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Diez días después de que la Oficina Anticorrupción, comandada por el ex fiscal de Justicia Legítima Felix Crous, denunciara por presunto enriquecimiento ilícito al ex presidente Mauricio Macri, el fiscal federal Ramiro González decidió imputarlo este lunes por el supuesto ocultamiento de parte de su patrimonio cuando llegó a la Presidencia.
González, que tiene delegada la investigación, dio impulso a la denuncia y dispuso las primeras medidas de prueba. La jueza a cargo del caso es María Servini, la misma magistrada que interviene en el pedido de extradición de Fabian “Pepín” Rodríguez Simón, el ex asesor de Macri investigado tras una denuncia de Cristóbal López y Fabián de Sousa quienes lo acusan de presiones para que venda la empresa.
La Oficina Anticorrupción, en su denuncia, había acusado al ex presidente de realizar movimientos accionarios entre sociedades para dar “apariencia” de legalidad a dinero que podría haber sido conseguido de forma espuria.
La denuncia fue elaborada a instancias de un informe confeccionado por la Inspección General de Justicia (IGJ) que comanda Ricardo Nissen, que es abogado y apoderado de Máximo y Florencia Kirchner en la causa Hotesur.
La maniobra denunciada por la OA incluía movimientos accionarios que involucran a las sociedades AGRO G S.A., Latin Bio y al Fideicomiso Ciego de Administración, que Macri suscribió con la firma Seguridad Fiduciaria S.A. cuando asumió la Presidencia con el fin de desentenderse del manejo de parte de su propio patrimonio.
En ese sentido, el fiscal González consideró pertinente solicitarle a la Inspección General de Justicia la copia de distintos documentos relativos a la firma Agro G (Agropecuaria del Guayquiraró), como así también requerirle a la OA que facilite la declaración Jurada Patrimonial Integral de Macri correspondiente a los años 2015 y 2016.
En la denuncia de la OA, sostienen que Maci tenía un 20 por ciento de las acciones de AGRO G y no un 14 por ciento como habría declarado. Además, la denuncia sostiene que habría omitido declarar la titularidad de más de 5 millones de acciones de la firma.
“Corresponde imputarle a Mauricio Macri la transferencia de al menos $ 5.064.938 provenientes de un ilícito penal, con los que adquirió la titularidad de 5.064.938 de acciones preferidas de la firma Agro G S.A., la que se habría concretado entre el 02/09/13 y el 12/04/16, con la doble finalidad de otorgarle apariencia de licitud al dinero espurio invertido, y que éste genere futuros dividendos también aparentemente lícitos”, se indicó en la denuncia.
Las maniobras “consistieron en omitir deliberadamente la comunicación a la IGJ del aumento de capital social resuelto el 02/09/13, y de asentar en los libros de acciones la titularidad de las 5.064.938 acciones preferidas, se conjugan con la conducta concretada por el propio Mauricio Macri, consistente en omitir maliciosamente la declaración de su real tenencia accionaria en dicha sociedad en la Declaración Jurada Patrimonial correspondiente al año 2015, presentada ante esta Oficina Anticorrupción”, se relató.
Macri se alzó -según surge del texto de la denuncia- con la suma de 54.286.824 pesos “resultando el único socio de Agro G S.A. que retiró dividendos en los últimos 10 años, mientras el resto de los accionistas consentían dicha situación, que ocurría tanto cuando los resultados de los ejercicios anuales arrojaban ganancias, como cuando representaban quebrantos”.
“No puede soslayarse que los $ 54.286.824 fueron transferidos en concepto de dividendos por la firma Latin Bio S.A., cuyos accionistas mayoritarios son Agro G S.A., titular del 29,75% del capital social, y Juliana Awada, cónyuge de Mauricio Macri, quien resulta titular del 20,25% de dicho capital”, según se indicó en la denuncia.
Además, se informó que, entre quienes conformaron el directorio de Latin Bio S.A, se encuentran el exsecretario de Legal y Técnica de la presidencia de Macri, Pablo Clusellas; y Alejandro Jaime Braun Peña y Luz Braun Peña, primos segundos del ex Jefe de Gabinete Marcos Peña, según se denunció.
De la lectura completa de la denuncia, que cayó en manos de la jueza María Servini, se desprende que Macri se habría transferido a sí mismo más de 50 millones de pesos entre 2017 y 2020, “lo que constituye otra clara maniobra de lavado de activos nacida de la compra con dinero espurio de las acciones preferidas de Agro G S.A”.
Fuente Clarin
