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Seis meses después de su última carta pública en la que, sin nombrarlo, Cristina Kirchner le enrostró haber convalidado lo que llamó el “lawfare al palo” -un término que le fascina-, el Gobierno y, en especial, un sector del kirchnerismo duro ven ahora con simpatía la posibilidad de que Ricardo Lorenzetti vuelva antes de fin de año a la conducción de la Corte Suprema.
A pesar de las crudas críticas de la ex presidenta, que lo sindicó como el garante de las prisiones preventivas que se multiplicaron sobre ex funcionarios K por la doctrina impulsada por el camarista Martín Irurzun, hasta que dejó la presidencia, en septiembre del 2018, Lorenzetti nunca dejó de tener vínculos con el kirchnerismo y su periferia.
El ex titular del máximo tribunal incluso privilegió esas relaciones por sobre las que pudo tener con el gobierno de Mauricio Macri, que le juró venganza apenas inició su administración.
Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y José Torello, dos de los principales gestores judiciales del ex presidente, festejaron por entonces la salida del juez y la asunción de Carlos Rosenkrantz, el actual presidente de la Corte que pretende revalidarse en la acordada que debería firmarse hacia octubre o noviembre.
Un final abrupto tras 11 años de hegemonía del supremo de Rafaela que solo el entonces ministro Germán Garavano atinó a reconocer con una declaración de cortesía.
Charlas, sin acuerdo
Según reconstruyó Clarín de fuentes vinculadas a las negociaciones y conversaciones tras bambalinas, Lorenzetti y Rosenkrantz ya empezaron a hablar, desde hace tiempo, sobre la renovación de autoridades. Por ahora, sin acuerdo ni los votos necesarios (tres sobre cinco miembros).
Es más: frente a la atomización cortesana, surgió en las últimas semanas en algunas mesas judiciales la opción de imitar al máximo tribunal bonaerense en su esquema de presidencia rotativa, confiaron fuentes al tanto de las conversaciones. Es una incipiente idea a la que por ahora nadie le presta demasiada atención. Pero, paradójicamente, ya se empezó a especular a quién le tocaría la llave del Palacio en el 2023, año electoral.
Como Cambiemos durante sus cuatro años de gobierno, el Frente de Todos no le encontró todavía la vuelta al funcionamiento de la Corte, con una integración dispersa tras la salida de Lorenzetti y la llegada de Rosenkrantz, que nunca logró reunir la voluntad de todos sus miembros, que es poco afecto al diálogo con los jueces federales, que se resignó a una conducción colegiada pero que, aún así, no tuvo mayores sobresaltos.
Surgió, en ese sentido, la denominada “mayoría peronista” de Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, que el propio Rosatti -al que también ubican en el centro de la disputa palaciega, a pesar de su bajo perfil- buscó relativizar. “Me tiene sin cuidado, siempre hay gente disconforme con los fallos de un tribunal de justicia”, le dijo a Diego Genoud en su libro “El peronismo de Cristina”.
A pesar de los fallos -la ratificación de condena de Amado Boudou fue el más emblemática por sus posibles consecuencias en el legajo judicial de Cristina Kirchner, y se espera próximamente el de Milagro Sala-, hubo en este año y medio de gestión nexos subterráneos con el Ejecutivo. Con Eduardo “Wado” de Pedro y Gerónimo Ustarroz a la cabeza, y Lorenzetti del otro lado. También Diego Molea, el presidente del Consejo de la Magistratura. Y algunos operadores judiciales que, con intermitencia, orbitan en torno al Instituto Patria.
El OK de Cristina
Con Rosenkrantz más esquivo, el tándem Rosatti y Maqueda menos fiable para algunos interlocutores -el magistrado del peronismo cordobés no tiene ningún interés en cambiar su estatus- y Elena Highton de Nolasco -que responde a la Casa Rosada- un tanto más retirada que el resto, el ex presidente del tribunal se mostró en este tiempo más abierto a las conversaciones. Y dispuesto, según cuentan, a encarar un nuevo proceso distinto al de otros tiempos.
Es de lo que buscan convencer a la ex Presidenta sus colaboradores judiciales, en especial los de La Cámpora. Sergio Massa es otro de los que en los últimos tiempos empezó a meterse más en los temas judiciales. El ministro Martín Soria, por ahora, no pudo exhibir demasiados resultados. Por lo pronto, la audiencia formal que avisó que pediría a los jueces de la Corte apenas asumió, en marzo pasado, sigue sin fecha.
Sin embargo, no solo el oficialismo está atento a los movimientos en el cuarto piso del Palacio de Tribunales: Horacio Rodríguez Larreta, que quiere ser un actor de poder central de cara al 2023, mira de reojo a través de sus colaboradores.
Según confirmaron a este diario en su entorno, el jefe de Gobierno tampoco ve con malos ojos la vuelta de Lorenzetti, a pesar de que Elisa Carrió, una de sus aliadas, planteó constantes reparos que incluyeron hasta un pedido de juicio político en el Parlamento.
Antes de que estalle la pandemia, el jefe de Gobierno y el ex presidente de la Corte se habían encontrado por primera vez para empezar a afianzar el vínculo.
En materia judicial, la relación entre el kirchnerismo y el larretismo es mucho menos conflictiva que en lo político.
Negociaciones sin grieta
Las negociaciones abiertas en el Consejo de la Magistratura por el reemplazo de los jueces Rodolfo Canicoba Corral, Sergio Torres y Claudio Bonadio, y los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi -cinco emblemáticos de los tribunales de Comodoro Py-, “avanzan a fuego lento”, según colaboradores de la Ciudad. Pero avanzan.
El oficialismo en ese organismo eligió al larretismo como el interlocutor válido en las negociaciones, a cargo del consejero Diego Marías, que reporta directo a Rodríguez Larreta y a Diego Santilli. El jefe de Gobierno está al tanto de cada uno de sus movimientos, que supervisa su vicejefe. Marías, para colmo, tiene buen diálogo con Lorenzetti.
La decisión del kirchnerismo de ungir a Rodríguez Larreta del otro lado de la mesa de discusión judicial es una señal de que, al menos en ese terreno, pretenden correr del debate a Macri, al que sindican como cabeza de un sistema de “persecución judicial” montado en el primer piso de la Casa Rosada durante su gestión.
Un síntoma de esa trama político-judicial fue la reunión que mantuvieron en el verano el ex Presidente y el delegado del jefe de Gobierno en el Consejo de la Magistratura: Macri le exigió a Marías una muestra de lealtad que el consejero no le pudo ofrendar. El encuentro duró escasos minutos. No hablaron nunca más.
Fuente Clarin
