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Tras la exposición de la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, los diputados y senadores del Frente de Todos impusieron su mayoría para aprobar en la bicameral de DNU el decreto que modifica la Ley de Vacunas. Juntos por el Cambio -que rechazó la metodología de cambiar la norma por decreto y pidió que el proyecto se modifique en una sesión esta semana- no acompañó.
Ahora el DNU debe ser ratificado con la votación en el recinto de alguna de las dos Cámaras.
El debate en comisión estuvo atravesado por las acusaciones y sospechas en torno a la negociación con Pfizer -que empezó hace casi un año atrás- y por el rechazo opositor a la metodología elegida por el oficialismo de modificar la ley por decreto.
El oficialismo, por su parte, acusó a la oposición de estar “en campaña” y buscarle “el pelo a la sopa”.
“Nuestra Constitución le prohíbe al Ejecutivo dictar normas con contenido legislativo. Nada justifica la emisión de un decreto por parte del Presidente” sentenció el diputado del PRO, Pablo Tonelli y señaló que “el Gobierno es el responsable de la demora”.
“Poco tiempo después de sancionada la ley, algunas laboratorios hicieron saber la objeción del artículo con la palabra ‘negligencia’. Desde ese mismo momento en Juntos por el Cambio se puso a disposición y ofreció modificar la ley. Lo hicimos de manera pública en un comunicado de marzo y el Gobierno se negó. El último episodio ocurrió el jueves pasado cuando solicitamos un apartamiento de reglamento para tratar la ley y dijeron que no”, agregó Tonelli.
La legisladora del FdT, Carolina Gaillard, retrucó: “La Constitución sí permite el decreto. Nadie puede dudar de la necesidad y urgencia en medio de una pandemia. Acá la urgencia es la de conseguir vacunas pediátricas que fueron aprobadas hace tan solo un mes, por eso no se trató antes la modificación de la ley de vacunas”.
Juntos por el Cambio también manifestó su temor de que las regalías de provincias petroleras queden sujetas a la ejecución judicial en caso de incumplimiento argentino, aunque Vilma Ibarra negó que puedan ser afectadas.
Fueron meses de negociaciones y discusiones públicas que llevaron al Gobierno a finalmente cambiar la Ley. La presión opositora que la semana pasada obligó al bloque oficial a bloquear el tratamiento de la Ley en el recinto, aceleró los tiempos.
Lo cierto es que Pfizer fue uno de los primeros laboratorios con los que Argentina negoció al inicio de la pandemia. De hecho, el país participó con miles de voluntarios en las pruebas para el desarrollo de la vacuna. Por eso fue tan llamativo que después no se haya podido alcanzar un acuerdo con ese laboratorio.
Ya el ex ministro Ginés González García había señalado que el laboratorio directamente no quería que estuviera la palabra “negligencia” en la ley. “Era un atolladero porque no podíamos cambiar la ley. Lamentablemente, Pfizer para el Gobierno argentino se portó muy mal” había asegurado en una exposición frente a Diputados el año pasado.
Eso derivó en discusiones sobre quién incorporó ese término en el texto, que no estaba en la versión original del proyecto enviado por el Ejecutivo. La oposición no tardó en señalar que había sido una propuesta de la diputada del Frente de Todos, Cecilia Moreau, quien luego defendió la decisión.
Pero esa palabra, aclararon en el oficialismo, no era el único impedimento. El ministerio de salud también habló de inconvenientes “con los criterios de aceptación de garantía y contragarantía”.
El propio presidente Alberto Fernández llegó a decir que no se compraron vacunas de Pzifer porque el laboratorio lo ponía “en una situación muy violenta de exigencias y comprometía al país”.
Eso obligó al gerente general de Pfizer Argentina, Nicolás Vaquer, a aclarar en Diputados que la empresa no tuvo “ningún interés en intervenir con bienes del Estado”, y negar que el Gobierno argentino haya pedido “pagos indebidos o exigencias de intermediarios”.
En ese momento sí ratificó que la Ley de Vacunas no era “compatible con aspectos contractuales” y que había una mesa de negociación abierta con el Ejecutivo por ese tema.
Juntos por el Cambio jugó rápido y presentó un proyecto encabezado por la diputada del PRO y vicepresidenta de la comisión de Salud, Carmen Polledo e insistió con su tratamiento. La última vez, el jueves pasado.
Fuente Clarin
