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Un listado de 385 personas vacunadas en el Hospital Posadas en el que, por ejemplo, Alberto Fernández figuraba como personal de salud, comenzó a ser analizado por la jueza María Eugenia Capuchetti. Se trata de la información aportada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que concluyó que esas inoculaciones fueron irregulares. El ministerio de Salud dijo que fue un “error de interpretación de la PIA”. Sin embargo, se inició un legajo de investigación y se pidió al área de Asuntos Jurídicos que elabore un informe y explique en carácter de qué fueron vacunadas esas personas.
Con el archivo parcial del expediente sobre los “vacunados VIP” respecto de las 70 personas vacunadas entre el 29 de diciembre y 20 de febrero con Sputnik V, la jueza Capuchetti ordenó la apertura de un legajo de investigación sobre las personas que se vacunaron en el Hospital Posadas en esa misma ventana de tiempo.
La semana pasada, la magistrada sorprendió con una resolución en la que consideró que “no existe un tipo penal que criminalice la conducta de un funcionario público que otorgue tratos especiales”. Sin embargo, admitió que “sí se encuentra expresamente prevista en la Ley de Ética del Ejercicio de la Función Pública que explícitamente establece sanciones de orden administrativo”.
Entonces, sin considerar que hayan sido “vacunados vip”, la jueza del caso entendió que aplicarles la comisión de algún delito era una acción forzada, y que eso sería “una interpretación extensiva de los tipos penales y pasa groseramente por alto el carácter fragmentario y subsidiario del derecho penal, como así también el hecho claro, conciso y evidente de que las personas vacunadas se encontraban dentro del grupo considerado como prioritario”.
Es que si bien, para la justicia la conducta podría ser “moralmente reprochable” viniendo sobre todo de un funcionario que realiza una gestión para que personas allegadas “reciban un trato especial en la aplicación de la vacuna”, ello “encuentra un gran problema relacionado con la carga emocional con la que percibimos esos hechos”.
En el marco de ese análisis, decretó el archivo parcial respecto a esas 70 personas, que incluía a Carlos Zannini y su esposa, a Horacio Verbitsky, Eduardo y Chiche Duhalde, Hugo Moyano y parte de su familia, entre otros. En cambio, la magistrada decidió seguir investigando el listado proporcionado y analizado por la PIA que dirige el fiscal general, Sergio Rodríguez.
¿Qué había dicho la PIA? Que sólo 3.789 personas de las 4.372 que fueron vacunadas en el Posadas están catalogadas como “Personal de Salud” en NOMIVAC y pertenecen efectivamente a la planta del citado centro sanitario.
Por ese motivo, la Procuraduría sostuvo que las restantes 583 personas que se encuentran clasificadas como “Personal de Salud”, conforme la información aportada por el Hospital Posadas, “NO pertenecerían a la nómina de personas que prestan servicios allí”.
Respecto a esas 583 personas, la Procuraduría dijo: “existen 198 personas que se encuentran registrados en la base de datos del REFEPS, pero no prestarían servicios en el Hospital Posadas”.
Así, en total habría “385 personas que fueron clasificadas como ‘Personal de Salud’ que no prestarían servicios como ‘personal de salud’ en el Hospital Prof. Alejandro Posadas; y no se encontrarían registradas en la base de datos del REFEPS como ‘Personal de Salud'”.
Para clarificar ese escenario, Capuchetti firmó un oficio ya remitido al Ministerio de Salud, a través del cual se ordenó al área de Asuntos Jurídicos que confeccione un informe donde se explique si las personas incluidas en el listado de la PIA “forman parte del personal de salud”.
En caso de no estar registradas de ese modo, se requirió que el Ministerio que conduce Carla Vizzotti, explique “a qué población objetivo pertenecen en base a la resolución que establece las bases del plan de vacunación”.
Por tal motivo, se pidió un detalle de 315 personas -ya que se restan las 70 ya investigadas en el primer tramo del caso-, de su “condición de vacunación” y que todo lo informado “sea respaldado por la correspondiente documentación”.
No hay plazos para que Salud entregue la información, pero si en dos semanas no es entregado lo requerido el juzgado reiterará el pedido.
Vacunados VIP: el fiscal no apelará el archivo
Este jueves vencen los plazos para que se apele la decisión de la jueza Capuchetti respecto al archivo parcial firmado la semana pasada. Quien tiene competencia directa para interponer alguna objeción al respecto, es el fiscal Eduardo Taiano.
Según confirmaron fuentes judiciales a Clarín, el representante del Ministerio Público Fiscal no apelará la decisión de la magistrada, con lo cual ese archivo parcial que consideró que el comportamiento de varios funcionarios y dirigentes sólo podría objetarse desde el punto de vista moral quedará firme.
En consecuencia, quedarán abiertas tres líneas de investigación. La correspondiente al listado de los 385 vacunados en el Hospital Posadas, el lote de 60 vacunas que fueron enviadas al Hospital de El Calafate -donde se busca determinar si se trató de un envío irregular- y en tercer lugar las condiciones en las que fueron inoculados los padres de Carla Vizzotti el 18 de febrero, un día antes de que estalle el escándalo que le costó la renuncia a Ginés González García.
Fuente Clarín
