Sin paritarias ni IFE, las 6 millones de personas en la informalidad siguen siendo las más afectadas por la falta de empleo y la inflación. En ese sector el “derrame” de la recuperación apenas se siente y crecen los reclamos. Por ello, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, analizarán este viernes medidas para la economía popular.
Será en el marco del foro virtual “Economía social, economía popular y creación de trabajo”, organizado por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. La primera edición fue en mayo pasado con la participación de Emilio Pérsico, secretario de Economía Social; los referentes de la UTEP Esteban Castro, Gildo Onorato y Dina Sanchez, y el empresario textil Teddy Karagozian, entre otros.
Guzmán y Kulfas ya vienen articulando con Arroyo líneas de acción para convertir los planes sociales en trabajo y avanzar en la inclusión financiera de los trabajadores informales. La idea ahora es masificar los créditos no bancarios, analizar los “problemas de la concentración” de la economía y establecer una “alianza” entre las pyme y la economía popular.
El Gobierno hoy financia personas y emprendimientos a través de la Comisión Nacional de Microcrédito, un organismo de Desarrollo Social. Son préstamos con una tasa anual de hasta el 3% por fuera del Banco Central a través de clubes, cooperativas, asociaciones, empresas recuperadas y municipios para comprar herramientas e insumos. Se evalúa ampliarlo a 4 millones de titulares.
Por otra parte, Economía encontró un universo potencial para direccionar recursos. Hoy hay 2,5 millones de personas que reciben la AUH, pero solo 400.000 usan los reintegros oficiales. Desde el 1 de julio, el Gobierno incrementó ese beneficio de $700 a $1.200 para las compras con tarjeta, QR y medios digitales realizadas por jubilados, titulares de AUH y de AUE.
“Gran parte es porque no tienen la tarjeta de débito o no saben utilizarla o tienden a usar el efectivo por distintos prejuicios y costumbres y cultura. Entonces, una de las cosas que queremos es fortalecer el uso de medios de pago digital y tarjetas porque formaliza los consumos, los convierte en sujetos de crédito y les da otro acceso a servicios financieros”, explican en Economía.
La otra pata es que las cooperativas, huertas comunitarias y emprendimientos usen los posnet o reciban medios de pago digital. Así, cuando la Tarjeta Alimentar se paga, van a poder canalizar esos consumos de alimentos y bebidas en comercios barriales y mercados populares. Hoy, la mayoría de esas transferencias de entre $6.000 y $12.000 se concentran en supermercados.
El plan financiero deberá sortear las críticas en algunas organizaciones oficialistas. En mayo, el líder del MTE y el Frente Patria Grande, Juan Grabois, comparó ese beneficio con “una forma moderna y bancarizada de las damas de caridad“. Su cuestionamiento apuntó a las comisiones que cobran las tarjetas por el uso de los posnet o Mercado Libre, mediante su sistema de pago digital.
“Una cosa es ampliar los derechos, otra es dar limosna. La Tarjeta Alimentar tiene un sesgo gorila“, disparó. Si bien Grabois representa el ala dura dentro de la UTEP, los dirigentes más dialoguistas también presionan para reemplazar los planes por trabajo y formalizarlos. Arroyo y Sergio Massa plantearon en los últimos días la necesidad de que haya una contraprestación.
En el último foro, los movimientos pidieron ampliar el monotributo social desde 370.000 trabajadores informales a 1 millón de personas y duplicar el monto de facturación de dicho régimen para ampliar la cobertura por obra social, que hoy es de $1.400 per cápita. Tanto esos reclamos como los créditos implican un mayor nivel de gasto y dependen del visto bueno de Guzmán.
Fuente Clarin
