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Jorge Lanata denunció en su programa Periodismo Para Todos que el kirchnerismo busca controlar el cobro de los peajes de la Hidrovía, la principal arteria navegable por donde ingresan y salen al país los barcos que llevan granos y otros productos al mundo.
Según el informe que presentó el conductor y periodista a cargo de PPT Box, en los próximos días, Alberto Fernández anunciará a través de un decreto la re licitación de la Hidrovía, que hoy funciona con una prórroga ya que la concesión venció a fines de abril.
En esa resolución, quedaría definido, siempre según el informe de Lanata, que el cobro de peajes dejará de estar a cargo del concesionario y quedará en manos de la Administración General de Puertos (AGP). Así, el Gobierno se garantizará un negocio de US$ 300 millones anuales solo en el cobro de los peajes, según el cálculo de lo que mueve la Hidrovía.
Uno de los datos que reveló el informe, a cargo de la periodista Cecilia Boufflet, es que el hombre a cargo de la AGP que administrará esa caja millonaria es de plena confianza de la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Se trata de José Beni, un abogado santacruceño y referente en temas de transporte en el Instituto Patria, el organismo que funciona como refugio de Cristina Kirchner y donde además tiene su propia oficina.
Además, en el informe contaron que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, también busca meterse en el negocios del río para disputarle el tránsito de mercaderías a Uruguay. Según dijeron, Kicillof quiere armar una vía navegable bajo gestión provincia en el canal Magdalena.
La obra ya está presupuestada y le costaría al Estado unos $ 25.800 millones a desembolsar en tres años. La obra estaría terminada en 2023.
Desde hace tiempo el kirchnerismo viene insistiendo con estatizar la Hidrovía y tener el control total de la vía navegable. Incluso los senadores del Frente de Todos que responden a la vicepresidenta lanzaron una ofensiva para que se estatice esa vía navegable, puerta de salida del 80% de las exportaciones argentinas. El problema es que hoy el Estado no tiene los instrumentos ni la tecnología para dragar las zonas del río.
Con el proyecto del Presidente, el Gobierno se garantizaría la caja de los peajes y contrataría a una empresa para que se encargue de dragar esa zona.
DS
Fuente Clarin
