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Tal como había adelantado el lunes, el gobierno español aprobó este martes los indultos a los nueve líderes separatistas catalanes encarcelados por el intento de secesión de 2017, una muy controvertida decisión con la que busca propiciar la “reconciliación” en Cataluña.
En el Consejo de Ministros “celebrado esta mañana, (…) se han aprobado los indultos a los condenados en el juicio” por los hechos ocurridos en 2017, informó el gobierno español en su cuenta de Twitter.
El presidente español, Pedro Sánchez, afirmó que su gobierno busca abrir “una nueva etapa de diálogo” y acabar con “el enfrentamiento” en Cataluña.
Una foto de 2018 en la que se ve a los líderres independenditas catales presos en la cárcel de Lledoners (de izquierda a derecha): Jordi Sanchez, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Joaquim Forn, Jordi Cuixart, Josep Rull y Raul Romeva. Foto: AFP
“Con esta acción queremos abrir una nueva etapa de diálogo, de reencuentro, y cerrar de una vez por todas la división y el enfrentamiento”, señaló Sánchez tras finalizar el Consejo de Ministros que aprobó la medida de gracia para los líderes catalanes.
Los nueve indultados, entre ellos varios ex miembros del gobierno regional catalán de Carles Puigdemont, la ex presidenta del Parlamento regional y líderes de asociaciones separatistas, fueron condenados en octubre de 2019 a penas de cárcel de entre 9 y 13 años por su participación en el fracasado intento de independizar a Cataluña de España.
La decisión debe cumplir todavía unos pasos administrativos, pero debería hacerse efectiva rápidamente, según la prensa.
Una crisis política que no termina de resolverse
El lunes, con una cuidada puesta en escena en el Teatro del Liceo de Barcelona, la capital de la región nororiental española, Sánchez buscó justificar su medida de gracia, criticada tanto por la derecha como por los independentistas.
“La razón fundamental de los indultos es su utilidad para la convivencia”, afirmó el líder socialista, señalando que persigue “abrir paso a la reconciliación y al reencuentro” en Cataluña, una región cuyos 7,7 millones de habitantes siguen profundamente divididos sobre el tema de la independencia.
El intento de secesión de 2017 constituyó una de las peores crisis políticas en España desde el fin de la dictadura de Francisco Franco en 1975, y todavía condiciona la política nacional.
Pese a la prohibición de la justicia, el gobierno catalán, presidido entonces por el independentista Carles Puigdemont, organizó el 1 de octubre de 2017 un referéndum de autodeterminación, marcado por escenas de violencia policial.
El 27 de ese mes, el Parlamento catalán declaró unilateralmente la independencia, a lo que el gobierno español conservador de entonces respondió destituyendo al ejecutivo catalán y poniendo bajo tutela a la región.
Perseguidos por la justicia, los dirigentes secesionistas huyeron de España, como Puigdemont, o fueron detenidos, como el entonces vicepresidente catalán y líder de Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), Oriol Junqueras.
De todas maneras, estos perdones no satisfacen a los independentistas, en el poder en Cataluña, quienes exigen una amnistía, un extremo que implicaría borrar los delitos cometidos, y la celebración de un referéndum de autodeterminación, posibilidades descartadas por Madrid.
“Los indultos no dan solución a la causa general”, subrayó el lunes el presidente catalán, Pere Aragonès.
La derecha, que sacó en Madrid el 13 de junio a decenas de miles de personas contra los indultos, acusa a Sánchez de buscar mantenerse en el poder, ya que su gobierno minoritario precisa del apoyo de parte de los independentistas en el Congreso.
La medida de gracia es rechazada por el 53% de la ciudadanía española, según un sondeo reciente, que por el contrario mostró que un 68% de los catalanes la aprueba.
Con su decisión, el gobierno de Sánchez busca pasar página de la convulsión de 2017 y propiciar una salida a la prolongada crisis en Cataluña.
En un contexto en que España respira por la caída de los contagios al avanzar la vacunación anticovid y con la próxima cita electoral nacional en dos años, el gobierno de Sánchez pretende retomar en breve la mesa de diálogo con el ejecutivo catalán, paralizada en febrero de 2020 por la pandemia.
Las posiciones de ambas partes siguen estando en las antípodas.
Más moderado que sus dos predecesores, el nuevo presidente regional catalán, Pere Aragonès, del partido Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), mantiene la exigencia de un referéndum de autodeterminación, esta vez pactado con Madrid, parecido al realizado en Escocia en 2014.
Una posibilidad negada de plano por el gobierno central, abierto a una votación en Cataluña, pero solo para decidir mayor autonomía de la región, que ya disfruta de amplias competencias en sanidad, educación y seguridad.
Los indultos “permiten una mesa de negociación más fluida”, pero un acuerdo “queda muy lejos aún”, estimó a la AFP Lluis Orriols, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III de Madrid.
Fuente: AFP
Fuente Clarin
