Argentina
España
USA
Israel
Un verdadero laberinto judicial involucra al Gobierno y a una de las empresas concesionarias del Puerto de Buenos Aires, a raíz de la disputa por el contrato para operar en la Terminal 5. Se trata de una decisión del Estado que, sin recurrir a una licitación, dejó afuera de un negocio que factura U$S 75 millones anuales a un holding internacional que viene trabajando en ese muelle desde 1994, cuando se privatizó el Puerto.
El 30 de abril, sin recurrir a una licitación y por instrucción del Ministerio de Transporte, la Administración General de Puertos (AGP) decidió mediante dos addendas prorrogar hasta 2024 los contratos de cuatro de las cinco terminales que operan dos empresas. Y absorbió a una de ellas la número 5, donde funcionaba la empresa Bactssa, cuyo contrato expiró en mayo, pero que se mantiene en el lugar a partir de una cautelar favorable que recibió en la Justicia.
El viernes culminó el plazo que había establecido la Justicia para que la Aduana le permitiera funcionar con normalidad a Bactssa, que en mayo obtuvo un amparo en el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal para poder seguir trabajando allí hasta noviembre.
Sin embargo, en los hechos, y más allá de haber los millonarios canones mensuales que pagó, no lo pudo hacer. Según le dijeron a Clarín fuentes de la compañía, la pérdida por todo concepto por no poder operar equivale a US$ 5 millones por mes.
La empresa tiene 1.000 empleados, factura anualmente US$ 75 millones y mueve por año 220.000 contenedores TEU, lo que representa el 25% del movimiento de todo el Puerto de Buenos Aires. Además, la situación genera una fuerte congestión en toda la zona portuaria.
El origen de la controversia
El conflicto tomó forma definitiva el 15 de mayo, después de que la AGP decidiera de manera unilateral no continuar con el vínculo que tenía vigente hasta ese momento con Bactssa, la empresa que controla el holding asiático Hutchinson Ports y que tiene a su cargo la concesión de la Terminal 5 del Puerto.
AGP, dependiente del Ministerio de Transporte, se presentó ese día con su gerente general y escribanos en el predio en pos de desalojar a la firma del Puerto, pero el personal de Bactssa presente lo evitó. El interventor de la AGP, cabe recordar, es José Beni, el dirigente del Instituto Patria que tendrá a cargo la gestión de la Hidrovía, un negocio de US$ 300 millones anuales.
El interventor de la Administración General de Puertos, José Beni.
Dos días antes, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal había revocado una sentencia de primera instancia y ordenado a AGP la suspensión de “la celebración del inventario y constatación del estado de obras” y que “se abstenga de imponer a Bactssa cualquier medida y/o sanción estipulada en el contrato de concesión”.
Tras el cambio de Gobierno y la anulación de la licitación que había inciado el macrismo, en abril de 2020, el Ministerio de Transporte que entonces encabezaba el fallecido Mario Meoni tomó una decisión que motivó el conflicto entre las principales operadoras del Puerto.
Extendió por dos años más la concesión a los jugadores que venían trabajando en las otras cuatro terminales. La 1, la 2 y la 3, a cargo de TRP, de Dubai Ports World, una firma de los Emiratos asociada a nivel local con el empresario Alfredo Román, y la 4, que opera APM, adjudicataria de ese muelle que pertenece a la naviera danesa Maersk.
Sin una definición sobre la prórroga de la concesión de la Terminal 5, en septiembre del año pasado Bactssa fue a la Justicia, ya que su contrato, varias extensiones previas mediantes, finalizaba en mayo de 2021 y por entender que tenía que negociar en las mismas condiciones que las otras empresas.
Dos fallos y dos addendas polémicas
En primera instancia, el juez en lo contencioso administrativo Enrique López Regueira negó ese reclamo, por lo que dejó a Bactssa expuesto a un fin de contrato casi inminente que Transporte había decidido para mayo.
Incluso, 15 días antes del fin del contrato, el 30 de abril, AGP, con la instrucción del Ministerio de Transporte, firmó dos addendas en las que prorrogó, sin convocatoria a licitación y argumentando la emergencia pública por la pandemia de Covid-19, los contratos de las terminales 1,2,3, por un lado, y de la 4, por el otro, hasta 2024. La decisión del organismo que depende del Ministerio de Transporte se tomó siete días después de la muerte de Meoni y sólo tres antes de que asumiera al frente del ministerio Alexis Guerrera.
La Terminal 5 estaba a cargo de Bactssa. El Estado lo quiere remover.
En la última de ellas agregó que a raíz del inminente fin del vínculo contractual con Bactssa, iba a notificar a la Dirección General de Aduanas para que “proceda a realizar en forma inmediata todos los procedimientos que resulten necesarios para habilitar la operación de la superficie que por la presente se incorpora a la concesión de Terminal 4 S.A.”. Así, hasta 2024 la Terminal 5 pasaba a poder de APM (Maersk), que sumaba una nueva terminal, mientras las tres restantes seguían siendo controladas por TRP, de Dubai Ports.
Previamente, pero especialmente a partir de esa decisión de que toda su operación fuera absorbida, la compañía que responde a nivel mundial a Hutchisson Ports decidió reflotar su reclamo en la Justicia, apeló ante la Cámara del fuero y, sobre la hora, consiguió un amparo que le permite seguir funcionando por al menos seis meses más.
Según el fallo judicial, incluso, podría hacerlo hasta que se resuelva el fondo del reclamo, vinculado a la igualdad de condiciones que, alegaron los abogados de Bactssa, debía tener la empresa respecto a los otros operadores portuarios. La expectativa de la empresa es que en noviembre se pueda renovar por seis meses ese plazo.
El fallo de la Sala IV de la Justicia en lo Contencioso Administrativo, favorable para la empresa.
Un limbo que ya lleva dos meses
No obstante, en estos dos meses desde que salió la cautelar favorable a Bactssa, la empresa denuncia que no está pudiendo trabajar en la Terminal 5 por no contar con la aprobación de la Aduana.
El jueves 8 de julio, frente al reclamo para poder seguir operando que hizo Bactssa, la justicia en lo Contencioso Administrativo Federal intimó a la AFIP, a la Aduana, a la Prefectura y a la Administración de Puertos para que en un plazo de cinco días hábiles de “cumplimiento a la medida cautelar dispuesta por la Sala IV de la Cámara de Apelaciones” y “no se modifique el estado actual de las cosas a su respecto existente a ese momento”.
Este viernes se cumplió ese plazo. Desde Bactssa aseguran que establecieron diálogos con la Aduana y que les argumentaron que estaban trabajando en la habilitación, pero que al término de esa jornada, no se había habilitado a la empresa a poder trabajar en la Terminal 5.
La compañía asegura en su reclamo judicial que AGPSE le siguió cobrando lo cánones para operar en estos dos meses en los que no pudieron funcionar. En junio, por ejemplo, según un documento al que accedió Clarín la tasa mensual de $ 20,5 millones.
Sumados otros gastos de habilitación, los montos para que la empresa pudiera trabajar treparon el mes pasado por encima de los $ 22 millones, aun sin poder operar con normalidad como lo hizo hasta mayo. Por todo concepto, sumando sueldos, impuestos y demás gastos portuarios, sin funcionar pierde alrededor de US$ 5 millones por mes.
Fuente Clarin
