta Comisionada había denunciado en septiembre de 2020 la falta de avances en Nicaragua sobre los reclamos democratizadores que se le hacen. Y recriminó también a las autoridades su inacción “para abordar constructivamente las tensiones y problemas estructurales que desencadenaron en la crisis sociopolítica en abril de 2018”. La represión de la protesta dejó más de 300 muertos.
La delegación de la oficina de Bachelet en Centroamérica se ha apresurado de hecho a condenar la “persecución penal” en los primeros días de esta nueva ola de detenciones esta vez contra los dirigentes políticos que directamente amenazan las intenciones de Ortega de reelegirse una vez más en los comicios presidenciales de noviembre.
Ahora empezó a principios de junio manifestando su preocupación por la detención de Cristiana Chamorro, favorita en la oposición. La oficina de la Alta Comisionada recordó en Twitter que “no puede haber elecciones libres y creíbles sin garantizar los Derechos Humanos de todos los candidatos y votantes”.
Fuente Clarin
