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Entre los allegados al artista Luis Manuel Otero Alcántara, uno de los fundadores del Movimiento San Isidro, ya se tiene la certeza de que quedó detenido en la cárcel de Villa Marista el mismo 11 de julio, cuando se dirigía a unirse a las protestas masivas de La Habana. Según indicó a Clarín Laritza Diversent, directora de Cubalex, al performer hoy se le notificó que enfrentará cargos de desacato, resistencia y agresión. Esta noche se lo trasladará a la prisión de Vivac y desde allí al complejo de Guanajay, una cárcel de máxima seguridad situada a 45 kilómetros de la capital. El artista se sumó a la protesta una vez comenzadas el domingo, posteando en sus redes: “Todo el mundo para la calle. Yo me voy para el Malecón, me cueste lo que me cueste. Ya está bueno de presos políticos, queremos democracia.”
Las principales ONGs vinculadas a la libertad de expresión en Cuba buscan precisar el paradero de cientos de ciudadanos presos que no pueden contactar a sus familiares. La ONG Cubalex contabilizaba 382 presos, de los cuales solo unos 30 fueron liberados desde anoche. Hoy Human Rights Watch estimó en 400 los presos políticos al día de hoy, tras las protestas.
Ayer la ONU exigió a Cuba la búsqueda de 187 personas objeto de desaparición forzada, la identificación de los perpetradores y la plena participación con los familiares afectados, tras la denuncia de la Ong Prisoner defenders, con sede en España, sobre el black out informativo que rodea a los detenidos en las protestas. La cuestión es que tras el domingo, las fuerzas cubanas continuaron con las detenciones empleando los mismos posteos e imágenes de celulares para identificar a quienes se movilizaron en las ciudades. Según distintas fuentes, antes de comenzar las protestas ya había unos 150 presos políticos en Cuba, a los que se suma la lista de encausados en las últimas semanas. Una razzia más o menos discreta de opositores siguió en estos meses obedeciendo a las directivas explícitas de Raúl Castro y otras autoridades del último Congreso del Partido Comunista, celebrado en abril, alertadas del creciente clima de rechazo social y malestar.
Cuentan varios militantes de estas ONGS que hasta mayo, la policía procedía con detenciones de corta duración e interrogatorios pero en el último mes aumentaron dramáticamente los encarcelamientos y medidas de hostigamiento, incluso a través de advertencias a los familiares fuera del país, buscando fomentar la presión en los activistas residentes en la isla. Algunas ONGs, entre ellas Cubalex, han sistematizado los casos; muchos de ellos fueron presos en los últimos días, tras visitas de la policía a medianoche o a la madrugada, procedimiento que en nuestro país evoca los peores métodos de la represión.
La directora de Cubalex, quien salió de Cuba en mayo de 2017, concluye: “Estamos llevando un listado sobre todo de quienes permanecen en situación de desaparición forzada. De hecho, las madres y hermanos siguen hasta hoy buscándolos por las comisarías pero la policía se niega a dar información sobre los traslados”. Según Diversent, los cargos que se les imputan son incitación a los atentados y a delinquir y agresiones a la policía. Todas las voces coinciden en que debido a la pandemia, la presencia militar y sobre todo de los Boinas Rojas aumentó mucho en las calles para controlar el toque de queda. Y observan que en Cuba hay dos instituciones que ejercen el uso armado, el Ministerio del Interior, con la policía y otras ramas, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
Otros sectores de la incipiente sociedad civil en la isla evalúan ahora avanzar con una campaña dirigida a los jueces y fiscales que deberán procesar los cargos de agresión, desacato e incitación a la violencia que el Estado elevará contra un número cuantioso de manifestantes.
Fuente Clarin
