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La Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos del Parlasur, con el impulso de Jorge Vanossi y Cecilia Britto en representación de distintas fuerzas políticas, presentó la acusación formal que dispara el juicio político contra Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, el ex asesor de Mauricio Macri que se encuentra en Uruguay, tras lo cual solicitaron su inmediata expulsión del seno del Parlamento.
El diputado del Parlasur, ex asesor presidencial y ex director de YPF durante el Gobierno de Macri había pedido asilo político en el país vecino luego de que fuera denunciado por ser integrante de una supuestas asociación ilícita dedicada a presionar a los accionistas del Grupo Indalo, Fabián De Sousa y Cristóbal López, quienes así lo denunciaron ante la justicia.
En ese expediente también están imputados el propio Mauricio Macri; el ex jefe de asesores presidenciales, José María Torello, y el extitular de la AFIP, Alberto Abad.
Al declarar que no volverá al país y solicitar su condición de refugiado por motivos políticos, la jueza federal Servini de Cubría declaró a Rodríguez Simón en rebeldía, pidió su inmediata captura nacional e internacional y decretó la inhibición general de todos sus bienes y el congelamiento de sus cuentas bancarias.
Jorge Vanossi formalizó el pedido ante la comisión. Foto Alfredo Martinez
Los oradores denunciaron formalmente el comportamiento del parlamentario por “falta de decoro e inhabilidad moral” que impediría continuar representando a la República Argentina, como establece el artículo 30 del reglamento interno del cuerpo legislativo.
También expresaron su repudio por haber sido uno de los ideólogos del intento de disolución del Parlamento del Mercosur, su oposición sostenida a la integración regional, su tentativa de desprestigio y difamación de sus miembros.
Para finalizar, acordaron que ante esta situación corresponde una sanción política ejemplar del Pleno y subrayaron que la misma no puede ser otra que la destitución, decisión que deberá evaluar el pleno del Parlamento.
Rodríguez Simón había viajado a Uruguay en diciembre pasado cuando la jueza María Servini ya lo investigaba en esta causa por amenazas y extorsión. Meses después, en mayo de este año, le solicitó formalmente al Gobierno uruguayo ser acogido como refugiado político, tras denunciar que en la Argentina había una “persecución” en su contra.
La jueza Servini ya pidió la indagatoria de Rodríguez Simón y fue en ese momento, en mayo pasado, cuando el exasesor presidencial dejó en claro que no regresaría a Argentina y le pidió a Uruguay que lo considere como refugiado político, ante lo cual la magistrada lo declaró en rebeldía.
Según las normas uruguayas, la condición de refugiado político puede solicitarla quien pueda demostrar que existe riesgo de que lo maten si regresa a su país (en este caso Argentina) o si en su territorio de origen no existen garantías del debido proceso.
La justicia argentina también investiga a Rodríguez Simón en la causa sobre la llamada “mesa judicial” de Cambiemos, donde se analiza un mecanismo de extorsión al Poder Judicial para influir en distintos fallos judiciales.
Fuente Clarin
