La diputada de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña refutó los argumentos de la fiscal de juicio Gabriela Baigún por los cuales pidió el sobreseimiento del ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández y otros procesados en la causa por supuestas irregularidades en el plan Qunita.
Los argumentos de Baigún fueron citados por la vicepresidenta Cristina Kirchner para atacar a Juntos por el Cambio.
Lo hizo en un análisis del dictamen que Baigún entregó al tribunal oral federal 1 (TOF 1), integrado por los jueces Adrián Grünberg, José Antonio Michilini y Gabriel Vega, para que sobresea a los imputados y anule el juicio oral.
Se trata de una licitación del 2015 por 900 millones de pesos de compras de 150.000 kits para embarazadas de escasos recursos que la vicepresidenta Cristina Kirchner reivindicó en su discurso de este jueves.
En un informe y en declaraciones a Clarín, Ocaña dijo que la fiscal Baigún “se equivocó” con los cálculos para decir que no hubo sobreprecios porque tomó “el valor de salida de fábrica del kit de productos de $ 2.585”. La legisladora pedirá al TOF 1 que siga con el juicio y estudia la posibilidad de pedir un jury contra Baigún.
Ocaña, la denunciante original de la causa, hizo el análisis pese a que el actual interventor de Yacimientos Carboníferos Fiscales, Aníbal Fernández, la insultó en las redes sociales y la amenazó con un juicio civil.
Así el valor de la adjudicación del gobierno de Cristina fue de $ 7,850, el de referencia de la Sindicatura General de Empresas Públicas (SIGEN) fue $ 6.604,37, el valor en un comercio minorista $ 4096,37 y de fábrica de $ 2.585.
“Observando que los números claramente no cierran, la fiscal recurre a referencias sobre otros valores que no cuantifica (costos comerciales, impuestos, distribución etc.) para afirmar que no hubo sobreprecios”, explicó Ocaña.
La ex ministra de Salud aseguró que “nunca pero nunca el precio minorista podría resultar inferior al precio mayorista. La venta minorista incluye en el precio del producto todos los costos de la cadena de distribución y los valores de los impuestos, cargas laborales, locales comerciales etcétera”.
La fiscal Baigún “no dice lo que efectivamente dice la pericia de los expertos de la Corte: se pagaron precios que exceden entre un 156% y un 235 % el precio de venta y costo industrial de los productos, respectivamente”.
Luego de un detallado análisis del dictamen, Ocaña sostuvo que “Baigún descarta de un plumazo todo lo actuado y pruebas recolectadas por la instancia de instrucción en la causa” de parte del fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Eduardo Taiano. En fuentes judiciales llamó la atención que Baigún, quien firmó la solicitada de creación de Justicia Legítima, tengo un criterio totalmente contrario a Taiano cuando el ministerio público fiscal es uno solo.
A la fiscal, resaltó Ocaña, “no le llama la atención que la licitación se realizó de tal manera que resultara casi imposible establecer un precio de referencia o un precio testigo que sirviera de marco para determinar si existieron sobreprecios”. En cambio, para Baigún no hubo direccionamiento de la licitación a favor de los ganadores.
“Llamativamente la licitación fue “armada” con productos que no se encuentran en el mercado o no pueden ser determinados de antemano”, agregó.
Los funcionarios del ministerio de Salud “son tan geniales que decidieron crear una nueva categoría de productos para recién nacidos y que llamativamente fueron adjudicados a empresas que no cuentan con antecedentes en este rubro y sin contar con capacidad de producción propia”.
En forma “completamente arbitraria y con parcialidad”, la fiscal toma con supuesta referencia de “los márgenes de utilidad los las únicas empresas que presentaron documentación contable a efectos de la pericia y que representan sólo el 17,86 % de los montos adjudicados. “Pero vaya que casualidad, las empresas que obtuvieron el 82,14% de la licitación, o sea casi la totalidad, no pusieron o no contaban con material contable para el análisis de los peritos”, destacó. Y para la fiscal es una error administrativo que solo merece un sumario.
Más adelante, Ocaña observó que en la causa quedó demostrado que “la empresa FASANO SRL mantuvo contacto no solo en una oportunidad sino en 18 oportunidades a través de llamados telefónicos mantenidos entre Nicolás Kreplak y Oscar Alejandro Micheli, socio de Fasano SRL”. Kreplak es el actual viceministro de Salud bonaerense. Se trata de la empresa adjudicada en la licitación por novecientos millones de pesos, los que fueron realizados partir del 9 de abril del 2015, “es decir dos meses antes de concretarse la adjudicación, según el informe correspondiente a la Empresa Movistar”.
En otro tramo, Ocaña recordó que el Instituto de Tecnología Industrial (INTI) y la Sociedad Argentina de Pediatría presentaron informes donde advierten sobre la “inseguridad” de algunos productos de los kits comprados.
“El dictamen de Baigún con sus interpretaciones absolutamente sesgadas tienen un solo objetivo: evitar la instancia del juicio oral”, finalizó Ocaña.
Fuente Clarin
