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Por Héctor Gambini
En lugar de empezar a defenderse en el juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA, tendrá una tribuna política para jugar al ataque.
Una clienta entra a un restaurante vegano. Se sienta, mira el menú, lo estudia unos segundos, lo cierra y llama al mozo. Le pide un bife de chorizo, a punto. El mozo va a la cocina y, aunque el pedido de la clienta no figura en la carta del restaurante (es vegano), recomienda que se lo preparen igual.
Los cocineros se asoman por la ventana del pasaplatos, miran quién es la comensal y deliberan brevemente. Poco después, la clienta tiene su bife de chorizo en el plato. A punto.
La clienta es Cristina Kirchner. El mozo, el fiscal Colombo. Los cocineros, los jueces del tribunal federal 8. La carta, el Código Procesal Penal de la Nación. El bife de chorizo, una audiencia pública para que la imputada se defienda antes de un juicio oral. No está en el menú. No figura en la carta. Pero Cristina pidió algo que no existe y se lo dieron igual.
Pocas veces la Justicia dio muestras más acabadas de correrse la venda de los ojos -así la representan las esculturas de Iustitia, la diosa romana de la Justicia- para mirar quién se acerca al banquillo. Y actuar sólo después de ver para quién es el servicio de justicia.
Aunque todos deberíamos ser iguales ante la ley, una justicia delivery no es para todos.
Lo que pidió Cristina es una audiencia oral previa al juicio donde debería comenzar a ser juzgada por el presunto encubrimiento a los autores del atentado a la AMIA (1994, 85 muertos). El Código no contempla eso porque lo que Cristina tenga que decir tiene que hacerlo en el juicio, que para eso está y para eso es oral y público.
Cristina lo pidió para decir que el juicio no debe hacerse porque todo el proceso es nulo debido a que los camaristas Hornos y Borinsky se vieron con el ex presidente Macri en los días en que resolvieron reabrir el caso, basado en la denuncia que hizo el fiscal Nisman cuatro días antes de ser hallado muerto.
¿Y por qué no lo dice durante el primer día del juicio, que para eso está? Porque entonces ya estaría siendo juzgada por encubrir terroristas, algo que Cristina quiso evitar desde siempre, pero aún más en el año electoral.
El tribunal que accedió al pedido -técnicamente, un “invento” judicial- admite: “Si bien la audiencia oral y pública solicitada no se encuentra prevista en el Código Procesal Penal para resolver nulidades, no hay ninguna razón para desalentar su celebración”.
¿Y qué razones tiene para alentarla? Allí mencionan las características del juicio con “pluralidad de imputados, la investidura de algunos de ellos y las cuestiones de orden geopolítico que se encuentran en juego”.
Justamente por todo eso tendrían que hacer el juicio, en lugar de pararlo.
Es lo que se hace con cualquier ciudadano común, que desde luego puede terminar tan absuelto como podría terminar Cristina. Pero está claro que la investidura es la suya y que las cuestiones geopolíticas que menciona el tribunal son las repercusiones internacionales de un juicio así, que Cristina quiere evitar como sea.
El argumento de los jueces Gabriela López Iñiguez, José Michilini y Daniel Obligado (el mismo que mantiene a Boudou fuera de la cárcel) es que lo hacen porque las dudas sobre “la imparcialidad de magistrados que intervinieron en etapas definitorias deben ser despejadas de manera preliminar”.
Pero lo único definitorio es el juicio que el tribunal encargado de hacerlo ahora ayuda a dilatar.
Cristina pidió algo que no existe y obtuvo tres buenas noticias: tendrá una tribuna política para salir al ataque en lugar de defenderse de las pruebas judiciales; esa tribuna se acerca a los días más calientes de la campaña electoral, y consigue posponer el juicio que más le molesta, con la expectativa cierta de que nuevos fallos delivery terminen cumpliendo su sueño de no ser juzgada nunca.
Fuente Clarin
