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El presidente Alberto Fernández firmó este viernes un DNU que modificará la ley de vacunas sancionada en el Congreso el año pasado que permitiría al Ejecutivo avanzar en negociaciones con los laboratorios Pfizer, Janssen y Moderna. Los laboratorios privados de origen estadounidense no aceptaban la normativa vigente. La imposibilidad de avanzar con un contrato frenaba el envío de las donación del gobierno de Joe Biden al país a través del mecanismo Covax, de la OMS. El Ejecutivo busca superar un tema espinoso.
“El Gobierno publicará mañana un Decreto de Necesidad y Urgencia para modificar la Ley de Vacunas con el objetivo de que la Argentina pueda adquirir vacunas pediátricas y pueda ampliar el espectro de vacunas disponibles para la población en general”, sostuvo la secretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra durante una conferencia de prensa junto a la ministra de Salud Carla Vizzotti.
Ahora, para asegurar la llegada y avanzar con las compras de vacunas, el Estado debe firmar contratos con los laboratorios y el ANMAT autorizar su uso. Hasta ahora, de las compañías mencionadas, solo Pfizer cuenta con el aval del organismo de control que habilitaría próximamente su uso en niños y adolescentes. “Estamos trabajando para que los menores de 18 años reciban lo antes posible la vacuna que esté disponible. Es incompleto pensar que una única vacuna (por Pfizer) puede estar disponible en la Argentina en el mediano plazo, son varias”, destacó.
La principal espada legal de la Casa Rosada destacó que en el DNU que, según relató, surgió de las negociaciones con los laboratorios y por instrucción del Presidente. El decreto suprime el artículo 4 de la ley de vacunas que refiere a la “negligencia por supuesto de responsabilidad” para encargados de investigación, producción y suministro de las vacunas que habían objetado los laboratorios y que generó versiones cruzadas dentro del oficialismo sobre el origen de ese término.
También se modificó el artículo referido a maniobras fraudulentas. Sin embargo, los laboratorios deberán responder ante “conductas dolosas”, según establece el artículo 1724 del Código Civil.
El resguardo y la inmunidad sobre los bienes del Estado ante posible ejecuciones no será total, como preveía la ley sancionada en noviembre. Solo quedarán exceptuados los bienes soberanos -representaciones diplomáticas, cuentas del Banco Central, inventario militar y de Seguridad-, pero no así los bienes privados estatales dispuestos en el artículo 236 del Código Civil ni las regalías federales.
Para solventar posibles demandas de damnificados, Ibarra anunció además la creación de un fondo de reparación de daños Covid-19, cuyo monto no especificó y que el Estado solventará con el 1,25% de cada vacuna que compre. “Es un mecanismo que existe en muchos países del mundo y da tranquilidad a respecto de las contrataciones”, precisó Ibarra.
El Presidente decidió allanar el camino para firmar los contratos con los laboratorios estadounidenses un año después de haber recibido en Olivos al director de Pfizer en Argentina, Nicolás Vaquer. Las negociaciones con el laboratorio estadounidense naufragaron a pesar de que la Argentina fue uno de los primeros país que aceptó un ensayo clínico de la misma y una tormenta política se desató.
Fernández denunció que el laboratorio le pedía “condiciones horribles”, aunque nunca dijo cuáles eran. Otros dirigentes oficialistas, como Cecilia Moreau (señalada como la responsable de haber añadido a último momento el término de “negligencia” en la ley original) esgrimieron que el laboratorio pidió que se incluyeran recursos naturales como garantía. Vaquer, convocado por el Congreso, sostuvo que con el marco legal vigente le resultaba imposible sellar un acuerdo. La presidenta del PRO Patricia Bullrich acusó al Gobierno de pedir “un retorno” a cambio del contrato y el Presidente la querelló.
El jefe de Estado avanzó con un DNU un día después de que el oficialismo se negara a tratar en Diputados posibles cambios a la ley de vacunas. “Si se votaba eso no podíamos contratar. Nadie de la oposición estuvo en la mesa de negociaciones. Si algo no nos pueden decir es que hubo aprovechamiento político. Los tiempos del Congreso no son los de la pandemia”, argumentó Ibarra ante los periodistas acreditados mientras la escuchaban la asesora presidencial y encargada de las negociaciones con los laboratorios Cecilia Nicolini, Alejandro Grimson y el secretario de Comunicación Juan Pablo Biondi.
El Presidente repasó los detalles del DNU con la secretaria Legal por la mañana en Olivos.
Esta semana Washington confirmó el envío de vacunas a Perú, El Salvador y Colombia, que con una población similar a la Argentina recibirá 3,5 millones de monodosis de Janssen. Los funcionarios de Presidencia prefirieron no dar precisiones sobre el número de donaciones que recibirá la Argentina.
Vizzotti e Ibarra destacaron que el nuevo marco legal se utilizará en las negociaciones futura con todos los laboratorios. La presión política de la oposición y la social que empujaron padres que reclamaban la vacunación de sus hijos menores con comorbilidades caló hondo en la Casa Rosada, que ahora busca dar vuelta la página.
Fuente Clarin
