Después de que el fiscal Claudio Navas Rial impulsó el viernes la denuncia del gobierno por el supuesto contrabando agravado de material antidisturbios a Bolivia días después de la salida forzada del poder de Evo Morales, en noviembre del 2019, el juez Javier López Biscayart decidió habilitar la feria judicial, para avanzar con el expediente y ordenó una serie de medidas.
Los ministros de Justicia y Seguridad, Martín Soria y Sabina Frederic, y la titular del a AFIP, Mercedes Marcó del Pont, denunciaron a Mauricio Macri y los ex ministros Patricia Bullrich, Jorge Faurie y Oscar Aguad, y un puñado de ex funcionarios por “contrabando agravado” por el “envío irregular de armamento y municiones” a aquel país “a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declarados en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero”.
Mauricio Macri negó haber enviado munición “letal” a Bolivia para reprimir las protestas sociales que se dieron en el país andino en noviembre de 2019. Foto EFE.
El caso quedó en el juzgado a cargo del juez en lo Penal y Económico López Biscayart e intervino el fiscal Navas Rial, quien el viernes pasado firmó el requerimiento de instrucción con el que abrió la investigación. Junto con el planteo, solicitó que se habilite la feria judicial para continuar con el caso.
El dictamen del fiscal pidió “investigar a ex director de la Gendarmería, Gerardo Otero; a Rubén Yavorski, ex comandante mayor Director de Logística de la Gendarmería, y Carlos Miguel Recalde, ex director de la Dirección de Operaciones de la Gendarmería que habrían intervenido en distintas partes del proceso como justificar el presunto desvío de su destino”.
La persona que habría autorizado el grupo de traslado, sostiene el dictamen, fue la ex ministra Patricia Bullrich, y la provisión del avión que transportó el equipo humano inmaterial fue Oscar Aguad. En tanto, el fiscal menciona que el ex embajador de Bolivia “habría recibido una carta que agradece la dotación del material cuestionado”.
Entiendo -continuó señalando- que dentro del esquema esgrimido por los denunciantes “los hechos habrían contado con algún nivel de conocimiento de quien ejercía el cargo de presidente de la Nación y comandante de las Fuerzas Armadas”. El texto no especifica si Mauricio Macri está acusado o no por la supuesta maniobra que desde ahora será investigada.
Según pudo saber Clarín, al habilitar la feria y dar impulso a la investigación, el juez López Biscayart ordenó que se aporte el original de la carta supuestamente recibida en la Embajada Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia del 15 de noviembre de 2019.
También se requirió un informe, con el respaldo documental, para saber “si en la Embajada Argentina en Bolivia, durante noviembre de 2019, se registró el ingreso informático de un sobre cerrado proveniente de la Fuerza Aérea Boliviana destinado al entonces embajador Dr. Normando Álvarez García, e informe si ello quedó asentado en el sistema interno de archivo de la Embajada”.
La carta que mostraron las autoridades bolivianas para denunciar la colaboración de Mauricio Macri en la destitución de Evo Morales.
También que con respaldo documental, el juez pidió que se informe “si hubo requerimientos de seguridad o protección por parte de las autoridades de la Embajada Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia durante el año 2019″.
Entre otras medidas, al responsable de Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina se le pidió “las constancias relativas a la autorización de salida del avión Hércules C-130, el 12 de noviembre del 2019, los registros fílmicos correspondientes a ese día y en los que se pueda observar el momento de la carga de la aeronave. Los datos del personal encargado de la carga y descarga del avión”.
El gobierno de Alberto Fernández sostiene que la anterior gestión cometió un acto de “gravedad institucional” que podría encuadrarse además en los delitos de “abuso de autoridad” y “malversación de caudales públicos”.
Según la denuncia, hay inconsistencias entre lo declarado y lo recepcionado en las primeras semanas de noviembre del 2019, transportado en un avión Hércules que salió del aeropuerto de El Palomar con un grupo de once efectivos del grupo especial Alacrán de la Gendarmería.
Fuente Clarin
