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El ex intendente de Pilar Nicolás Ducoté (Pro) fue procesado este lunes, acusado del delito de “administración infiel en perjuicio de la administración pública”. También le prohibieron de salir del país. Los cargos son por presunto uso irregular de fondos nacionales destinados a obras en el municipio.
El procesamiento fue dictado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay. No considera la prisión preventiva del ex jefe comunal. En el dictamen queda resuelto, además, un embargo de cien millones de pesos y la inhibición general de bienes. En estas medidas del magistrado también quedan involucrados otros funcionarios de la administración Ducoté en Pilar.
Por cuerda separada, el juez González Charvay consideró que respecto de varios funcionarios nacionales involucrados en el caso y que habían concurrido a indagatorias por ahora no existen evidencias que justifiquen procesamiento y que la presunción resultó falta de mérito.
El pronunciamiento de este lunes estuvo secuenciado desde hace un año y medio. En 2019, a partir de la denuncia de una concejal del bloque Frente Pilarense se inició el expediente. La acusación contra Ducoté, quien había asumido en 2015 por el macrismo, fue por irregularidades en la administración de fondos. Entre ellos los derivados a la construcción de una planta de tratamiento de líquidos cloacales en el Barrio Peruzzotti. Fue el principio de la causa. Luego se incorporó a la investigación otras averiguaciones por obras públicas de infraestructura en el Barrio Monterrey. Ambas del distrito pilarense.
Luego, completó la saga judicial la sospecha de manejos ilegales en el convenio firmado por el municipio y la Secretaría de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación. Ese acto, en apariencia no sujeto a regla legal, fue el 26 de julio de 2016. Estaba previsto para algunas realizaciones comprendidas en el “Programa 69 – Acciones para el Desarrollo, Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica”. Incluía financiamiento para mejoras en edilicias y facilitamiento al acceso de los servicios públicos a vecinos del distrito.
El monto total cuestionado, según revelaron fuentes judiciales a Clarín, superaría los 320 millones de pesos.
Por estos supuestos, ahora comprobados prima facie, el juez terminó procesando al Ducoté como “responsable de los fondos girados desde el Estado Nacional”. Junto a él fueron procesados otros cuatro funcionarios de su gestión: Juan Pablo Martignone, el ex jefe de gabinete de Pilar; Guillermo Iglesias, ex secretario de Obras Públicas; Osvaldo Caccaviello, ex director general de Calles y Red Vial, y Sandra Sosa, ex subsecretaria de Obras Públicas.
Ellos están señalados como partícipes necesarios de los presuntos ilícitos. También los empresarios Federico Leonhardt, presidente de la firma Vivienda y Hábitat Pilar Sapem; Fernando María Bonafede, representante legal de la UTE Vialme S.A., Servicios y Gestiones S.A. y Alpin S.A; Gabriel Adrián Lucero, apoderado de la UTE Vialme S.A., Servicios y Gestiones S.A. y Alpin S.A.; Sergio Miguel Russo, presidente de Tordel S.A., y Norberto Giulianelli, representante técnico de Tordel S.A.
En la indagatoria del 23 de junio 2020, Ducote argumentó en su defensa que la investigación realizada en su momento por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas había sido “parcial” . En su testimonio explicó que ese organismo no tuvo en cuenta “las cuestiones técnicas y las normas de procedimientos administrativos de la provincia de Buenos Aires”.
En la oportunidad negó el alcance de la acusación de haber distribuido ilegalmente las partidas giradas por la Nación.
En la causa Peruzzotti, el expediente tuvo andamiento después de la denuncia por la falta de instalación de una planta de tratamiento cloacal, financiada mediante el citado convenio con Nación, por un total de 15 millones de pesos. En esas oportunidad, la empresa adjudicataria, Tordel, subcontrató a otra empresa para realizar los trabajos por 2 millones de pesos, cuando el presupuesto era de más de 7 millones. Surge de la investigación que en la causa del Barrio Monterrey habría cierta conexidad en el modus operandi detectado en la anterior. Cita la ejecución de obras menores en la localidad de Derqui, financiadas por Nación, pero por monto superiores (145 millones).
En el ítem que se tomó con la referencia “Microcréditos”, se investiga el presunto desvío de fondos nacionales destinados a créditos blandos de hasta 24.000 pesos para familias de bajos recursos. En este caso, se habría comprobado la entrega irregular de, por lo menos, 8.000 beneficios. El juez investiga por qué no llegaron a sus verdaderos destinatarios.
En la indagatoria, Ducoté no pudo argumentar en forma convincente sobre el otorgamiento del 90% de esos microcréditos en los últimos tres meses de su gestión, en el último tramo de campaña electoral.
Aunque esa verificación fue gravosa para la situación procesal del ex intendente, fueron las declaraciones de algunos de sus colaboradores las que terminaron de precipitar una conclusión sobre sus actos. Entre ellas las del ex secretario de Obras Públicas, quien -según el testimonio– ya había prevenido al ex alcalde sobre el riesgo de determinadas maniobras.
“Todo lo hablé y se lo advertí” pero “era él quien tomaba la determinación de qué obra se hacía y cuál no”, fue la declaración del ex secretario.
En el caso de Federico Leonhardt, su declaración fue desde España, donde reside y asumió ser el responsable operativo del programa de entrega de 8.000 microcréditos de hasta 24.000 pesos. La presunción que fueron destinados con fines electorales, pero la Justicia investiga la ilegalidad del manejo antes que la subsidiariedad del destino.
Fuente Clarin
