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Los jueces de la Cámara Federal porteña rechazaron los recursos de los empresarios Néstor Otero y Gerardo Ferreyra, que reclamaban determinar el origen de las fuentes que el periodista Diego Cabot había consultado para su investigación periodística en el caso de los Cuadernos de las Coimas, publicada en el diario La Nación.
Los camaristas Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi confirmaron el archivo de la causa judicial en la que se buscaba identificar las fuentes de información periodística en la causa de los cuadernos de las coimas, donde fueron procesados Ferreyra y Otero.
El juez Llorens planteó en su fallo que “las pruebas propuestas se orientan a obtener de Cabot una información que el nombrado ha decidido amparar en el secreto de las fuentes de información periodística. Avanzar en el terreno propuesto sería burlar las limitaciones que el testigo ha invocado, atacando con ello uno de los pilares sobre los que se asienta el Estado de Derecho”.
El juez Bertuzzi adhirió al voto de Llorens.
Por su parte, el juez Bruglia señaló que “la perspectiva de que el derecho a la libertad de expresión pueda resultar vulnerado en uno de sus aspectos basales -secreto de las fuentes- constituye fundamento suficiente para inhibir la actuación de los órganos de investigación y, por tanto, permite justificar adecuadamente la denegatoria de las medidas aún reclamadas por la querella”. El voto mayoritario estuvo en consonancia con el fallo de la cámara federal de Mar del Plata en el caso de Daniel Santoro.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) destacó el fallo unánime de los jueces, que protege las fuentes de información periodística en el caso de los “cuadernos de las coimas”.
ADEPA destacó de la sentencia que “el secreto de las fuentes no es un derecho sólo del periodista sino también social y que protege la comunicación entre quien busca difundir una idea y aquel que tiene intención de conocerla”.
“Asimismo, como paso previo a tal comunicación, preserva la relación de estrecha confidencialidad que los periodistas puedan mantener con sus fuentes, a efectos de llevar a cabo el proceso de búsqueda de información de interés para el público”, concluyó ADEPA.
La causa había sido iniciada originalmente por Otero, por encubrimiento, contra el exchofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno, ya que había declarado que había quemado los cuadernos con sus anotaciones que luego aparecieron y llegaron a las manos de Cabot.
El empresario reclamaba que el periodista Cabot declarara como testigo e informara quién le había dado los cuadernos. También pidió que se relevaran las huellas dactilares de esos Cuadernos, que se investigara su ubicación cuando los recibió y el número de teléfono desde donde lo llamaron para coordinar la entrega, así como un análisis de las imágenes tomadas por las cámaras ubicadas en la zona donde recibió los cuadernos.
En un primer momento, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi descartó la medida de las huellas dactilares, pero hizo lugar al pedido de analizar las imágenes de las cámaras de la esquina donde se habría producido la entrega de los Cuadernos. Y las solicitó al municipio bonaerense de Vicente López, que gobierna Jorge Macri, quien le respondió que esas imágenes habían sido eliminadas por haber pasado más de un año de su registro.
Sin embargo, cuando el juez federal Julián Ercolini asumió como juez subrogante de ese juzgado, que había quedado vacante tras la muerte del juez Claudio Bonadio, resolvió archivar la causa judicial.
Allí el juez Ercolini sostuvo que las anotaciones de Centeno, “aportadas en fotocopias al tribunal, fueron luego corroboradas por múltiples elementos probatorios los que dieron lugar a los procesamientos y elevaciones a juicio ya dispuestas”.
“Esto muestra que los datos contenidos en las anotaciones fueron suficientes par permitir el avance de la causa, sin perjuicio del soporte en que estuvieran asentados”, agregó Ercolini.
Pese a ello, luego los empresarios Otero y Ferreyra apelaron ese fallo ante la Cámara, que esta semana confirmó el archivo de la causa judicial sobre las fuentes de información periodística.
Fuente Clarin
