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Por Hernán Cappiello
No puede salir del país, ni mudarse sin permiso; el juez dejó a salvo su opinión de que está en contra de esta medida por la gravedad del delito, pero el proceso lo obliga a otorgarla
La Justicia le concedió la libertad condicional al exvicepresidente Amado Boudou, quien se encuentra cumpliendo en arresto domiciliario su condena a 10 años y 5 meses de prisión por quedarse con el 75 por ciento de las acciones de la imprenta Ciccone, que fabrica papel moneda.
El juez Ricardo Basilico dispuso que la medida se haga efectiva desde el día de hoy, por haber hecho en prisión domiciliaria cursos de filosofía, organización de eventos y electricidad. Asimismo el magistrado ordenó comunicar a Boudou que debe residir en el lugar donde declaró, que para mudarse debe pedir autorización previa por escrito al tribunal, que no debe cometer nuevos delitos y someterse al control de la DECAEP, dependencia que hasta el momento realiza la supervisión del arresto domiciliario.
Cada dos meses ese organismo de control debe emitir informes y comunicar al juez si hay incumplimientos por parte de Boudou.
Se le prohíbe a Boudou salir del país sin autorización previa y por escrito de este Tribunal y por eso ordenó el juez que Dirección Nacional de Migraciones tome note de esta decisión.
El juez Basilico le pidió al jefe de la Delegación Avellaneda de la Policía Federal Argentina que una vez que reciba esta comunicación vaya a la casa de Boudou para notificarlo y labrar un acta que debe ser enviada al tribunal por correo electrónico.
Asimismo, se informará de esta decisión al “Programa de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica” para que de manera inmediata le retiren a Boudou su tobillera electrónica.
Además de la pena de cinco años y diez meses, Boudou fue condenado a pagar una multa de 90.000 pesos y tiene inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos.
El juez dejó a salvo en el considerando 9 de su decisión la opinión que tiene en contra de otorgar esta libertad condicional, pero dijo que en tanto hay un consentimiento del fiscal, no puede oponerse.
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Fuente La Nación
