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Por Pablo Portaluppi
Aunque poco se informa al respecto, continúan las audiencias en el juicio oral de la causa “Vialidad”, donde la principal imputada es la Vicepresidenta Cristina Kirchner. De hecho, es el único caso en el que está involucrada la ex mandataria que se encuentra en esa etapa.
Conocida popularmente como “Vialidad”, se trata del expediente 5048/2016, cuya instrucción corrió a cargo del Juez Julián Ercolini, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 10 de Comodoro Py. El magistrado procesó a la mujer fuerte del actual Gobierno como jefa de una asociación ilícita el 27 de diciembre del año 2016 a través de un escrito de casi 800 páginas. También dictó los procesamientos del ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de Vialidad Nelson Periotti, el presunto testaferro kirchnerista Lázaro Báez, y Carlos Santiago Kirchner, primo del ex presidente y ex funcionario de Planificación, entre otros 13 imputados.
El proceso se inició “por haberse detectado en materia de obra pública vial un plan diseñado en Santa Cruz para el manejo fraudulento de fondos del Estado en favor de las empresas de Lázaro Báez las que resultaran adjudicatarias de casi la totalidad de las obras viales licitadas en dicha provincia entre los años 2003 y 2015”. Sobre un total de 88 obras llevadas a cabo en la provincia de los Kirchner, 52 se contrataron con empresas relacionadas con Báez. De los autos de procesamientos dictados por el Juez Ercolini, se desprende que el presunto plan delictivo comenzó en el gobierno de Néstor Kirchner, cuyo Jefe de Gabinete fue en su totalidad el actual Presidente Alberto Fernández.
La importancia de las investigaciones radica en el hecho de que las mismas conectan con el expediente de las facturas truchas que tramita en Bahía Blanca, donde también está procesado Lázaro Báez, el cual se trataría de uno de los delitos precedentes de la causa “Vialidad”. En dicha ciudad está radicada la causa 10451/2014 donde se investiga una significativa emisión de documentos apócrifos por parte de un conglomerado de empresas bahienses (Constructora Patagónica S.A., Grupo Penta&Cia. S.A., Calvento S.A. Valle Mitre S.A) de reconocidas familias de Bahía para beneficiar a Austral Construcciones S.A., propiedad del empresario patagónico. Esta maniobra ilícita le permitió al presunto testaferro de los Kirchner, no sólo perjudicar al fisco al reducir notoriamente los impuestos, sino más que nada “a resguardar o encubrir sobreprecios de la obra pública, volcándose ese altísimo circulante a operaciones de lavado de dinero”.
También la pesquisa de Bahía se vincula con la causa “La ruta del dinero K”, por la cual el pasado 24 de febrero el TOF 4 condenó a Lázaro Báez a 12 años de prisión por el delito de lavado de dinero. Allí se acusó al contratista de haber lavado 60 millones de dólares entre 2010 y 2013. Y se afirmó así que el dinero volcado a las maniobras de blanqueo, provino de la obra pública vial y los delitos tributarios, como delito precedente.
Para graficar la importancia del expediente tramitado en Bahía, en las 3067 páginas de los fundamentos de aquella sentencia, se menciona 13 veces dicha causa. “Lo fundamental que quede claro es que el TOF consideró Ficcadenti (N. de la R.: Así se lo conoce al caso de las facturas truchas) como una de las fuentes que permitió acreditar con certeza la proveniencia ilícita de los fondos objeto de esas maniobras”, afirma una alta fuente judicial bahiense. Y agrega que “también destaca las vinculaciones que se hizo en el procesamiento de Ficcadenti entre esa causa y las de Vialidad y la Ruta del Dinero K, y la explicación sobre circuito de la generación de fondos mediante sobreprecios, las facturas truchas y su extracción del circuito contable”.
Dijeron al respecto los jueces del TOF que condenó a Báez en la sentencia publicada el 26 de abril: “Específicamente, el Sr. Juez Instructor, Dr. Walter López Da Silva, dictó el procesamiento de Lázaro Antonio Báez, por considerarlo autor materialmente responsable del delito de asociación ilícita en calidad de jefe. A su vez, procesó a Silvio Luis Ficcadenti, José Antonio Ferreyra y Rogelio Alberto Chanquía, por considerarlos coautores materialmente responsables del delito de asociación ilícita en calidad de organizadores. También dictó el procesamiento de Martín Antonio Báez, Franco Ficcadenti, Enzo Ficcadenti, Denis Ariel Ferreyra, Franco Nicolás Ferreyra, Mario Sebastián Pedraza, Iván Fernando Pedraza y Néstor Manuel Piñeiro, por considerarlos coautores del delito de asociación ilícita en calidad de miembros”.
En un claro ejemplo de la vinculación existente entre los distintos expedientes, desde los primeros días del mes de junio, funcionarios de la DGI de la Dirección Regional Mar del Plata han declarado testimonialmente vía zoom en la causa Vialidad. “El motivo de tales declaraciones en sede judicial de los sabuesos marplatenses ha sido su trabajo en las reinspecciones que se originaron durante 2016 en relación a Austral Construcciones S.A. y otras sociedades del grupo, como Badial Construcciones, Valle Mitre, Don Francisco, La estación, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, Austral Agro, entre otras”, detalla un importante funcionario del organismo recaudador. Y agrega sin dudar: “El contenido de estas reinspecciones y sus informes finales ha sido prueba fundamental en la condena por lavado de activos de Lázaro Báez, Martín Báez y otros personajes relacionados con el grupo Austral”. Quienes prestaron declaración fueron Martín Casanovas, Pablo Legardón y Daniel Rojo.
Cabe recordar que el 9 de agosto de 2012, el entonces mandamás de la AFIP, Ricardo Echegaray, decidió, a través de la Disposición 299, rebajar de categoría a la Seccional Bahía Blanca de Dirección a Agencia, lo que implicó la cesantía de 49 agentes impositivos. La razón aducida fue un conflicto gremial, pero el motivo real fue que durante los años 2011 y 2012, sabuesos de la AFIP a cargo de Carlos Blanco habían detectado la maniobra de las facturas truchas. Las actuaciones obrantes pasaron a depender mayormente de Mar del Plata. Y en 2016, comenzaron las reinspecciones.
Quien comandó aquellas operaciones fiscales fue el CPN Eduardo Bellini, por entonces Jefe de Fiscalización e Investigación de la Regional marplatense. Bellini fue sospechosamente removido del cargo a través de la reciente Disposición 278 publicada en el Boletín Oficial el último 2 de julio. Otro funcionario que realizó los cargos de reinspección fue Juan Pablo Bruschetti, Supervisor del área. Bruschetti también fue desplazado. Dentro de la AFIP, Fiscalización e Investigación es un lugar clave, como su mismo nombre lo indica. Los reemplazos en esta área distan de ser apenas una decisión administrativa. “Son dos personas de carrera, intachables e impecables en su función”, aseguran las fuentes consultadas sobre Bellini y Bruschetti.
Las casi 30 nuevas designaciones habían sido anticipadas mediante un sorpresivo mail interno el 31 de mayo y fueron elevadas a la Subdirección General de Operaciones Impositivas del Interior para realizar la Disposición correspondiente. La misma establece que “la Dirección Regional Mar del Plata propone dar por finalizadas funciones y designar a diverso personal para desempeñarse en el cargo de Jefaturas Interinas, Supervisor Interino y Supervisora Interina”. Y no da mayores precisiones sobre las razones de los cambios.
Pero un importante funcionario de la AFIP Mar del Plata arroja un manto de dudas no sin razón: “El fallo de la Cámara se publicó a finales de abril, el mail del actual Director anunciando internamente los cambios de jefaturas es del 31/5, la declaración en la causa Vialidad de los funcionarios marplatenses de DGI comenzó el 9 de junio y la disposición de los cambios es del 2 de julio”. Para luego preguntarse: “¿Habrá sido un aviso encubierto previo a los funcionarios que debían declarar judicialmente?”.
El Director de la Regional Mar del Plata es Mariano Pérez Rojas, quien asumió sus funciones el pasado 13 de abril. Pero nadie duda que quien en verdad toma las decisiones es Horacio Curien, un hombre de estrecha confianza de Ricardo Echegaray. En el mail señalado, Pérez Rojas afirma que lo designará “Director Regional Adjunto”, un cargo que formalmente no existe.
El 13 de agosto de 2018, el Dr. Claudio Navas Rial, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico n° 9, formuló su Requerimiento de Elevación a Juicio en la causa a cargo del Juez Javier López Biscayart respecto de Lázaro Antonio Báez, Martín Antonio Báez, y otros, “en relación con la comisión del delito de evasión respecto de las obligaciones frente al Impuesto al Valor Agregado y a las Ganancias en el ejercicio 2010 de la contribuyente Austral Construcciones S.A. (ACSA), mediante la presentación de declaraciones juradas engañosas, en tanto omitieron exteriorizar operaciones gravadas y reflejaron compras inexistentes provenientes de la registración de facturas apócrifas emitidas por las firmas Constructora Patagónica S.A., Grupo Penta&Cia. S.A., Calvento S.A. y Vale Mitre S.A”, afirma la sentencia del TOF 4 que condenó al presunto testaferro de los Kirchner.
“En su dictamen“, prosiguen los jueces, el Fiscal expuso “que como resultado de la investigación desarrollada en dicho expediente, se advirtió que ACSA había registrado entre sus proveedores a las firmas Constructora Patagónica S.A., Grupo Penta&Cia. S.A., Calvento S.A. y Valle Mitre S.A., las cuales por las irregularidades que ostentaban, no permitían respaldar los conceptos documentados, teniendo las facturas, por el contrario, el destino de abultar los gastos y el crédito fiscal frente al organismo de control. Asimismo, el Fiscal destacó que se detectó la omisión de declarar ingresos gravados vinculados con acreditaciones bancarias sin justificación alguna, las que oportunamente depuradas, revelaron ingresos omitidos”.
El resultado de dichas reinspecciones, que serán desarrollados en el próximo capítulo de este informe, han sido realizados por los funcionarios marplatenses que fueron citados a declarar en la causa “Vialidad”, y cuyo jefe, sospechosamente, acaba de ser desplazado.
Fuente Periodico-tribuna
