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El Gobierno firmó un contrato con AstraZeneca por 89.700.000 dólares para la adquisición de vacunas contra el Covid-19. El arribo de las dosis tuvo retrasos constantes, que terminaron siendo investigados en la justicia federal. Cuando inició la causa, el Estado había realizado un pago anticipado ante una entrega del 13,36%. El fiscal Guillermo Marijuan intimó a la ministra de Salud Carla Vizzotti a que no realice modificaciones en el contrato, y hace pocos días le exigió que informe cuántas vacunas arribaron y cómo se distribuyeron.
Durante el primer semestre de este año, AstraZeneca debía entregar 22.400.000 de vacunas. El cronograma que se entregó ante la justicia federal indicaba que para marzo se esperaba un arribo de 2.832.000 dosis, para abril 4.040.000, misma cantidad para mayo. En junio la entrega iba a ser de 3.451.000 y para julio se esperaba el mayor cargamento, de 8.518.000 vacunas.
Sin embargo, durante el primer trimestre del año no llegaron las vacunas de un acuerdo firmado a finales del 2020 y por el que el Estado abonó 53.817.419 dólares, de los 89.700.000 totales, es decir el 55,58% de la suma global acordada.
El contrato con el laboratorio es de pago anticipado. Según lo que le jefe de Gabinete Santiago Cafiero informó en su declaración testimonial ante el fiscal Marijuan, nuestro país recibió 2.148.600 dosis. Esta entrega, sumada a una anterior de 843.600, totalizaba 2.992.200 dosis entregadas, apenas por encima del 10% de los pactado. Desde entonces llegaron más vacunas, pero siempre muy lejos de las cantidades comprometidas.
Las cifras actualizadas que analiza la Auditoría General de la Nación (AGN) que también se ocupa de revisar el contrato con AstraZeneca, indican que arribaron al país 5,9 millones de las 22.4 millones de dosis comprometidas.
Si bien Cafiero sostuvo que “el período de inicio de cumplimiento para la entrega de vacunas se pactó para el primer semestre 2021, con lo cual las entregas registradas se encuentran dentro del periodo de cumplimiento previsto”, después habló sobre “la demora en las entregas de vacunas”, y que la misma “ha sido una situación constante para todos los productores (ya sea laboratorios privados o producción pública) y para todos los Estados adquirentes”.
La fiscalía de Marijuan busca determinar si el Estado fue víctima de un incumplimiento del contrato, y en tal caso si el laboratorio sabía anticipadamente que no iba a poder cumplir con los plazos acordados. La otra hipótesis sobre la que se trabaja es si el Gobierno conocía que no se iban a poder cumplir las entregas como se acordaron, y así y todo firmó y pagó anticipadamente.
En ese contexto, el representante del Ministerio Público Fiscal ahora supervisa la entrega de vacunas de AstraZeneca a nuestro país y cómo se van distribuyendo. En el oficio remitido días atrás al Ministerio de Salud, Marijuan requirió que se “informe cuántas dosis de la vacuna conocida como AZD1222″ fueron entregadas al día de la fecha por el laboratorio Astrazeneca en cumplimiento con el contrato celebrado con fecha 06 de noviembre de 2020”.
Hace dos semanas, el fiscal había intimado a la ministra Vizzoti para que no realice modificaciones en el contrato con Astrazeneca “sin previo aviso a la justicia”.
Con el calendario llegando a la finalización de los plazos y sin la totalidad de las vacunas acordadas en el país, los investigadores temían que el Gobierno avance en la firma de una prórroga sobre los tiempos de entrega. “En realidad el Estado debería aplicar una multa por los incumplimientos”, explicaron fuentes judiciales a Clarín.
La Justicia busca evitar un “mayor perjuicio para el Estado” en caso de conceder una prórroga a favor del laboratorio. La investigación busca determinar si el país pudo haber sido víctima de una negociación con AstraZeneca que no tuvo el resultado deseado. “Esto no quiere decir que luego pueda haber otros aspectos que deban ser analizados respecto del comportamiento de los funcionarios”, explicaron fuentes vinculadas a la investigación.
La causa
Este expediente comenzó con una denuncia contra Alberto Fernández, el ex ministro Ginés González García, su sucesora Vizzotti y otros dos funcionarios del ministerio de Salud, por supuesto abuso de autoridad, malversación de fondos públicos y negociaciones incompatibles con la función pública.
El caso cayó el manos del juez Julián Ercolini, quien derivó la investigación en el fiscal Marijuan.
El fiscal hasta ahora ordenó la presentación de información y documentos sobre el cuestionado contrato por parte del ministerio de Salud y también del laboratorio argentino mAbxience, del empresario farmacéutico Hugo Sigman.
El rol de Sigman está bajo la lupa, pues funcionó como nexo entre el Gobierno y AstraZeneca, a la que prestaría servicios en el marco de este contrato. Se analiza en consecuencia, el histórico vínculo de Sigman con el kirchnerismo -y con el ex ministro de Salud Ginés González García– y la presencia de la funcionaria Sonia Tarragona -quien trabajó para Sigman- en las negociaciones.
“Las negociaciones con el laboratorio Pfizer -que quedaron truncas- fueron delegadas por el ex ministro González García en Sonia Tarragona, una funcionaria que antes había trabajado para Hugo Sigman, vinculado a su vez a AstraZeneca. Es decir, un competidor directo, lo cual podría implicar una violación a la ley de Ética en la función pública”, dice la denuncia judicial firmada por Josefina de Elizalde, en representación del “espacio ciudadano apartidario” Acción Conjunta Republicana.
Fuente Clarin
