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El hurto de casi un kilo de clorhidrato de cocaína de la División Toxicomanía de la Policía de Misiones en Oberá está muy cerca de terminar en leves condenas para los cinco policías que están bajo sospecha de la Justicia Federal.
A once meses del hecho, no se pudo probar quiénes fueron los responsables de la sustracción y el juez federal Alejandro Gallandat Luzuriaga optó por procesarlos por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
El expediente es analizado ahora por la Cámara Federal de Apelaciones. Es que la fiscal Viviana Vallejos apeló la decisión de Gallandat Luzuriaga porque considera que todos los policías deberían ser procesados por infracción a la Ley de Estupefacientes, más allá de que no se haya probado quién se llevó el “ladrillo” de cocaína.
En definitiva, que había una corresponsabilidad por la desaparición de la droga que estaba bajo su custodia en un depósito.
El caso se conoció el 11 de agosto del año pasado cuando al jefe de los agentes antidrogas de Oberá le llegó el rumor de la sustracción de parte de la droga que estaba guardada en un depósito, en el mismo edificio donde funciona la seccional tercera.
Después de un estricto control, se estableció que sólo faltaba un “ladrillo” de clorhidrato de cocaína de máxima pureza.
La llave del depósito era responsabilidad del jefe y su segundo, pero ante la Justicia admitieron que solía quedar en la oficina y cualquier integrante de Toxicomanía podía acceder a ella.
El lugar tampoco contaba con custodia permanente ni cámaras de seguridad que registraran los movimientos.
Dilaciones sospechosas
La Jefatura de Policía inició un sumario interno y dio intervención a la Justicia Federal, pero demoró varios días en pasar a disponibilidad a los cinco policías que integraban la División. Uno de los sospechosos incluso participó de algunas pesquisas que se hicieron.
El juez federal de Oberá llamó a indagatoria a doce personas, allanó la vivienda de un adicto y supuesto “dealer”, familiar de uno de los policías, pero no halló la droga sustraída ni otros indicios que lo vincularan con el hurto. La mayoría fue desligada del caso.
A casi un año del hecho sólo está claro que el o las personas que se llevaron el “ladrillo” de cocaína utilizaron las llaves del depósito y sabían de la inexistencia de medidas de seguridad en el sector donde se guardaba la droga secuestrada.
La Policía ya pasó a disponibilidad a cuatro de los cinco policías de la División que fueron procesados por Gallandat Luzuriaga el 8 de marzo pasado. El magistrado también les fijó un embargo de 250 mil pesos a cada uno.
En su resolución, el juez señaló que “estaba a cargo de los agentes de la División de Toxicomanía la conservación y mantenimiento de los elementos confiados a su custodia, lo que conllevaba adoptar las medidas necesarias para su seguridad y evitar su sustracción o destrucción, como parte del cumplimiento de sus funciones”.
Además, sostuvo que en la investigación se detectaron “numerosos incumplimientos y fallas en la seguridad del depósito”, además de “ausencia de una guardia o control constante” en el lugar.
“Los policías incumplieron las disposiciones legales propias de sus funciones, inclusive dieron directivas que alivianaron el control de entrada al depósito de la Seccional, y que el accionar de los involucrados produjo un perjuicio a la fuerza y a los bienes del Estado, dando lugar no sólo a la extracción de la droga, sino que además colaboró con su posible impunidad”.
Desde el Juzgado Federal dijeron que, si la Cámara Federal de Posadas confirma los procesamientos, el expediente estaría en condiciones de ser elevado a juicio antes de fin de año.
En caso de ser hallados culpables, los policías recibirían penas de entre uno y cuatro años de cárcel. Muy lejos de los seis a 18 años que le corresponderían por el hurto de la droga.
EMJ
Fuente Clarin
