La causa por el pacto con Irán subió esta semana de voltaje cuando el fiscal Raúl Pleé pidió este jueves revocar la resolución que sacó la decisión sobre la recusación de los jueces del Tribunal Oral Federal 8 (TOF 8) de una sala a otra de la Cámara Federal de Casación Penal.
Se trata de la causa que más le interesa ahora a la vicepresidenta Cristina Kirchner anular por las repercusiones internacionales que tendría un juicio oral. Los operadores judiciales quieren intentar cerrar el caso antes de las elecciones legislativas de noviembre.
La ex presidenta está procesada por estorbo de un acto funcional, abuso de autoridad y encubrimiento agravado del atentado a la AMIA porque el pacto permitió flexibilizar las alertas rojas de Interpol que pesan sobre cinco iraníes. El ataque de 1994 a la mutual judía produjo la muerte de 85 personas y decenas de heridos.
Las querellas de familiares de víctimas y la DAIA había pedido que se aparten del juicio los miembros del TOF 8 Gabriela López Iñiguez y los jueces Daniel Obligado y José Michilini porque concedieron una inédita audiencia pública a Cristina Kirchner, previa al proceso. Esta audiencia no está contemplada por el código procesal, no por los usos y costumbres.
La recusación debía resolverla la sala IV, compuesta por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carvajo y Roberto Hornos, que tienen la denuncia abierta por la denuncia del ex fiscal Alberto Nisman desde hace tres años .
Pero la vicepresidenta Cristina Kirchner, procesada en el caso, había criticado a Borinsky y Hornos por haberse reunido en la residencia de Olivos con el ex presidente Mauricio Macri y luego se plegaron sus operadores judiciales y mediáticos, incluso presentaron una denuncia penal los camaristas.
Entonces, Carvajo decidió pasarla a la sala IV que integran Daniel Petrone, Angela Ledesma y Diego Barroetaveña aunque todavía no se decidió se esas reuniones con Macri constituyeron un delito o una falta que suponga la pérdida de la imparcialidad. La sala IV es la misma sala que hace unos meses anuló la causa Dólar Futuro por tratarse de “una cuestión política no judiciable”, luego de una audiencia pública en que la ex presidenta maltrató a jueces y fiscales.
Entonces, Pleé recordó que la competencia de las salas ya se había resuelto el 22 de febrero de 2018, en el marco del legajo CFP 14305/2015/40, caratulado “Timerman, Héctor y otros s/recurso de casación” ante un reclamo de Alejandro Rúa, abogado defensor del ex canciller.
Además, con fecha 11 de abril de 2018, esa Sala declaró inadmisible el recurso extraordinario deducido respecto de dicha resolución y finalmente, el 12 de noviembre de 2019, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró abstracta la queja promovida por el imputado Timerman, a raíz de su fallecimiento.
“Por consiguiente, entiendo que vuestras excelencias deben dejar sin efecto la remisión a la Sala I de esta Cámara; ello así, en salvaguarda de los principios de economía procesal, debido proceso y cosa juzgada, así como de la garantía del juez natural, que también amparan al Ministerio Público Fiscal (cfr. art. 18 C.N.)”.
Mientras tanto, el camarista Petrone puso a disposición de las partes su inhibitoria por reuniones formales que mantuvo con el viceministro de Justicia y ex director de la AFI, Juan Martín Mena, otro de los procesados. Fuentes judiciales adelantaron que las querellas “no pedirán sacar a Petrone” por el solo hecho de reunirse con un funcionario.
Entonces, no hay decisión firme sobre qué sala resolverá la recusación a los miembros del TOF 8. Incluso, el tema podría llegar hasta la Corte. Así podría trabarse la resolución sobre la nulidad por varias semanas.
La jueza María Gabriela López Iñiguez y los jueces Daniel Obligado y José Michilini, del TOF8, rechazaron la semana pasada apartarse del caso como habían reclamado las querellas de familiares de víctimas y la DAIA.
El miércoles el TOF 8 hizo una para tratar un planteo de recusación del fiscal ante esa instancia, Marcelo Colombo, planteado por las querellas porque apoyó la audiencia para Cristina. El fiscal se negó a apartarse y ahora debe decidir ese tribunal.
Una vez resueltos todos estos recursos se fijará fecha para una audiencia oral y pública pedida por la defensa de la vicepresidenta y otros procesados con el fin de escuchar argumentos de manera previa a decidir si se declara la nulidad de todo lo actuado.
Cristina quiere anular la causa desde que la sala IV de Casación dispuso reabrir la investigación, originada en una denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, en base a las visitas de los jueces con Macri.
La defensa de la vicepresidenta fue un cuestionamiento por no haberse citado como testigo en la causa a Ronald Noble, el extitular de Interpol desmintió a medios K las versiones acerca de un pedido de hacer caer las alertas rojas contra cinco exfuncionarios iraníes acusados de ser los autores intelectuales del atentado a la AMIA de 1994.
Pero en un anexo de la causa Noble está aún imputado y para las querellas debería declarar pero como acusado.
Fuente Clarin
